// Laboratorio de Comunicación Política / IAQuemada
La culminación del proceso de nombramiento de las 17 coordinaciones estatales de Morena para 2027 consolida un esquema de centralismo burocrático que pone a prueba la cohesión del partido en el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum. Aunque el modelo demoscópico se justificó formalmente para conjurar las luchas facciosas y el clientelismo del pasado, el recurso de la reserva documental y la discrecionalidad técnica han deteriorado la legitimidad procesal que distinguía al movimiento de los partidos del viejo régimen.
Con la designación de los 17 perfiles consumada el 28 de septiembre, la promesa pública de Ariadna Montiel y el compromiso expresado por la presidenta Sheinbaum —de hacer públicas «todas las encuestas, una por una»— entra en un punto crítico de verificación. Si la dirigencia partidista no libera las bases de datos censales, las metodologías muestrales y los contratos de las encuestas espejo en los próximos días, quedará asentada la percepción de que la demoscopia se utilizó como un ropaje técnico para encubrir negociaciones de cúpula y pragmatismo electoral.
Adicionalmente, el perfil de los abanderados seleccionados —con un número significativo de figuras procedentes de las filas del PRI, PAN y PVEM como Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, Clara Luz Flores en Nuevo León, Pablo Gutiérrez en Campeche, Jasmine Bugarín en Nayarit o Manuel Cota en BCS— agudiza el distanciamiento entre la dirigencia nacional y el ala fundacional del movimiento. Al mismo tiempo, la exclusión de cuadros del PT y del Verde en entidades clave como Guerrero, Zacatecas, Baja California y Colima anticipa un escenario de posible fragmentación electoral en las boletas de 2027.
En el fondo, la defensa de encuestas opacas contradice la exigencia histórica del «voto por voto, casilla por casilla» que definió la identidad del obradorismo. Al reemplazar la verificación democrática abierta por un algoritmo inauditable, Morena corre el riesgo de reproducir los mismos vicios de simulación, dedazo cupular y desafección de bases que juró erradicar de la vida institucional del país.
Implicaciones del hermetismo técnico en la consolidación del régimen
El proceso de sucesión política rumbo a los comicios intermedios de junio de 2027 —jornada donde convergerán la renovación de 17 gubernaturas, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y miles de cargos locales— ha llevado a un punto de máxima tensión los equilibrios institucionales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Mediante la figura estatutaria de las «coordinaciones estatales de defensa de la transformación», utilizada como instrumento formal para posicionar a eventuales abanderados al Poder Ejecutivo eludiendo los plazos legales de precampaña, la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel Reyes y la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), presidida por Citlalli Hernández Mora, concluyó el 28 de septiembre de 2026 la designación de las 17 coordinaciones en disputa.
A diferencia de las contiendas de 2021, 2022 y 2023, en las cuales la cúpula partidista convocó a conferencias de prensa para proyectar láminas metodológicas, ponderaciones y careos públicos con el propósito de legitimar las decisiones, a lo largo de este proceso la dirigencia optó por mantener los resultados de los levantamientos demoscópicos bajo estricta reserva documental. Argumentando la autonomía de los partidos para normar su vida interna y la necesidad de procesar consensos para evitar fisuras, la CNE no divulgó los marcos muestrales, las secciones electorales visitadas, las baterías de reactivos ponderados ni los microdatos. Este hermetismo detonó una rebelión interna protagonizada por militantes fundadores, liderazgos legislativos y las cúpulas de las fuerzas aliadas: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La jornada del 28 de septiembre de 2026 cerró un maratón de más de trece horas de deliberación con la unción de los últimos siete perfiles: Elí César Cervantes Rojas (San Luis Potosí), Ana Lilia Rivera Rivera (Tlaxcala), Clara Luz Flores Carrales (Nuevo León), Jasmine Bugarín Rodríguez (Nayarit), Lorenia Valles Sampedro (Sonora), Manuel Alejandro Cota Cárdenas (Baja California Sur) y Cruz Pérez Cuéllar (Chihuahua). Con estas designaciones, la dirigencia configuró un cuadro paritario integrado por diez mujeres y siete hombres.
