Por Obed Campos
Ejidatarios del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, del municipio de Tulum, estado de Quintana Roo, denuncian públicamente su temor de ser víctimas de un fraude procesal contra dicha comunidad agraria, por parte de autoridades judiciales.
Los campesinos denunciantes son Joel Tovar Arcos, María Isabel Caro Zetina, Columba Archundia Garrido, Rodolfo Sosa Escobar, German Mondragón Correa, Lea Tun Cahuich, Juan Tun Mis, Dolores Aguirre Pérez y Xóchitl de la Paz Barquera Martínez.
El grupo advirtió que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado con sede en Cancún, Quintana Roo, podrían resolver el amparo directo 545/2021 en el sentido de que se reponga el procedimiento.
Esta, de acuerdo a los manifestantes, sería una “salida muy socorrida por los juzgadores en asuntos de relevancia”, pero también es una táctica de partes a las que no les asiste la razón, como una forma de ganar tiempo y mantener el mismo estado de las cosas.
Y pusieron como ejemplo reciente, cuando el día 14 de marzo de este año en el proyecto de resolución presentado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Ministro Alberto Pérez Dayán en el caso tan sonado de la señora Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, en el cual su proyecto de resolución era para efectos de regresar el expediente a la Juez del Sexagésimo Séptimo Juzgado Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
La intención era que dictara una nueva resolución, cuando se tenían todos los elementos para dictar una resolución de fondo que decretara la libertad de la señora Cuevas Morán, a todas luces víctima de un tremendo abuso de autoridad.
Al anunciar su voto en contra del proyecto, el ministro presidente Arturo Zaldívar consideró que de aprobarse el proyecto, “simplemente batearíamos el bote y dejaríamos a las partes que siguieran en un mar de laberintos procesales con grandes riesgos a la seguridad jurídica”.
Los campesinos advierten además que el reponer el procedimiento de manera indebida, “es una conducta delictiva prevista en el artículo 225 fracción VIII del Código Penal Federal, el cual tipifica el retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia”.
La representación legal de estos quejosos estiman, que, en caso, de reponerse el procedimiento sería burlarse de la ley por parte de los impartidores de justicia, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la justicia se impartirá de manera pronta, completa e imparcial.
Y la desconfianza crece entre los ejidatarios, por los antecedentes del magistrado Leonel Jesús Hidalgo quien fue designado ponente para elaborar el proyecto de resolución del Amparo Directo 545/2021, promovido por el Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, Quintana Roo.
Lo anterior porque como se puede apreciar en el Portal Electrónico VINICIO PORTELA PERIODISTA con la siguiente liga digital http://vinicioportela.blogspot.com/2011/08/abren-cloaca-en-el-poder-judicial-de-la.html en el cual el viernes 19 de agosto de 2011, se publicó el reportaje: “Abren Cloaca en el Poder Judicial de la Federación”.
En dicha publicación trabajadores del Poder Judicial Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denunciaron que los Magistrados Leonel Jesús Hidalgo y Arturo Palacios Zurita solo respondían al interés del dinero y del poder, y que los abogados litigantes conocían al magistrado Leonel Jesús Hidalgo por aquellas tierras como “el carero pero seguro”.
Cabe aclarar que los denunciantes en aquel momento prefirieron el anonimato, ante la falta de garantías que ofrecía en aquella época el Poder Judicial de la Federación y que sigue sin ofrecer.
Ante esto, los quejosos piden al Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y al Consejo de la Judicatura Federal intervengan para que la resolución del Amparo Directo 545/2021, que van a dar los Magistrados Jorge Mercado Mejía, Leonel Jesús Hidalgo y Santiago Ermilo Aguilar Pavón se apegue estrictamente al estado de derecho.
