La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió a la Fiscalía de Nuevo León investigar y llevar a juicio a Miguel Ángel “N” –extitular del DIF de la demarcación– por la presunta manipulación de evidencia en el homicidio del adolescente de 14 años de edad, Ángel Manuel Moreno.
El menor con discapacidad habría “sido asesinado en las instalaciones de la Unidad Fabriles del DIF Nuevo León”, determinó el Ministerio Público. De acuerdo con la asociación civil, luego de sufrir “un shock hipovolémico a raíz de los golpes” recibidos por el funcionario Raymundo Francisco “N”, el adolescente murió el 8 de febrero de 2022.
En el caso, están implicados por el delito de encubrimiento Miguel Ángel “N”, quien tras los hechos decidió “cremar el cuerpo del adolescente para borrar evidencias” –ahora funge como presidente estatal del partido político Movimiento Ciudadano– y Mauricio Miguel “N” por “haber ordenado eliminar evidencias, manipular el sistema de videovigilancia y omitir reportar la muerte del adolescente con discapacidad a las autoridades competentes”, señaló Redim.
A más de un año del fallecimiento del menor, el pasado miércoles 17 de mayo fueron vinculados a proceso los exfuncionarios Raymundo Francisco “N” –prófugo de la justicia– y Mauricio Miguel “N”. En razón de ello, a través de un comunicado la Redim exigió que no quede impune la participación de Miguel Ángel “N” en los hechos. Ya que habría presentado un amparo para evitar ser imputado.
De igual manera, exigió a dicho partido político que, “en cumplimiento con lo estipulado por su Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria en los artículos 9, 74, 79 y 82 de sus estatutos”, separe del cargo al exdirector del DIF Nuevo León. Debido a que, de acuerdo con el artículo 25 de Ley General de Partidos Políticos, “estos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. Al tiempo que tienen el deber de promover valores cívicos y la cultura democrática. Así como la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes (…)”.
En un comunicado, la Redim expresó su solidaridad a la familia y amistades del menor. Además, reiteró su compromiso de seguir acompañando la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición de casos, “donde se vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado”.
Indicó que el caso debe sentar un precedente en Nuevo León y en el país. Pues representa “un llamado a todas las instituciones a cargo del cuidado y protección especial de niñez y adolescencia para recordarles que el escrutinio público existe y que el silencio jamás los dejará impunes frente a actos de violaciones a los derechos de niñas y niños”.