Sin embargo, el anuncio culminó entre llantos, inconformidades y un profundo descontento en enclaves estratégicos. El choque más significativo se registró en Chihuahua, donde el nombramiento del alcalde de Ciudad Juárez y expanista Cruz Pérez Cuéllar significó la exclusión de la senadora Andrea Chávez Treviño, uno de los cuadros jóvenes más representativos del lopezobradorismo fundacional. En Tlaxcala, la designación de Ana Lilia Rivera se produjo en medio de reclamos de grupos locales afines a la estructura gubernamental, mientras que, en Baja California Sur, la entrega de la coordinación a Manuel Cota Cárdenas —diputado con licencia del PVEM e hijo de Leonel Cota Montaño— encendió alarmas éticas por nepotismo y los antecedentes del caso Segalmex.
Estas disputas se suman a las fracturas abiertas durante el primer bloque de diez nombramientos: en Zacatecas, con la nominación de Verónica Díaz Robles (vinculada al clan Monreal) rechazada por Ulises Mejía Haro y la senadora petista Geovanna Bañuelos; en Guerrero, con Beatriz Mojica Morga, rechazada por el líder del PT Victoriano Wences Real y desairada por aspirantes locales; en Baja California, con Julieta Ramírez Padilla, resistida por la exalcaldesa Montserrat Caballero y Jaime Bonilla; y en Colima, con Rosa María Bayardo, cuya designación fue formalmente desconocida por las representaciones estatales del PT y del Verde al acusar que jamás se levantó una encuesta de coalición.
| Entidad Federativa | Perfil Designado como Coordinador | Trayectoria Política de Origen y Respaldo Institucional | Estatus de la Alianza y Focos de Tensión Demoscópica |
| Aguascalientes | Nora Ruvalcaba Gámez | Fundadora estatal; experredista; exdelegada del Bienestar; enlace legislativo de Adán Augusto López. | Desplazamiento de cuadros fundacionales; competencia en enclave históricamente gobernado por el PAN. |
| Baja California | Julieta Ramírez Padilla | Senadora con licencia; estructura política vinculada a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. | Ruptura abierta con el PT y Jaime Bonilla; reclamo de reposición formulado por Montserrat Caballero. |
| Baja California Sur | Manuel Alejandro Cota Cárdenas | Diputado federal con licencia por el PVEM; hijo del exgobernador y extitular de Segalmex Leonel Cota Montaño. | Señalamientos de imposición cupular y nepotismo; desplazamiento de las alcaldesas Milena Quiroga y Christian Agúndez. |
| Campeche | Pablo Gutiérrez Lazarus | Exalcalde de Ciudad del Carmen en tres periodos bajo las siglas del PAN hasta su incorporación a Morena en 2020. | Reclamos de las bases fundacionales por entrega de candidaturas a cuadros del panismo tradicional con acusaciones administrativas. |
| Chihuahua | Cruz Pérez Cuéllar | Alcalde con licencia de Ciudad Juárez; expresidente estatal y exdiputado federal del PAN; exprecandidato por MC. | Sorpresa y fractura interna tras dejar fuera a la senadora fundadora Andrea Chávez; reclamos de traición al ala dura del movimiento. |
| Colima | Rosa María Bayardo Cabrera | Exalcaldesa de Manzanillo; respaldo del círculo de la gobernadora Indira Vizcaíno. | Desconocimiento formal del nombramiento por parte del PT y el PVEM al acusar la inexistencia de una encuesta de coalición. |
| Guerrero | Beatriz Mojica Morga | Senadora con licencia; expresidenta y secretaria general nacional del PRD; excandidata en 2015. | Ausencia de aspirantes locales en el anuncio; el PT estatal amaga con competir en solitario si no se repone el proceso. |
| Michoacán | Carlos Torres Piña | Exfiscal general del estado; exsecretario de Gobierno local; exlíder de la corriente ADN del PRD. | Cuestionamientos de equidad por el senador Raúl Morón; distanciamiento táctico de la dirigencia petista. |
| Nayarit | Jasmine Bugarín Rodríguez | Senadora con licencia por el PVEM; exdiputada federal y local emanada del PRI. | Inconformidad por cesión de la plaza a la franquicia del Partido Verde y desplazamiento de cuadros tradicionales morenistas. |
