Por Erika González Ehrlich
Cuando el ama de casa de una familia planea cómo va a repartir lo que recibe de las aportaciones que hacen sus miembros al gasto de la casa, primero calcula cuánto va a poder juntar en función de lo que cada miembro vaya a aportar y cuánto podría recibir de algún negocito que tenga la familia adicionalmente. Después determina las prioridades de gasto que tiene, de apoyos para que algunos de sus integrantes vayan a la escuela, de las cosas que necesite el abuelo, etc. y lo reparte en un presupuesto semanal, mensual, trimestral o anual.
De esa misma forma, el ama de casa de nuestro país, que es la Secretaría de Hacienda, estima cada año cuánto dinero va a recibir de las aportaciones de sus habitantes a través de los impuestos que pagan, así como de otros ingresos que nos dejan algunos negocios del Estado, como la venta de petróleo crudo, por ejemplo.
Una vez que ya calculó los ingresos esperados, los registra en la Ley de Ingresos y hace un Presupuesto de Egresos considerando lo que espera recibir. En ese presupuesto destina las cantidades que tiene previstas gastar durante el año siguiente, dando prioridad a las cosas que tienen más importancia de acuerdo con la política del Estado.
Cuando tienen esos dos documentos listos, los manda al Congreso de la Unión para que los legisladores los revisen, les modifiquen lo que consideren necesario y los aprueben. Una vez aprobados, el Presupuesto de Egresos de la Federación ya se puede ejercer de acuerdo con lo que haya quedado autorizado.
Para el año 2022, la Secretaría de Hacienda utilizó varios supuestos para calcular los ingresos que va a tener en forma conservadora, por ejemplo, calculó que la economía va a crecer a una tasa de 4.1% por ciento; que el precio del barril de petróleo mexicano va a estar a 55.1 dólares en promedio y que vamos a producir un millón 826 mil barriles diarios de petróleo; que la inflación anual será de 3.4%; que la tasa de interés será de 5% en promedio así como el precio del dólar será de 20.3 pesos también en promedio.
Con estos supuestos calculó que va a recibir 7 billones de pesos durante el 2022, porque cuenta con que vamos a seguir combatiendo la corrupción, cobrando los impuestos a todos los causantes, evitando las facturas falsas y manteniendo un gobierno austero.
De las cosas que llaman la atención en este presupuesto de 2022 es que el 65% del gasto programable se destina para el desarrollo social que incluye Protección Social; Educación; Salud; Vivienda y Servicios a la Comunidad; Recreación, Cultura y Protección ambiental.
El 27% para el desarrollo económico que incluye Combustible y Energía; Transporte; Ciencia, Tecnología e Innovación; Actividad Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza; Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general; Comunicaciones; Turismo; Minería, Manufacturas y Construcción.
Y sólo el 8% para el mantenimiento del gobierno, terminando definitivamente con el estigma de tener un gobierno rico con un pueblo pobre.
Hoy dos terceras partes de todo este dinero son destinadas al gasto social; es decir, al bienestar de los ciudadanos y sólo ocho de cada 100 pesos que recibirá el gobierno lo va a destinar a su propio gasto corriente.
Por otro lado, a este presupuesto se le está aumentando en 5% los montos de dinero que se destinan a los estados en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Así es que ya no hay excusa para no pagar las cosas importantes como sucedió en Michoacán con los sueldos de los maestros. Ahora toca a los funcionarios de los estados tener gobiernos austeros que destinen esos fondos al bienestar de sus poblaciones.
Es una cuestión de justicia que los ciudadanos que aportamos pagando impuestos, empecemos a recibir los beneficios que derivan de ellos y sigamos evitando por fin que los que manejan el gobierno se hagan millonarios con nuestro dinero.
Como dijo el jurista romano Ulpiano: “Justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo”.
