Por Valeria Riaño / IAQuemada
El poder pretende administrar a conveniencia la frontera entre vida privada y responsabilidad pública. Claudia Sheinbaum la colocó en su mañanera del 26 de octubre al denunciar ataques misóginos contra Guadalupe Taddei en plena controversia sobre contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Condenar la violencia contra las mujeres es indispensable. ¿Puede esa condena desplazar el examen de posibles conflictos de interés?
Sheinbaum no exoneró a Taddei: consideró pertinente su salida del INE y pidió investigar irregularidades. Pero agregó: “Es muy cobarde quien agrede a una mujer, no por lo que hizo como servidora pública, sino por razones personales”. El principio es defendible. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando una relación personal puede estar vinculada con decisiones administrativas?
El caso no exige investigar sentimientos, sino contratos. Reportes periodísticos han relacionado a José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con proveedores electorales, con el entorno personal de Taddei. El presunto vínculo sentimental exige corroboración. Existen contratos y señalamientos por esclarecer. Ninguna relación afectiva constituye por sí misma corrupción; tampoco un contrato prueba desvío de recursos.
La frontera no se cruza por enamorarse, sino cuando un interés personal puede comprometer la imparcialidad del cargo. ¿Quién autorizó adjudicaciones? ¿Hubo competencia efectiva? ¿Se declararon intereses y se presentaron excusas cuando correspondía? ¿Intervino la presidencia del INE? Son preguntas administrativas, no de moral sexual.
Aquí aparece una hipótesis: el reframing, o cambio de encuadre. La discusión original versa sobre proveedores, licitaciones, controles y responsabilidades. Al colocar en primer plano la misoginia opositora, el debate puede desplazarse hacia quién agrede a las mujeres y quién las defiende, como lo pretendió, y falló, Citlalli Hernández en una mesa política con Joaquín López-Dóriga. La funcionaria cuestionada puede aparecer como víctima en una conversación distinta de la que exigen los expedientes.
Esto no demuestra una estrategia deliberada de distracción. Sheinbaum pidió investigar; atribuirle intención de encubrimiento sin pruebas sería irresponsable. Pero el efecto de un discurso no depende de la intención. Probar ese desplazamiento exige comparar cuánto espacio recibieron los contratos y cuánto la disputa sobre misoginia.
La sororidad no equivale a inmunidad. Proteger a una mujer de burlas sexistas no exige suspender el escrutinio de sus actos. También corresponde preguntar si la defensa presidencial de la dignidad femenina se aplica con igual firmeza a las adversarias políticas. Sin consistencia, el argumento se expone a una lectura de conveniencia partidista.
La corrupción no tiene género en un sentido esencial: las obligaciones de probidad, transparencia y rendición de cuentas rigen para mujeres y hombres. Una funcionaria puede sufrir violencia discriminatoria y enfrentar, simultáneamente, una investigación legítima. Ni las denuncias autorizan humillaciones íntimas, ni acusar de misoginia invalida documentos y preguntas fundadas.
En el INE está en juego la confianza electoral. La renuncia no sustituye las auditorías; la presunción de inocencia no impide revisar adjudicaciones, redes empresariales y posibles conflictos de interés. Los resultados deben hacerse públicos y las responsabilidades, de acreditarse, determinarse conforme a derecho.
Sheinbaum tiene razón al rechazar los ataques que degradan a una mujer por su intimidad. Pero eso no define qué parte de una relación se vuelve relevante cuando entra en contacto con el presupuesto público. La intimidad merece protección; los contratos, fiscalización. La sororidad no reemplaza la justicia. La pregunta no es a quién ama una exfuncionaria, sino quién decidió sobre dinero público, bajo qué reglas y con qué intereses. Cuando lo privado incide en el poder, el escrutinio no es misoginia: es democracia.
Foto portada: Inteligencia artificial (IA)