| Nuevo León | Clara Luz Flores Carrales | Exalcaldesa de Escobedo durante tres periodos por el PRI (militante por más de 20 años); excandidata a gobernadora en 2021. | Fuertes cuestionamientos por su trayectoria priista y la polémica de NXIVM en 2021; marginación de liderazgos de izquierda local. |
| Querétaro | Santiago Nieto Castillo | Extitular de la UIF y exfiscal electoral (FEPADE) en el sexenio peñista; jurista y académico. | Fricción con las pretensiones territoriales del dirigente del PVEM, Ricardo Astudillo, y reservas sobre arraigo de base. |
| Quintana Roo | Eugenio «Gino» Segura Vázquez | Senador con licencia; exsecretario de Finanzas bajo el mando de la gobernadora Mara Lezama. | Denuncias de imposición cupular promovidas por simpatizantes del cuadro lopezobradorista histórico Rafael Marín Mollinedo. |
| San Luis Potosí | Elí César Cervantes Rojas | Docente rural, exsenador suplente y militante de origen fundacional en la entidad. | Designación de cuadro interno puro para competir en un territorio dominado electoral e institucionalmente por el PVEM. |
| Sinaloa | Imelda Castro Castro | Senadora con trayectoria en la izquierda histórica y legislativa (exmilitante del PRD). | Complejidad por distanciamiento estratégico frente al desgaste de la administración estatal de Rubén Rocha Moya. |
| Sonora | Lorenia Valles Sampedro | Senadora con licencia; tres veces diputada federal; exdirectora de DIF; cercana al gobernador Alfonso Durazo. | Tensiones superadas mediante disciplina de Estado promovida por el Consejo Nacional; descarte del alcalde Javier Lamarque. |
| Tlaxcala | Ana Lilia Rivera Rivera | Senadora con licencia y expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta; cuadros de izquierda. | Disputa frontal contra los grupos del aparato local alineados a la alcaldía capitalina de Alfonso Sánchez García. |
| Zacatecas | Verónica Díaz Robles | Senadora con licencia; exdelegada de Programas para el Desarrollo; vínculos con la familia Monreal. | Desconocimiento del proceso por el diputado federal Ulises Mejía Haro; rechazo público frontal de la bancada del PT. |
La respuesta de Sheinbaum y Ariadna Montiel: Discurso técnico, presiones cruzadas y la promesa de apertura
Ante el crecimiento de las protestas territoriales, la presidenta Claudia Sheinbaum intervino en la discusión pública durante su conferencia matutina del 21 de septiembre de 2026. Planteando despojarse de forma momentánea de la «investidura presidencial» para opinar en su calidad de militante, Sheinbaum rechazó que las definiciones fueran producto de acuerdos de cúpula: «No hay dedazo», sentenció, sosteniendo que un esquema autoritario tradicional le resultaría operativamente más sencillo al partido que administrar la concurrencia demoscópica. Desde su lectura, las inconformidades no obedecen a un fraude instrumental, sino al desenlace natural de una contienda democrática en la que múltiples aspirantes compiten por una única postulación.
La titular del Ejecutivo fundamentó la vigencia de la encuesta como el único mecanismo técnico que le permitió a Morena no repetir la descomposición del PRD, donde la elección abierta en casillas sucumbió ante la compra de votos, el acarreo masivo y la fragmentación en tribus corporativas. En términos metodológicos, refutó que el ejercicio consista en una mera pregunta de popularidad nominal e insistió en que el algoritmo del partido articula una batería estandarizada de diez reactivos ponderados. En ese modelo paramétrico, reactivos cualitativos —honestidad, cercanía con los ciudadanos, conocimiento del estado, buen candidato y cumplimiento de compromisos— se combinan con variables de potencial electoral, asignando un peso preponderante (aproximadamente tres puntos de la escala final) a la preferencia espontánea sobre quién debe ser el abanderado.
