El bloque de contención, integrado por la oposición, presentó el mayor número de acciones de inconstitucionalidad ante la Corte por diversos temas.
Desde 2018 que inició la legislatura con una mayoría morenista, el llamado Bloque de Contención en el Senado ha presentado el mayor número de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con 26 recursos, de las cuales, están pendientes por resolver cerca de 14 en distintas materias; informó MILENIO.
En contraste, de acuerdo con información de página oficial del Senado, en la legislatura anterior se presentaron dos acciones de inconstitucionalidad de este tipo por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como la Ley de Seguridad Interior; aunque también se hace referencia a un par más que caen directamente en el ámbito legislativo como la Ley General de Salud, la Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; de Extinción de Dominio, de Educación; entre otras.
Actualmente está pendiente que la oposición presente una nueva acción de inconstitucionalidad contra la segunda parte del llamado Plan B electoral aprobado por Morena y sus aliados, al concluir el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre de 2022.
La priista Claudia Ruiz Massieu señaló el 24 de marzo, que, a pesar de las diferencias que se presentaron en las últimas semanas dentro de su bancada, su grupo parlamentario continuará en el bloque impulsado las acciones de inconstitucionalidad necesarias “para denunciar la violación a la Constitución en distintas leyes que Morena en su mayoría ha podido aprobar”.
Ruiz Massiue recordó que el bloque ha presentado en los últimos cuatro años y medio 26 acciones de inconstitucionalidad en distintas materias, “desde la impugnación a la desaparición de los fideicomisos, por ejemplo, o a la Ley de Austeridad Republicana, a la Ley de Industria Eléctrica, a la reducción de los salarios de los funcionarios y servidores públicos y recientemente, a la primera parte del Plan B que se publicó en diciembre que tiene que ver con el modelo de comunicación política”.
Adelantó que “estamos preparando la acción de inconstitucional de la otra parte del Plan B que se estará presentando en los días siguientes. Entonces es un bloque que ha venido trabajando juntos”.
PAN, PRI, PRD, MC y el Grupo Plural redactan ya el primer documento para controvertir, el primer paquete de reformas publicado por la Cámara de Diputados, referente a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que según la oposición y expertos viola la Constitución; señaló MILENIO.
Entre los recursos presentados por la oposición en el Senado destacan la Ley de la Industria Eléctrica, la prolongación de las tareas de la Guardia Nacional hasta 2028, la llamada Ley Zaldívar, para que el ex ministro presidente ampliara su mandato, la extinción de fideicomisos, Ley de Telecomunicaciones, revocación de mandato, austeridad republicana, entre otros.
Senadores como el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, confían en que con la presidencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será más ágil en sus determinaciones y en varios de sus procesos.
“Quisiéramos que fuera más ágil, por supuesto, en sus determinaciones, que fuera mucho más ágil en varios de los procedimientos y ojalá que ahora en esta administración se pueda continuar y se pueda hacer énfasis en ello”, expresó.
El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México recordó que a la Corte le quedan por resolver al menos 14 acciones de inconstitucionalidad interpuestas por senadores de oposición y dijo que “todavía tenemos un tramo largo por resolver de temas coyunturales para el país”.
Mientras que el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, recordó que se encuentran en proceso de resolución temas de gran trascendencia, en los ámbitos de la seguridad, político- electorales, militares y de derechos humanos.
Entre ellos, subrayó las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica de la Armada de México, del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, tres controversias constitucionales y un amparo en revisión.
“Necesitamos un sistema judicial eficiente, oportuno y confiable, que nos dé a cada mexicano la certeza de que se actúa con absoluta imparcialidad, libre de presiones y en total apego a la legalidad”, agregó.
Inconstitucional
El 11 de octubre de 2022, el grupo parlamentario del PAN informó que 49 senadores de distintos partidos políticos interpusieron una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022, pues consideran que viola la Carta Magna al desplazar del ámbito civil al militar el control de la Guardia Nacional.
En mayo del 2022, senadores de oposición solicitaron a la Corte invalidar las reformas a la Ley Minera, que declaran al litio patrimonio de la nación, aprobadas por el legislativo y que fueron publicadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2022.
El bloque de contención presentó el 8 de abril de 2021 una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica argumentando que limita el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano, así como del Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpio y transición energética de los que México es parte, entre otros.
Mientras que la oposición presentó el 30 de marzo de 2022 ante la Corte un recurso para que legisladores, gobernadores y el Presidente de la República promuevan la revocación de mandato, pese a que el artículo 35 de la Constitución prohíbe difundir propaganda gubernamental durante el proceso de revocación.
El 16 de noviembre de 2021, el pleno de la Suprema Corte determinó declarar la inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio del Decreto de reformas de 7 de junio de 2021 en materia judicial; en sus disposiciones transitorias, la reforma proponía que se ampliara dos años más el periodo para el cual había sido elegido el ministro presidente Arturo Zaldívar, y los Consejeros de la Judicatura Federal, a pesar de que los artículos 97 y 100 de la Constitución establecen de forma expresa la duración de dichos encargos y el procedimiento de designación.
El 25 de octubre de 2021, el pleno de la Corte discutió el recurso presentado por la oposición en el Senado y la mayoría de los ministros declararon inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación reformados el 8 de noviembre de 2019, donde se proponían considerar como amenazas a la seguridad nacional delincuencia organizada, y delitos que amerita prisión preventiva oficiosa, los de: defraudación fiscal; contrabando y su equiparable; y, la expedición, venta y uso de facturas falsas.
El 14 de mayo 2021, el bloque opositor en el Senado presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad para impugnar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde se establece que ningún funcionario debe ganar más que el Presidente.
El 22 de diciembre de 2018, tres meses después de que inició la legislatura, la oposición presentó dos acciones de inconstitucionalidad. Una contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por la creación de comisiones presidenciales y otra por los superdelegados, argumentando que a esta última figura se les otorgan funciones de coordinación de las oficinas de representación en los estados y la asignación de facultades de supervisión sobre todos los servicios y programas a cargo de las dependencias y entidades local.
Otras de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el bloque de contención son por la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Decreto que abroga la Ley Orgánica de la Guardia Nacional. Ley Federal del Derecho de Autor. Adición de un párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Ley de Puertos.
Además, por la Ley General de Partidos Políticos y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación sobre la prohibición a la importación de todo tipo de cigarros electrónicos o vapeadores; así como la Ley de Disciplina Financiera; informó MILENIO.
