A consecuencia de la nota falsa “Conacyt suspenderá becas por participar en protestas”, firmada por Pedro Villa y Caña, publicada por El Universal, donde el diario tergiversa los hechos, pues los artículos a los que está haciendo referencia el medio para manipular la información son disposiciones que han estado contempladas en los reglamentos de becas del Consejo, al menos desde 2008, varios supuestos “especialistas” alzaron la voz, alarmados.
Cabe señalar que la propuesta de reglamento de becas se encuentra en un proceso abierto de análisis en la Conamer, conforme lo establece la Ley General de Mejora Regulatoria, y que en dicho proceso la comunidad y el público en general pueden hacer comentarios para mejorar y fortalecer su contenido.
Esto fue aclarado por el Conacyt por medio de un comunicado:
“El Conacyt retomará los comentarios recibidos para mejorar la propuesta siempre con la guía del respeto irrestricto de los derechos y libertades de las y los estudiantes, así como con el cabal cumplimiento de los mandatos constitucionales acerca del acceso universal a la educación superior y de posgrado y de la obligación de dar apoyos en términos de la normativa aplicable”, señala el documento.
“El Conacyt dará a conocer la redacción final del reglamento, tan pronto como se tenga, para evitar la malintencionada desinformación causada por noticias falsas y el inaceptable desgaste y confusión que provocan en las comunidades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”, finaliza.
Sin embargo, el mismo medio que difundió la tergiversación de los hechos, solicitó la opinión de algunos supuestos “expertos”, que calificaron el borrador como una aberración, un acto de discriminación y una falta de perspectiva de género que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su anteproyecto de reforma al Reglamento de Becas plantee la suspensión en la entrega del apoyo económico a las becarias que se embaracen.
Personas como Lourdes Morales, politóloga y directora de la Red por la Rendición de Cuentas; Alma Maldonado, integrante del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav y Ximena Medellín, investigadora del CIDE, emitieron declaraciones públicas sobre un documento muy preliminar, en lugar de exponer sus preocupaciones de manera formal directamente a Conacyt.
Otros que incurrieron en esta práctica que evidentemente resta seriedad a sus posturas al no sustentar su percepción en el documento final o, al menos, expresar sus opiniones ante los responsables del documento, para así lograr realmente un cambio, fueron Raúl Plascencia Villanueva, expresidente de la CNDH, Francisco Burgoa, constitucionalista y profesor de la UNAM y Javier Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana.
Finalmente, habría que determinar si las personas consultadas por El Universal tienen algún tipo de relación con el Conacyt y si expresan las mismas preocupaciones los que, en todo caso, serían los directamente afectados.