Sin embargo, el flanco más vulnerable del posicionamiento oficial radicó en la negativa a publicar los soportes empíricos de los sondeos. Al ser interrogada sobre la opacidad en las diez primeras entidades, la presidenta concedió que la transparencia es una demanda insoslayable del movimiento y adelantó: «En su momento tendrán que abrir todas las encuestas». Pese a reconocer el deber de máxima publicidad, Sheinbaum evitó fijar una fecha específica o un protocolo de auditoría externa, y delegó la determinación temporal a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión de Encuestas.
La presión mediática y la inconformidad de las dirigencias aliadas obligaron a una rectificación de la dirigencia partidista apenas 24 horas después. El 22 de septiembre de 2026, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, convocó a los medios para contener las acusaciones de simulación y atajar los amagos de ruptura del PT y del Verde. Montiel formalizó un compromiso explícito: las encuestas se mantendrían en reserva provisionalmente para salvaguardar el desahogo de las designaciones, pero se harían públicas con desglose exhaustivo una vez consumadas las 17 coordinaciones estatales:
«Las daremos a conocer detalladamente, una por una (…) tras concluir el nombramiento de los 17 coordinadores».
Montiel aseguró además que en todos los estados se levantaron ejercicios espejo con casas encuestadoras de prestigio y que no existieron discrepancias sustanciales con los estudios del partido. Defendió también que, si bien el PT y el PVEM postularon a sus propias cartas en las mesas previas, los estatutos internos mandatan que la encuesta nodal de Morena rige el resultado definitivo en caso de diferendos. La consumación del bloque de 17 coordinaciones el 28 de septiembre coloca ahora a la dirigencia nacional y a la presidencia de la República ante la exigencia inmediata de cumplir la palabra empeñada y transparentar los microdatos antes de que se formalicen los registros ante las autoridades electorales.
Radiografía del pragmatismo y el «chapulineo»: El polémico pasado partidista de los nuevos coordinadores
La controversia interna por la falta de transparencia demoscópica se agrava por el perfil político e ideológico de varias de las figuras designadas. Lejos de privilegiar a cuadros con arraigo en las luchas territoriales de la izquierda, la lista definitiva de 17 coordinaciones consagra a personajes cuya trayectoria pública estuvo forjada durante años —e incluso décadas— en las estructuras del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Partido Verde (PVEM), fuerzas a las que el obradorismo histórico combatió frontalmente.
La defensa pública de Sheinbaum —quien sostuvo que el partido se edificó desde sus orígenes incorporando a personas de procedencias diversas comprometidas con un proyecto de nación y citó casos como el de Beatriz Mojica o mandatarios en funciones con pasados partidistas disímiles— no aplacó las críticas de las bases militantes. La cúpula morenista ha empleado el argumento de la competitividad estadística para justificar candidaturas pragmáticas, soslayando las contradicciones ideológicas de sus abanderados:
Cruz Pérez Cuéllar (Chihuahua): La entrega de la plaza a un expanista histórico
El nombramiento de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador en Chihuahua provocó una fuerte sacudida dentro de la estructura nacional. Pérez Cuéllar militó casi dos décadas en el Partido Acción Nacional, donde escaló hasta ocupar la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN y una diputación federal bajo esas siglas. Tras romper con el panismo, transitó por Movimiento Ciudadano antes de integrarse a Morena y asumir la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Su trayectoria ha estado rodeada de litigios y cuestionamientos por manejos patrimoniales y contratos durante su gestión municipal.
El factor de mayor irritación política fue el desplazamiento de la senadora Andrea Chávez Treviño. Reconocida por su alineamiento dogmático con el obradorismo y su cercanía con la dirigencia histórica, Chávez aparecía en diversas mediciones públicas como un perfil con amplio respaldo militante nacional. La designación de Pérez Cuéllar bajo encuestas secretas fue calificada por sectores juveniles y fundacionales del partido como una claudicación ética que entrega el proyecto estatal a un cuadro del panismo histórico.
