Por Efrén Vázquez
“A la Comisión de Puntos Constitucionales, en fecha 08 de marzo de 2022, fue turnado con carácter de urgente para su estudio y dictamen el Expediente Legislativo No. 15138/LXXVI, el cual contiene escrito presentado por el CC. Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León […], mediante el cual presentan iniciativa de reforma integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León”.
Nadie sabe por qué el carácter de urgente de la solicitud del dictamen, el caso es que se satisfizo esa petición. Después de que la Iniciativa de Reforma Integral de la Constitución fue recibida el martes 8 de marzo en la Oficialía de Partes, el 17 del mismo mes la Comisión de Puntos Constitucionales dio a conocer el resultado de su dictamen.
Había argumentos para que se regresara a la Comisión dictaminadora; pero éstos no se hicieron valer. Aunque sí hay motivos de sobra para una reforma integral de la Constitución: problemas de reestructuración de la parte dogmática, orgánica y social; el galimatías que se ha hecho en diferentes partes del cuerpo normativo, técnicamente conocido como deficiencias de racionalidad lingüística y comunicativa de enunciados normativos.
Los motivos que se aducen para la reforma son otros, entre los que destaca que la Constitución ya es viejita porque tiene 104 años, fácilmente refutable.
Y, sin embargo, sin contratiempo alguno, 6 días después, es decir, el 23 de este mismo mes, el dictamen fue aprobado por unanimidad por el pleno de la LXXVI Legislatura, cumpliéndose así con el requisito de aprobación de la primera vuelta de la multicitada iniciativa, para que, según se ha dicho, en el siguiente período de sesiones, después de discusiones en mesas de trabajo, quede aprobada la segunda vuelta.
Pero ¿de dónde nace la idea de una nueva constitución para Nuevo León? Y, sobre todo ¿por qué tiene que ser urgente? Hasta parece que estamos ante poderosas fuerzas sociales que exigen una nueva Constitución.
Respecto a la primera pregunta, la idea de una nueva Constitución para Nuevo León ha sido inspirada por las reflexiones que hubo durante las conmemoraciones de los 100 años de la Constitución federal de 1917. En ese entonces, mucho se habló de la necesidad de reformar integralmente la Constitución de México, no para modificar su contenido deóntico por medio de un nuevo pacto social, sino sólo para reestructurarla desde una idea clara de sistema y teoría de los derechos humanos.
El prestigiado constitucionalista Diego Valadez fue uno de los promotores a nivel nacional de esta idea. En un evento académico efectuado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en fecha 7 de septiembre de 2017 dijo: “La Constitución Mexicana pasó de ser un contrato social a un contrato político entre los protagonistas de la política coyuntural; de ahí que, es urgente reestructurarla para que sea el instrumento de las reivindicaciones sociales y de la consolidación de los derechos de la ciudadanía”.
Tiene razón Diego Valadez, la Constitución, federal y estatal, es el resultado de un pacto social que contiene los valores esenciales que unifican la nación mexicana, valores que fundamentan las leyes que se derivan de la Constitución, los cuales no envejecen en un siglo.
Por consiguiente, como dice Diego, la Constitución no debe convertirse en un contrato particular que los partidos usen a su antojo para negociar, precisar y condicionar sus posiciones e intereses de grupo. Concluyo: sí hay que votar por una reforma integral de la Constitución pero, ¿por qué tiene que ser con carácter de urgente?
