A pesar de incumplir con la entrega de la mayoría de las unidades de transporte urbano, el Gobierno de Nuevo León pactó el arrendamiento de 600 camiones más; informó MILENIO.
Aunque la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad (IMA) autorizó ayer la adquisición vía arrendamiento full service de una nueva remesa de camiones, entre cuestionamientos de presunta falta de opacidad, apenas se han entregado o están operando 318 de las mil 200 unidades que forman parte del programa de movilidad y reestructuración del transporte público en el Estado.
De los transportes adquiridos vía arrendamiento full service a LDR Solutions, SA de CV, y Forza Arrendadora Automotriz, SA de CV, por dos mil 321 millones de pesos, en julio de 2022 solo han llegado 168 de 400 unidades de la marca Fotón.
Sin embargo, el IMA no aclaró que estuvieran operando, pero que el contrato ya fue cumplido en tiempo y forma, pese a que hay otros 200 camiones que se encuentran en Manzanillo en proceso de traslado a Monterrey y 32 más en proceso de entrega.
De la remesa de 800 camiones arrendados a la compañía de transporte Jeca Mobility, en conjunto con Thousand International Companies, SA de CV, y la Financiera Attendo, SAPI de CV, 150 ya están en operación en las calles y otros 90 en proceso de embarque.
El contrato de arrendamiento de estas 800 unidades para el transporte público fue adjudicado el pasado 10 de diciembre del 2021 por un monto de tres mil 936 millones de pesos.
La información fue dada a conocer por José Manuel Valdez Gaytán, director del IMA, durante la primera sesión extraordinaria de los integrantes del Consejo de la Junta de Gobierno del instituto estatal.
El funcionario estatal justificó el atraso de las unidades y afirmó que ya hay sanciones aplicadas a cada retraso a través de un tabulador.
“Las unidades cuando llegan a la entidad tienen que cumplir con requisitos de especificaciones técnicas de las unidades, para que puedan tener la conectividad que requiere, por eso es que aún y cuando llegan la ciudad, se tienen que equipar”, dijo.
Los representantes de organismos intermedios o de la IP como el Consejo Cívico y Caintra, y los trabajadores representados por centrales como la CTM, y Lorena de la Garza, legisladora local del PRI, así como el alcalde panista de Pesquería, Patricio Lozano Ramos, manifestaron su repudio en contra del arrendamiento full service de las unidades por la presunta falta de transparencia en el método adoptado por el Estado.
Imagen portada: Roberto Alanís | MILENIO