Clara Luz Flores Carrales (Nuevo León): Veintidós años en el PRI y la sombra de NXIVM
En Nuevo León, la designación de Clara Luz Flores marca su retorno a la primera línea política tras su fallida postulación a la gubernatura en 2021. Flores Carrales cuenta con más de dos décadas de militancia ininterrumpida en el PRI, partido con el que gobernó el municipio metropolitano de General Escobedo en tres periodos y donde ocupó cargos de liderazgo estatal. Renunció formalmente al priismo a inicios de 2020 para ser arropada por Morena.
Su candidatura en los comicios de 2021 sufrió un colapso público luego de que se difundiera una grabación de una conversación privada con Keith Raniere, líder de la secta estadounidense NXIVM, a pesar de haber negado previamente cualquier vínculo con él. Aquel episodio desplomó su preferencia electoral hasta el cuarto lugar en las urnas. Tras refugiarse en la administración federal como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y posteriormente en San Lázaro, su unción como coordinadora estatal para 2027 relegó a cuadros fundacionales nuevoleoneses y reavivó los reclamos de imposición de viejas estructuras priistas sobre el aparato partidista guinda.
Pablo Gutiérrez Lazarus (Campeche): El enroque del panismo carmelita
La unción de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador en Campeche ilustra el trasvase de liderazgos conservadores a la Cuarta Transformación. Politólogo egresado de la Universidad Iberoamericana, Gutiérrez Lazarus construyó su capital político en las filas de Acción Nacional, partido bajo el cual ganó en dos ocasiones la alcaldía del municipio petrolero de Ciudad del Carmen. Su paso por la gestión pública panista estuvo marcado por denuncias penales e investigaciones por presuntas irregularidades administrativas y daño patrimonial. En 2020 abandonó el PAN para ser postulado por Morena, logrando un tercer mandato municipal. Su designación para la gubernatura desató malestar entre las bases locales de Morena, que acusaron la entrega de la estructura estatal a un liderazgo tradicional del blanquiazul.
Manuel Alejandro Cota Cárdenas (Baja California Sur): Dinastía familiar, Partido Verde y el estigma de Segalmex
En Baja California Sur, la designación de Manuel Alejandro Cota Cárdenas —diputado federal con licencia por el PVEM— significó una concesión directa a los intereses del Partido Verde y de los clanes políticos locales. Cota Cárdenas es hijo de Leonel Cota Montaño, quien gobernó la entidad bajo las siglas del PRD y fungió como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) durante el periodo en que la Fiscalía General de la República judicializó el mayor escándalo de desvío de recursos públicos del sexenio lopezobradorista. La selección de Manuel Cota marginó a liderazgos femeninos consolidados del morenismo estatal, como las alcaldesas Milena Quiroga (La Paz) y Christian Agúndez (Los Cabos), desatando impugnaciones por nepotismo y por la transgresión de los principios estatutarios de no repetición de prácticas dinásticas.
Jasmine Bugarín Rodríguez (Nayarit): La franquicia del Verde y la raíz tricolor
En Nayarit, la nominación de la senadora con licencia Jasmine Bugarín representó otra cesión territorial al PVEM. La trayectoria de Bugarín inició en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el que llegó al Congreso del Estado y posteriormente a la Cámara de Diputados federal como operadora del tricolor. Posteriormente migró al PVEM, partido en el que asumió la secretaría general en el estado y negoció posiciones en las alianzas legislativas de la 4T. Su proclamación dejó en el camino a figuras de arraigo morenista en Nayarit, alimentando la inconformidad de quienes acusan que la encuesta fue adaptada para pagar cuotas a las cúpulas aliadas.
Beatriz Mojica y Carlos Torres Piña: El reciclaje del perredismo institucional
En Guerrero y Michoacán, las candidaturas recayeron en antiguos jerarcas del Partido de la Revolución Democrática. Beatriz Mojica Morga fue secretaria general y presidenta del CEN del PRD, además de abanderada de la alianza PRD-PAN en la elección estatal de 2015. Su nombramiento como coordinadora en Guerrero provocó que cuadros fundacionales morenistas y el PT amagaran con romper la coalición al considerarla ajena a la identidad de base. Por su parte, en Michoacán, Carlos Torres Piña —exsecretario de Gobierno y exfiscal estatal— fue presidente estatal del sol azteca y líder de la corriente corporativa ADN hasta 2019, generando el rechazo del senador de izquierda histórica Raúl Morón.
