Por Carlos Chavarría
Cada nueva administración plantea los mismos objetivos de mejora de los sistemas bajo servicio público, la salud, la educación, el mantenimiento de infraestructura, el agua, etc., y la actual administración no fue la excepción. Pero ¿por qué, desde que somos una democracia, los avances han sido muy lentos, de calidad comparativa cuestionable, y bajo un camino tortuoso?.
El presidente López Obrador se propuso que México tendría bajo su conducción un “sistema de salud como el de Dinamarca”. Se han planteado varias metas en cuanto a fechas y cobertura y, al parecer, fuera de más instalaciones y avances muy claros en tecnologías de información, la calificación de nuestro sistema de salud continua muy lejos de la aspiración presidencial [https://worldpopulationreview.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world].
Cabe aclarar que el término “salud” es un concepto difícil de definir y medir, pues concurren cuestiones sociológicas y económicas mas allá de los simples ordenes de magnitud entre países, pero si se revisa el caso de Dinamarca se aprecian importantes diferencias cualitativas y cuantitativas [https://www.healthcaredenmark.dk/media/ykedbhsl/healthcare-dk.pdf].
En cada área de interés existen en la sociedad organizaciones paralelas a las que opera el gobiernos federal y estatales y, en algunos casos, dentro de la órbita de este, como es SEDENA, PEMEX, y otras que muestran una diferencia ostensible en la calidad de sus servicios, que ya es comparable no solo con Dinamarca, sino con otros países mas [https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5043/10023].
Más aún, el llamado “turismo de salud” es un mercado en continuo crecimiento bien aprovechado por instituciones privadas dedicadas a eso [https://www.bancomext.com/blog-bancomext/mejora-tu-hotel/mexico-es-el-segundo-destino-de-turismo-de-salud-a-nivel-mundial/], y no solo es cuestión de precios; factor que sin duda pesa y mucho; sino porque demuestra que sí hay talento suficiente en nuestro país para atender el tema.
Si no es un problema de talento, supuesto que nuestro país prepara buenos médicos, enfermeras, así como maestros, ingenieros, etc., para operar todas las áreas que son comunes en el sector público, ¿entonces qué falla? La respuesta es simple: la estructura burocrática, entendida como el andamiaje de procesos, reglas, incentivos, y estructuras de mando, responsables de administrar el funcionamiento de las organizaciones.
Tenemos un conocimiento intuitivo de que las burocracias entorpecen el logro de objetivos y son difíciles de erradicar, porque como bien apunta Peter F. Drucker: “…una vez que algo cae dentro de la órbita de los gobiernos, se convierte en permanente al margen de sus resultados…”.
La clave para entender las fallas burocráticas es revisar los incentivos creados por la propia estructura de los gobiernos. Tendemos a culpar de los escándalos a los burocratas ineptos, pero los atributos del personal en el servicio público no son la clave para comprender el fallo burocrático, por ejemplo la Línea 12 del Metro de Ciudad de México.
Los trabajadores al servicio del Estado persiguen las mismas metas que el resto de nosotros, ganar más y avanzar en sus carreras. Pero en el gobierno esas metas interactúan con incentivos burocráticos para explicar las fallas. Enfrentan incentivos para actuar en contra del interés público, porque no operan dentro de un sistema que recompense la creación de valor (por ejemplo caso PEMEX y CFE).
En el sector público no existen riesgos de pérdida ni oportunidades de utilidades, en tal sentido, no se dispone de un modelo de incentivos y castigos objetivo para lograr la cooperación real para la mejora continua dentro de las organizaciones.
En el sector público no existe competencia pues todo se organiza como monopolios, algunos de tamaño monstruoso e inmanejable, sin competencia posible para medir deficiencias comparativas, además de que tanto la medición de resultados como la trasparencia son cuestionables políticamente. La verdad en nuestro país no se premia.
Como ya se apuntó antes, tanto la compensación como el despido en los gobiernos, son rígidos y planos en el caso de las primeras, e imposible en el segundo, lo que perpetua las malas prácticas trasmitidas generación tras generación de funcionarios.
Conscientes del problema de corrupción, las organizaciones y sus procesos se diseñan a partir de la desconfianza, creando un esquema de reglas que no busca la eficiencia y si entorpece el trabajo cotidiano.
La distancia entre el agente de servicio y el cliente usuario es demasiado grande, lo que invita a la superposición de burocracias donde cada una despliega sus propios mecanismos de control que aseguren la estabilidad política de cada uno y no los resultados.
Bajo prioridades políticas muy alejadas del servicio y la eficiencia, es sencillo que los grupos de interés, algunos ajenos y alrededor, y otros, personajes miembros del mismo sector público, capturen la agenda y se hagan del control del proceso de toma de decisiones, dejando poco espacio para construir una agenda de la largo plazo que vaya más allá de las utilidades de esos agentes, alejadas de las demandas de la realidad usuaria.
Las reformas, esas banderas discursivas tan socorridas en el sector público es otro de los propósitos encomiables de cada nueva administración y no funcionan en tanto no acabemos con las estériles discusiones ideológicas y bizantinas que caracterizan a la cultura latina en general.
Las organizaciones públicas de servicio, crecen hasta un tamaño tal, que resultan inmanejables, donde las burocracias privilegian su reproducción en una espiral de gasto imparable, es probable que muchas de ellas requieran una descentralización autonómica urgente a nivel regional dotándoles de incentivos apropiados para competir entre sí por la apreciación del usuario final de sus servicios.
En otros casos puede ser recomendable promover un concesionamiento parcial o total hacia el sector privado quedando sometido a la supervisión pública.
Ojalá que las prioridades de la agenda política se rediseñarán para que realmente comience a tener la preponderancia que le corresponde al interés del público usuario.
