Conmemorar es recordar pensativamente un hecho histórico significativo para la historia de la vida cultural de un pueblo; acaecimiento en el cual se busca, afanosamente, nexos de sentido con el presente con miras a proyectar el futuro. Recordar meditativamente nos ayuda a saber situarnos en nuestra propia circunstancia histórica y, además, nos hace conscientes de nuestra temporalidad. Por ello, la conmemoración de un hecho histórico cualquiera es siempre un acto digno de celebración. Pero no toda celebración solemne o festiva de un hecho histórico es un acto conmemorativo. Al respecto, Heidegger dice, en su elocución para conmemorar el centenario de la muerte del músico alemán Conradin Kreutzer: “una celebración conmemorativa exige que pensemos”.
Sobre este mismo tema, en su obra ¿Qué significa pensar?, sostiene que “aprendemos a pensar cuando atendemos lo que da que pensar”. De manera tal que, si en las celebraciones del 195 aniversario de la primera cátedra de derecho impartida en Nuevo León no atendemos lo que da que pensar el mundo del derecho y la justicia de hoy; si dejamos de lado lo que da que pensar los jueces que tenemos; si no atendemos lo que da que pensar el significado y sentido de independencia del Poder Judicial asumido por los ministros de la SCJN, el cual, según los letrados, depende de millonarios emolumentos anuales que quieren seguir percibiendo; y, de manera inversa, solo se echan las campanas a vuelo para festejar triunfalistamente éxitos tenidos como incuestionables, provocando con ello la huida del pensar, entonces, indudablemente, estaremos ante una celebración a secas, no ante una celebración conmemorativa.
Luego, entonces, el reto de quienes nos desempeñamos en cualquiera de las profesiones jurídicas es no escatimar esfuerzos ni riesgos que haya que asumir para aprender a pensar. Empresa riesgosa porque para los poderosos que han hecho de la corrupción y la impunidad su forma de vida, las personas más peligrosas son las que saben pensar.
Bajo este enfoque de análisis, si no se despliega el pensar meditativo en las actividades programadas para celebrar en la UANL la fundación de los estudios de derecho en nuestro Estado, poniendo en cuestión la calidad y orientación de la enseñanza de la ciencia jurídica ante las grandes transformaciones del mundo globalizado de hoy, entonces el 2019 será un año de formidables y coloridas celebraciones de la primera cátedra de Derecho civil dictada por Don Alejandro de Treviño y Gutiérrez el 19 de enero de 1824 en el Seminario Conciliar de Monterrey; pero debido a la falta de pensamiento, no de celebraciones conmemorativas.
Ahora bien, en el supuesto de que dichas celebraciones sean conmemorativas, que es lo deseable, lo primeo que el pensar meditativo tendría que poner en cuestión es el modelo de enseñanza basado en competencias que hoy rige, el mejor para satisfacer las exigencias ideologizantes de la globalización económica neoliberal.
Tan es así que, dicho modelo, ha transformado al alumno en un cliente más del mercado que solo demanda conocimientos útiles, no formativos; y al profesor en un simple empleado de contratación temporal, cuya misión se reduce a ejecutar un programa de estudio.
El pensar reflexivo, motivado por la euforia de estas celebraciones, también conduce a preguntar ¿por qué las especialidades en el derecho aparecen hasta la década de 1970?
En la UANL, apenas en 1978 se crearon seis maestrías profesionalizantes: Ciencias penales, Derecho fiscal, Derecho Internacional público, Derecho Internacional Privado, Derecho laboral y Mercantil.
Pero ¿por qué en ese entonces no se pensó –ni ahora se ha pensado–, en ofrecer estudios especializados en la judicatura y en la procuración de justicia?
Lo grave de la situación es que, a pesar de que mucho se habla de la intención de producir una cuarta transformación del país, el problema de la selección y formación de jueces y el de las virtudes esenciales que debe poseer el buen juez, siguen sin ser siquiera materia de debate.
¿Y, será posible producir una cuarta transformación del país sin una transformación del aparato judicial, es decir, sin modificar la arraigada práctica de que tan solo con conocimientos técnicos del derecho lleguen personas al Poder Judicial y a la Procuraduría a cumplir la función jurisdiccional y la de la procuración de justicia, respectivamente, sin una debida formación teórica y práctica para la función de juzgar y la función de procurar justicia?
Aunque usted no lo crea, en México las profesiones de juez y la de fiscal se hacen solo en la práctica, después de haber obtenido el título de licenciado en derecho y tan solo con este título, en una práctica alejada de la teoría, formalmente no avalada por la universidad. Con tristeza se observa que esta situación es aceptada socialmente; a nadie le parece fuera de lo normal que la formación (o deformación) de jueces y fiscales comience en el momento en que, desde el poder político, un dedo divino señala a quien, sin poseer una formación teórica y práctica de juez, accede al Poder judicial (local o federal) a cumplir la función jurisdiccional.
Sí, de acuerdo, desde la reforma constitucional de 1995, con la cual surgieron los consejos de la judicatura, ahora hay exámenes de oposición para acceder al ejercicio de la función jurisdiccional; pero, por un lado, dichos exámenes se encuentran bajo un estricto control del corporativismo judicial y se reducen al conocimiento del derecho positivo; y, por el otro, nadie podría asegurar que los ministros de la SCJN ya no constituyen el factor esencial para el acceso a la función de juzgar. Por si fuera poco, en el vigésimo octavo concurso interno de oposición para la designación de jueces de Distrito se produjeron hechos de corrupción, consistentes en el robo de información de lo que se interrogaría en el examen, por parte de los aspirantes a jueces.
Hay muchas partes del mundo en que las cosas son de diferente manera; en Francia, por ejemplo, por decreto legislativo de fecha 22 de diciembre de 1958, siendo presidente Charles de Gaulle, se creó el Centro Nacional de Estudios Judiciales, en el que se forman los futuros jueces y fiscales. Desde luego, no sin antes haber concluido sus estudios de la licenciatura en Derecho. En 1970, el referido nombre se cambió por el de Escuela Nacional de la Magistratura.
En el portal de esta institución se puede leer que “para entrar en la carrera de Juez o Fiscal debe superarse una oposición o un procedimiento de admisión por méritos. Las diferentes vías de acceso a la ENM permiten seleccionar a candidatos de trayectorias muy diversas, tanto académicas como profesionales. Esta diversidad de perfiles garantiza una representación más justa de la sociedad francesa.”
Sería bueno que los actos conmemorativos de los 195 años de la fundación de los estudios de derecho en Nuevo León, nos convocara a pensar en la posibilidad de que en México se cree la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Procuración de Justicia (bajo un estricto control ciudadano y fuera de control del corporativismo Judicial, matizado, como es sabido, con altas dosis de nepotismo), para que los graduados en derecho que aspiren a ser jueces o fiscales ahí se formen, previó concurso de oposición pública para su acceso; y para que, bajo este mismo procedimiento, se acceda a la judicatura y a la procuración de justicia, ya con una debida formación teórica y práctica.
efren23@hotmail.com