Evolución demoscópica en el lopezobradorismo: De la validación cruzada al hermetismo burocrático
La apelación a las encuestas como árbitro inapelable de las disputas en Morena descansa en una doctrina concebida y aplicada por Andrés Manuel López Obrador a lo largo de más de una década. Durante su etapa opositora y su posterior ejercicio de gobierno (2018-2024), López Obrador empleó la demoscopia para conjurar divisiones internas y evitar que los grupos de poder se disputaran el control de las candidaturas en asambleas abiertas propensas a la compra de voluntades.
El primer gran ensayo del método se remonta a finales de 2011, cuando Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón definieron la candidatura presidencial del bloque de izquierda mediante mediciones simultáneas de dos casas privadas (Node y Covarrubias) con acceso abierto a los tabulados cruzados, lo que permitió procesar una ventaja marginal sin fracturar al movimiento.
Sin embargo, una vez alcanzado el poder, el carácter científico de la encuesta interna fue cediendo terreno al control burocrático. En agosto de 2017, la definición de la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México provocó un choque de gran magnitud cuando Claudia Sheinbaum superó a Ricardo Monreal y Martí Batres. Monreal calificó la Comisión de Encuestas como una «caja negra», denunciando que solo se hicieron públicas gráficas resumidas sin acceso al marco muestral georreferenciado ni a las actas de levantamiento, un litigio que llegó a los tribunales electorales y casi desemboca en la ruptura del operador zacatecano con el partido.
| Proceso Electoral y Temporalidad | Diseño Metodológico Aplicado | Principales Focos de Inconformidad y Disidencia | Mecanismos de Contención y Nivel de Publicidad Documental |
| Sucesión Presidencial de Izquierda (2011) | Encuesta nodal consensuada; levantamiento simultáneo de firmas independientes (Node y Covarrubias). | Diferencias mínimas en reactivos marginales de saldo de opinión negativa entre AMLO y Marcelo Ebrard. | Publicación íntegra de cuestionarios y tabulados; reconocimiento cívico inmediato del resultado por Ebrard. |
| Coordinación CDMX (2017) | Encuesta interna única procesada por la Comisión de Encuestas de Morena. | Ricardo Monreal denuncia opacidad total («caja negra») y exige reposición formal. | Negativa de auditoría externa; judicialización electoral; contención mediante negociación política directa. |
| Gubernaturas Estatales (2021-2022) | Encuestas madre partidistas complementadas con sondeos telefónicos y presenciales cualitativos. | Impugnaciones en Oaxaca (Susana Harp) por prelación de género y controversias en Sinaloa y Guerrero. | Presentación de gráficas de barras en rueda de prensa; reserva de cuestionarios físicos y microdatos brutos. |
| Coordinación Nacional 4T (Sucesión 2024) | «Encuesta madre» de la CNE y cuatro «encuestas espejo» con boletas circulares y urnas transparentes. | Marcelo Ebrard impugna el proceso (41 cuartillas); acusa uso del Bienestar, ruptura de cadena de custodia y coacción. | Exhibición de curvas estadísticas coincidentes en el WTC; entrega del «bastón de mando» de AMLO a Sheinbaum. |
| Coordinaciones Estatales (17 estados para 2027) | Diez reactivos ponderados, filtros del Gabinete de Seguridad Nacional y presuntas encuestas espejo. | Inconformidad por 7 perfiles del PRI/PAN/PVEM; rebelión de bases en Chihuahua; fractura del PT y Verde en varios estados. | Reserva total de los datos durante el proceso; promesa de Sheinbaum y Montiel de abrir folios tras completar los 17 estados. |
En la contienda presidencial de 2023, la CNE implementó un blindaje técnico complejo: cuatro encuestas espejo de casas privadas (Mercaei, De las Heras, Buendía & Márquez y Heliga), boletas foliadas circulares y urnas transparentes selladas. Aun con ese andamiaje, el excanciller Marcelo Ebrard impugnó formalmente el proceso, aportando testimonios sobre presunto proselitismo desde la Secretaría de Bienestar a través de los Servidores de la Nación y filtraciones del marco muestral.
