Por Valeria Riaño // IAQuemada
En política, un cuestionamiento suele producir más titulares que un resultado administrativo. La comparecencia de Eduardo Ortegón Williamson, director de Agua y Drenaje de Monterrey, durante la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, confirmó esa costumbre legislativa. Hubo reclamos, exigencias y señalamientos sobre las deficiencias del servicio. Pero entre el ruido político apareció información que merece una lectura más cuidadosa: los indicadores de eficiencia del organismo muestran una evolución favorable durante su primer año de gestión.
El dato más significativo es la reducción del Agua No Contabilizada, que pasó de aproximadamente 45 por ciento en 2025 a 40.3 por ciento en septiembre de 2026. Casi cinco puntos porcentuales menos en un indicador que había mantenido una trayectoria ascendente, según explicó el funcionario. No es una cifra menor. En una entidad donde cada metro cúbico representa un recurso estratégico, mejorar su medición, distribución y aprovechamiento constituye una prioridad.
La disminución no ocurrió por generación espontánea. Ortegón expuso una estrategia de sectorización, regulación de presiones, instalación de sensores, detección de fugas, regularización de usuarios y renovación de medidores. Son intervenciones técnicas orientadas a corregir ineficiencias estructurales. El resultado reportado ofrece indicios de que esa estrategia empieza a funcionar, aunque su consolidación deberá comprobarse con series públicas y verificaciones independientes.
Hay una diferencia sustantiva entre administrar una crisis y construir capacidades para evitar la siguiente. La primera exige respuestas inmediatas; la segunda demanda ingeniería, mantenimiento, inversión y continuidad. La orientación que Ortegón describió ante los diputados apuesta precisamente por fortalecer esas capacidades.
El mantenimiento preventivo de más de 739 kilómetros de tuberías sanitarias y la atención de más de 114 mil reportes durante 2026 aportan otra dimensión de su gestión. No son indicadores suficientes para demostrar que todos los problemas quedaron resueltos, pero sí documentan una actividad operativa considerable frente al deterioro acumulado de las redes.
También importa la dimensión humana. Detrás de esas cifras trabajan cuadrillas, operadores, técnicos e ingenieros que reparan fugas, limpian colectores, revisan instalaciones y mantienen funcionando una infraestructura de enorme complejidad. La gestión pública suele personalizar sus fracasos y sus éxitos, cuando los resultados dependen de equipos capaces de ejecutar decisiones técnicas.
Nuevo León conserva, además, una cobertura de agua potable de 99.6 por ciento, conforme a los indicadores expuestos por el organismo. Es una fortaleza institucional que precede a la llegada de Ortegón, pero cuya conservación y mejoramiento forman parte de sus responsabilidades.
Naturalmente, ninguna reducción estadística desaparece una fuga frente a una vivienda. Los cuestionamientos legislativos sobre drenajes colapsados, reparaciones pendientes y tiempos de atención son legítimos. Precisamente por ello conviene evaluar las respuestas con la misma rigurosidad que los reclamos.
El balance del primer año de Ortegón no requiere exageraciones ni elogios gratuitos. Presenta avances operativos específicos, una estrategia técnica identificable y compromisos cuya ejecución puede medirse. También mantiene pendientes importantes en la renovación de infraestructura y la calidad cotidiana del servicio.
La crítica pública pierde profundidad cuando solamente registra el conflicto y omite los resultados. Agua y Drenaje todavía tiene mucho por resolver, pero las cifras de eficiencia presentadas por su director merecen seguimiento y escrutinio, no indiferencia.
Una administración también rinde cuentas cuando demuestra, con indicadores contrastables, que empieza a corregir lo que durante años permaneció deteriorándose.
