Por José Jaime Ruiz
Jorge Romero tiene en Nuevo León una prueba bastante más importante que ganar o perder una candidatura: demostrar si su discurso de recuperar la identidad de Acción Nacional significa algo cuando llega la hora de repartir el poder. Elemental, mi querido Watson, ¿qué gana el PAN si entrega al PRI sus candidaturas más importantes? Adrián de la Garza conserva su militancia priista, pero habilitó la posibilidad de ser candidato panista a la gubernatura. Lorena de la Garza, también priista, aparece en la disputa por Monterrey. Si ambos terminaran encabezando esas posiciones mediante un acuerdo, el PRI pondría los nombres y el PAN aportaría siglas, militancia, estructura territorial y un voto construido durante décadas. La aritmética es cualitativa o no es, por eso Movimiento Ciudadano desprecia una alianza con el PRI.
Los electores no son propiedad de las dirigencias. Un panista no se transforma automáticamente en voto priista porque sus presidentes firmen un convenio. Tampoco una alianza entre partidos significa necesariamente una coalición entre electorados. Antes de repartir gubernatura, Monterrey y Congreso, las dirigencias deberían preguntarse cuántos votos conserva cada partido cuando compite con identidad propia.
Romero habla de reconstruir al PAN mientras en Nuevo León su partido abre la candidatura principal a un militante del PRI. La dirigencia nacional incluso ha advertido que Adrián deberá decidir llegado el momento en qué proceso participa. No existe todavía una alianza acordada. El problema no es satanizar las coaliciones, es saber quién aporta qué y quién termina pagando qué. Importar candidatos significa también importar sus controversias. Adrián carga con la discusión pública de Next Energy. El contrato energético de Monterrey contempló compromisos superiores a 7 mil 370 millones de pesos y Morena presentó ante la FGR una denuncia para investigar posibles irregularidades y un eventual daño patrimonial. Una denuncia no acredita responsabilidad penal, pero políticamente el expediente existe.
Lorena de la Garza tampoco llega sin antecedentes. En 2017, la Contraloría estatal anunció su inhabilitación por diez años y la restitución de 20 millones de pesos por el caso Fidecitrus. Ese episodio inevitablemente formará parte del escrutinio sobre cualquier candidatura. Y sobre ambos estará Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, contra quien permanece un procedimiento de desafuero derivado de acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche por un probable desvío de 83.5 millones de pesos durante su gobierno.
Nada constituye sentencia contra Adrián, Lorena o Moreno. Pero una alianza política no sólo comparte votos: comparte biografías, decisiones, controversias y costos reputacionales. Por eso Jorge Romero enfrenta una decisión estratégica. Acción Nacional puede competir acompañado sin desaparecer dentro de sus aliados. Puede negociar sin entregar su identidad. Incluso puede postular ciudadanos externos, pero una cosa es abrir las puertas del partido y otra entregar las llaves. Si el PRI encabezara la gubernatura y también Monterrey, los panistas tendrían derecho a preguntar qué recibieron a cambio de aportar una organización construida durante décadas: si para encontrar candidatos competitivos el PAN necesita buscarlos entre los militantes del PRI, ¿qué mensaje envía a sus propios cuadros?
En política, las alianzas pueden ser necesarias. La subordinación no (ya lo vimos con el PT frente a Morena). Nuevo León mostrará si la recuperación de identidad prometida por Jorge Romero significa candidatos, proyecto y autonomía política o simplemente conservar un logotipo en la boleta.