El contraste con el proceso de 2027 pone en evidencia un retroceso en los estándares de certeza: para definir las 17 gubernaturas intermedias, la dirigencia de Montiel y Hernández eliminó el contraste público de las encuestas espejo en tiempo real y decretó la reserva absoluta de las mediciones de campo. Asimismo, Morena introdujo una variable discrecional: la consulta previa ante el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntos antecedentes de los aspirantes, facultando a la cúpula para invalidar a cualquier aspirante aun cuando resultara puntero en los sondeos de opinión.
La disonancia doctrinaria: Del «voto por voto, casilla por casilla» a la fe ciega en el logaritmo
El diferendo por la opacidad en las 17 coordinaciones estatales trasciende una pugna burocrática por candidaturas: entraña una fractura con los principios normativos del obradorismo histórico. El movimiento se fundó y articuló en torno a la exigencia irrestricta de máxima transparencia, combate a la simulación institucional y desmantelamiento de los acuerdos cupulares propios del viejo régimen.
Tras las controvertidas elecciones federales de 2006, la consigna que cohesionó a la izquierda mexicana fue el reclamo de «voto por voto, casilla por casilla». Aquella demanda resumía la convicción de que la legitimidad democrática solo emana del escrutinio físico y verificable de cada sufragio en presencia de los contendientes, rechazando los cálculos opacos diseñados desde los aparatos de poder. Durante años, el liderazgo de López Obrador calificó a las encuestas institucionalizadas de herramientas propagandísticas orientadas a crear percepciones artificiales e imponer candidatos al margen de la sociedad civil.
Bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, la práctica interna del partido ha derivado en una paradoja: la urna transparente y el conteo voto por voto fueron reemplazados por el modelo muestral inauditable. Morena exige a su militancia un acto de fe ciega en las decisiones de la CNE, que declara ganadores sin mostrar las actas de visita domiciliaria ni las fórmulas de ponderación aplicadas a los atributos cualitativos. Esta contradicción histórica fue señalada por el senador y dirigente del movimiento campesino lopezobradorista, José Narro Céspedes:
«Morena nació precisamente porque millones de mexicanos dejaron de aceptar esa lógica. Durante muchos años denunciamos encuestas inexplicables, decisiones cupulares, candidatos surgidos de acuerdos que la militancia conocía cuando prácticamente todo estaba resuelto (…). Sería paradójico combatir durante décadas aquellas prácticas para algún día terminar justificándolas. (…) Porque una encuesta partidista no puede convertirse en un acto de fe. Cuando un movimiento pide confianza a sus militantes tiene también la responsabilidad de ofrecer certeza».
Esta mutación procesal profundiza tres contradicciones éticas en la vida interna de Morena:
- Sustitución del escrutinio físico por la certidumbre algorítmica hermética: El postulado de «voto por voto» consagraba la fiscalización directa en territorio. En cambio, el esquema demoscópico actual concentra el fallo en un órgano centralizado que oculta las matrices muestrales, demandando disciplina partidista incondicional en lugar de proveer certeza jurídica.
- Tutela burocrática y penal sobre la decisión popular: La intervención del Gabinete de Seguridad Nacional y de la FGR para determinar qué perfiles cuentan con «solvencia moral» traslada la decisión de las bases a las áreas de inteligencia del aparato estatal. Con ello, la consulta ciudadana queda supeditada a un filtro gubernamental vertical.
- El velo metodológico como coartada para el pragmatismo electoral: El secreto demoscópico opera como una herramienta para encubrir la marginación de cuadros fundacionales en favor de perfiles externos provenientes del PRI, PAN o PVEM. Al no transparentar los reactivos que miden honestidad y trayectoria de lucha social, la cúpula evita fundamentar por qué expanistas como Cruz Pérez Cuéllar o expriistas como Clara Luz Flores superan en la ponderación ética a figuras orgánicas de la izquierda histórica.
Foto portada: Inteligencia artificial (IA)
