Por Félix Cortés Camarillo
Denota una grave ignorancia e incompetencia el enfrenamiento que el gobierno del estado de Nuevo León ha emprendido a rabiar en contra de su Congreso local, que comenzó con una emperrada decisión sobre el nombramiento del fiscal del estado.
Aclaración pertinente: sí, es cierto que Zeferino Salgado y Francisco Cienfuegos son unos capi maffiosi de la política local. Sí es cierto que han esgrimido la débil figura de Adrián de la Garza para fastidiar a Samuelito y sus incapacidades para negociar, convencer y luego vencer: eso es, según me han enseñado, la esencia de ese mundo mágico que se llama política.
No obstante, eso no justifica que ante su impotencia, el gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León –tengo entendido que así se llama la entidad que Samuel gobierna- acuda al Congreso federal y al presidente de la República en pos de ayuda, pidiendo casi la intervención de poderes ajenos en los asuntos internos de Nuevo León.
Si eso es malo, peor lo es aún la desfachatez del presidente López, aunque ella sorprenda menos; ya nos tiene acostumbrados a ella. Lopitos, como es su costumbre, se pasa por el arco de la entrepierna los conceptos de soberanía y respeto a los otros poderes de la Nación, para expresar apoyo incondicional a Samuelito. Está seguro de que sus acólitos en las cámaras de Diputados y Senadores harán lo propio para ejercer presión política en un Monterrey que le es muy lejano en todos los sentidos de la palabra.
El presidente López, a pesar de lo que algunos piensan, no es tonto. Se da cuenta de que lo que está haciendo Samuel en Nuevo León es una réplica de lo que él intenta a nivel federal: consolidar el poder ejecutivo como la única instancia de fuerza política real, pasando por encima de todos los preceptos, principios y leyes que todos conocemos. Bueno, casi todos.
Ni el poder legislativo federal ni el ejecutivo de Lopitos tienen facultad alguna para modificar conductas y políticas a nivel de los estados. La única opción legal que tendrían, y eso muy cuesta arriba, es desaparecer todos los poderes en el Estado de Nuevo León, dado el carácter de ingobernabilidad de su situación actual.
Eso estaría por verse.
Sí, es imperativo aplicar en el estado la ley. Las leyes. Cumplir con el compromiso de someter a la justicia a los delincuentes, no solamente electorales, del presente y el pasado reciente. Y a propósito de los políticos mencionados, hay suficientes indicios de que se podrían abrir media docena de carpetas de investigación por delitos del fuero común y del federal en su contra. Y no son los únicos pillos que están pendientes de proceso.
Pero el incumplimiento de los compromisos de gobierno es una característica de esta administración, como lo es asumir que los problemas principales de los nuevoleoneses se solucionan simplemente haciendo una declaración de que ya no existen. Me refiero, desde luego, a la movilidad, el agua, al aire contaminado y la seguridad. Para ello, el recurso del método es simple: por ejemplo, pedirle a Lopitos que ordene un abaratado y reducido acueducto Cuchillo II, y a la virgen de la Cueva que llueva, que llueva. Acabado el problema hídrico por 50 años. Ajá.
En la misma tesitura, pedirle al presidente López que meta sus narices y sus manos en un pleito de verduleras entre los diputados y el Gobierno del estado. Como escolapio al que le dieron pamba sus compañeritos y corre chillando a con su papá.
PARA LA MAÑANERA (Porque no me dejan entrar sin tapabocas): La favorita Claudia Scheinbaum tenía razón: antes del aquelarre morenista de ayer, todas las brujas, quiero decir corcholatas, ya se habían puesto de acuerdo. A toda costa hay que inventar una argamasa, en su versión de promesas de premios de consolación, para evitar que Morena se desmorene, quiero decir se desmorone.