De 280 pesos mensuales que se debía cobrar a burócratas estatales por uso de estacionamiento E10, se cambió la tarifa a un peso sin aval del Consejo.
La Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de Artemio Garza Rodríguez, ex presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora, y de su entonces director general, Fernando Villarreal Palomo, por delitos contra el patrimonio del Estado, debido a que no se cobraron más de 26 millones de pesos por concepto de servicio de estacionamiento a empleados estatales; publicó MILENIO.
Información a la que tuvo acceso la plataforma MILENIO-Multimedios detalla que el viernes pasado se interpuso la denuncia, debido a que el Parque Fundidora, en lugar de cobrar una pensión a funcionarios estatales para el uso del estacionamiento E10, les aplicaba una tarifa de un peso.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción se indica que el 30 de marzo de 2017, durante el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, el Consejo del Parque Fundidora aprobó e instruyó a la administración del mismo realizar un cobro de 280 pesos mensuales como una pensión especial para los empleados y colaboradores del Gobierno del Estado que utilizaban el estacionamiento E-10, propiedad del organismo autónomo.
Esa tarifa fue ratificada el 28 de noviembre de 2018, mediante Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado.
El 17 de marzo de 2022, el director del Parque Fundidora, Jesús Horacio González Delgadillo, informó a la contralora estatal, María Teresa Herrera Tello, de una probable irregularidad en la administración del patrimonio del parque durante la administración 2015-2021, ya que no se cumplió con el cobro establecido.
González Delgadillo hizo del conocimiento que la entonces Presidencia Ejecutiva y la Dirección General del organismo establecieron una tarifa distinta a la autorizada por el Consejo de Administración, misma que se fijó en un peso.
Lo anterior, se aseguró, provocó una pérdida económica para el Parque Fundidora de 26 millones 229 mil 144 pesos para el periodo comprendido de abril de 2017 a la conclusión de la pasada administración.
Se indicó que la administración anterior del organismo presuntamente no realizó seguimiento al acuerdo aprobado por su Consejo, ni mostró la autorización de una tarifa especial de un peso mensual, actuando sin justificación jurídica y contraviniendo la normatividad aplicable.
En septiembre del año pasado, la Unidad Anticorrupción del Estado inició las investigaciones dentro de una auditoría interna al organismo descentralizado, por la presunta responsabilidad de las faltas administrativas en contra de los servidores públicos involucrados en observaciones.
La información arrojó que un total de mil 772 pensiones fueron registradas con una tarifa mensual de un peso, cuando la autorizada era de 280 pesos.
De agosto de 2017 a octubre de 2018 no se recibieron siete millones 442 mil 400 pesos, mientras que de noviembre de 2018 a diciembre de 2021 no fueron cobrados 18 millones 786 mil 744 pesos, dando el total de 26 millones 229 mil 144 pesos.
El recurso ante la Fiscalía Anticorrupción fue interpuesto por Ramón Pérez, titular de la Unidad Anticorrupción del Poder Ejecutivo de Nuevo León.
La semana pasada, la plataforma MILENIO-Multimedios informó que la Auditoría Superior del Estado reportó 123 observaciones no solventadas por un monto que asciende a 264 millones 411 mil 260 pesos en la pasada administración del Parque Fundidora, cuyo presidente del Consejo era Artemio Garza Rodríguez.
Según la Auditoría Superior del Estado, solamente se presentaron 14 millones 505 mil 481 pesos recuperables, lo que representa apenas el 5.49 por ciento del total no solventado en la administración del Parque Fundidora.
Imagen portada: Roberto Alanís | MILENIO
