¿Quién cobra la confianza cuando ya nadie la tiene para dar?
Por Carlos Chavarria Garza
Un rasgo común de los gobiernos llamados de izquierda es que debilitan la confianza en el orden jurídico y político de sus países, porque el entusiasmo distributivo exige un flujo continuo de recursos que más temprano que tarde resulta insuficiente para pagar todos los costos del bienestar construido sobre la transferencia neta de recursos de la sociedad al estado. No hay lonche gratis, ni siquiera para los favorecidos, que son los que más pierden cuando la confianza se rompe, el dinero de las inversiones se va y el equilibrio económico general se viene abajo con todo el tinglado bienhechor.
Casi toda Latinoamérica y algunos países de la Unión Europea empezaban a girar hacia una izquierda al menos más moderada y más realista sobre lo que sus economías pueden pagar de sus estados de bienestar. Con la cruda realidad a cuestas de que la riqueza debe distribuirse en una sociedad solidaria, pero distribuirse quiere decir mejores condiciones de vida (salud, educación, seguridad), oportunidades y apoyos específicos, con nombre y apellido, que cierren el círculo virtuoso de la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
En esas estaba yo viendo los portentosos avances de la IA y lo que muchas empresas logran con ella cuando me pregunté cuánto provecho podrían sacarle los gobiernos de izquierda, no para mejorar su eficiencia sino para sacar más recursos que repartir en sus estados de bienestar. Me pareció un contrasentido. Cobrar mejor lo que la ley ya manda es hacerla cumplir, y nadie serio lo discute; el contrasentido aparece cuando el algoritmo se usa para exprimir a quien no puede moverse, la clase media y la pequeña empresa, mientras el capital grande, que también tiene sus modelos, se reestructura y se muda.
Tampoco dejo de asombrarme la posibilidad casi distopica de que un modelo de IA cualquiera, esté al servicio de los gobiernos y de las sociedades en general, a veces de los dos lados del mismo pleito, y me pregunto qué pasa cuando la corrupción empieza a usar la propia IA para afinar sus prácticas (Vgr. INE) y termina eludiendo todos los medios de control interno. La separación de funciones, ese viejo principio de las contralorías, descansa en que un fraude grande necesita muchos cómplices, y cada uno es un posible desertor o denunciante.
Si la máquina genera los registros y contesta los requerimientos del auditor, hacen falta menos personas dentro del secreto, y el dato que entrega el sistema corrupto deja de ser evidencia para convertirse en un producto diseñado para parecerlo. Es la ley de Goodhart, que los economistas resumen diciendo que toda medida que se vuelve meta deja de medir: contra el indicador se optimiza, y la IA optimiza muy bien. Desde afuera todo se ve estable hasta que deja de estarlo, y entonces no hay erosión lenta que alcance a avisar, hay ruptura.
Extrapolado a la sociedad entera, el problema se agrava, porque la ley se ha cumplido siempre en buena medida por fricción: evadirla costaba saber cómo, pagar despachos caros, juntar cómplices, aguantar el riesgo. La IA abarata todo eso. La elusión sofisticada, que era privilegio de quien podía contratar a los mejores abogados fiscalistas, queda al alcance de cualquiera, y un modelo capaz de leer miles de páginas de normas y jurisprudencia es, por naturaleza, un buscador de vacios y ambiguedades. Cada vez que el legislador cierra uno, la adaptación aparece en días. Peor todavía, la mayoría de la gente cumple de manera condicional: paga porque cree que los demás pagan. Cuando cada quien ve que el vecino y el competidor se escabullen con ayuda de la máquina, el honesto empieza a sentirse tonto y el cumplimiento se cae por contagio, no por cálculo. La respuesta natural del estado será más vigilancia y más presunción de culpa, es decir, otra tajada de las garantías que hacían legítimo el orden que se quería defender.
Para discutir todo esto se nos ofrece la anacrónica división maniquea de izquierda y derecha, que nació en 1789 de la manera en que se sentaron los diputados en la Asamblea francesa y que hoy sirve de poco. Hay derechas proteccionistas y estatistas, hay izquierdas desconfiadas del poder y de las burocracias, y hay populismos de ambos signos que coinciden en el gasto clientelar y en el desprecio por los técnicos.
Las preguntas que trae la IA (modelos abiertos o cerrados, cómputo concentrado en cuatro empresas o repartido, vigilancia o privacidad) no se acomodan en esa línea, y los aliados resultan incómodos: el libertario y el activista terminan juntos defendiendo la privacidad frente al estado. Tampoco creo que el conflicto de fondo haya muerto, porque quién paga y quién recibe sigue ahí y la automatización lo vuelve más agudo; quien lo declare superado suele estar escondiendo una preferencia suya detrás de lenguaje técnico. Lo que debería ponerse al corriente es la vara con que medimos los programas: si tienen destinatarios identificables, resultados medibles, financiamiento que no dependa de una extracción creciente y reglas estables para que la gente pueda planear. Esa vara sirve igual para un programa de derecha que para uno de izquierda.
Hay otro crimen organizado, y no es el de los idiotas que se sostiene a base de balazos, miedo y muerte, sino el que opera dentro de la confianza de las personas. Madoff en 2008, Enron en 2001, Wirecard en 2020, FTX en 2022: nadie sacó una pistola. Hubo un contador de prestigio, un notario, un auditor que firmó, un banco que prestó, y el edificio se sostuvo hasta que alguien contrastó contra una fuente que ellos no controlaban. Lo que antes costaba años construir (trayectoria creíble, documentos coherentes entre sí, testimonios, respuestas personalizadas a cada inversionista) se fabrica hoy en serie.
En 2024 se reportó el caso de un empleado de una multinacional en Hong Kong que transfirió unos 25 millones de dólares después de una videollamada en la que todos los demás participantes eran falsificaciones. Las empresas de IA tampoco están fuera del cuadro. Un sistema que millones consultan para decidir qué comprar, a quién contratar o dónde invertir vende, en los hechos, autoridad, y quien logre inclinar lo que recomienda, pagando sin que se note o contaminando lo que aprende, tiene un canal de persuasión enorme con cara de neutral.
Ya vimos en 2008 a las calificadoras cobrarle a quienes calificaban; ahora el verificador es una caja negra, y cuando algo sale mal cada humano de la cadena dirá que fue el algoritmo, como en las hipotecas empaquetadas, donde nadie respondía por el conjunto. El sociólogo Niklas Luhmann sostenía que la confianza existe para reducir la complejidad del mundo, para poder tratar con extraños sin investigarlos a fondo. Si verificar se encarece, pierde primero el honesto sin recursos para comprobar nada.
Mientras tanto, ¿los gobiernos de izquierda están preocupados de seguir gastando lo que no producen? Absurdo. La miopía de calendario la padecen de todos los colores, porque ningún gobierno de tres o seis años gana votos atendiendo un daño que se acumula sin dolientes visibles, y cada quien tiene sus argumentos para asegurar que su gasto es inversión. Puede serlo, si cada peso tiene nombre y apellido y un resultado que se pueda medir; pero si no hay seguimiento, es dinero que se reparte a cuenta del crédito de los demás. Lo que no admite defensa es el tamaño del cambio tecnologico que ya está en marcha frente a la pequeñez del debate que lo recibe.
El gasto se paga con impuestos, pero los impuestos se pagan con confianza, y esa no la imprime ningún banco central.
