El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que trabaja en una iniciativa que fijará un mínimo de 10 años para que exfuncionarios públicos asuman cargos de dirección o asesoría en empresas privadas con actividad relacionada a la responsabilidad pública que desempeñaron.
En su conferencia de prensa matutina, y luego de presentar un informe sobre contratos firmados por la Comisión Federal de Electricidad con tres empresas privadas para la construcción de 7 gasoductos, cuyas obras actualmente se encuentran paradas e implican un gasto de más de 21 mil millones de dólares, el mandatario federal insistió en que es “inmoral” que funcionarios públicos pasen de cargos dentro del gobierno federal a empresas privadas con giros del mismo ámbito.
En ese sentido, indicó que su administración presentará una iniciativa de ley que prohíba el salto público-privado por un mínimo de 10 años. El mandatario reiteró que “el saqueo” del sector eléctrico nacional inició con los gobiernos neoliberales y consideró que México se convirtió en una “una tierra de conquista” para los intereses de empresas privadas.
“Ya está en una propuesta que estamos haciendo, para que quede prohibido, durante un periodo de tiempo de más de 10 años, que un servidor público pueda tener trabajo en empresas relacionadas con el cargo que desempeñó. La vamos a prohibir. Ya está la iniciativa de ese propósito, tiene que ver con la iniciativa, el proyecto de austeridad y otras leyes”.
De acuerdo con un informe del actual director de la CFE, Manuel Bartlett, entre los funcionarios de alto nivel de administraciones pasadas que pasaron a las filas de empresas del sector energético con contratos con contratos públicos se encuentran: José Cordoba Montoya, Jesús Reyes-Heroles González Garza, Carlos Ruíz Sacristán, Luis Téllez Kuenzler, Alfredo Elías Ayub, Felipe Calderón Hinojosa, Georgina Kessel Martínez, Jordy Herrera Flores, Alejandro Fleming Kauffman y Pedro Aspe Armella, entre otros.
Fotografía propiedad de Cuartoscuro
