Diputados del Congreso Local le exigieron al gobernador Samuel García, frenar el clima de violencia y persecución política tras el asesinato del director jurídico del Poder Legislativo, Ricardo Flores.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN, dijo que el clima de violencia física y verbal desde el Palacio de Cantera ha desembocado en hechos lamentables.
«Lo veamos como un ataque directo a los ciudadanos de Nuevo León. Vemos un incremento en la violencia en todo el Estado y una falta de resultados de parte del gobierno, Ricardo Flores es, fue nuevoleonés y servidor público que lamentablemente falleció».
«Ahora, a la persona responsable de representar al Congreso del Estado en los juicios y controversias constitucionales en contra de los actos arbitrarios del Gobierno, donde buscaba someter al Poder Legislativo a sus decisiones, lamentablemente fue ejecutado».
«Desde aquí, culpamos al gobernador por la escala de violencia que se vive en Nuevo León, por la violencia política, por la violencia física, porque él lo ha manifestado en varias ocasiones ‘ellos son mis peores enemigos'».
Acompañado de diputados locales y federales del PRI y el PAN, así como de alcaldes como de Lampazos, José Luis Santos; Agualeguas, Ignacio Castellanos Amaya, y General Bravo, Edgar Cantú, el líder de los legisladores panistas pidió a la Fiscalía General de Justicia investigar hasta las últimas consecuencias.
«Pedimos a la Fiscalía que se genere un dictamen y confiamos completamente en la Fiscalía para que pueda dar con los agresores de nuestro compañero Ricardo Flores que el pasado lunes le arrebataron la vida».
«No tienen nada de que haya recibido algún tipo de amenazas, como lo hemos manifestado, es quien lleva la representación del Congreso ante todos los ataques contra el sometimiento de este Poder Legislativo y los que conocemos directamente a Ricardo Flores«, dijo.
De la Fuente dijo que es un hecho lamentable, pues hay más de 680 asesinatos en Nuevo León.
El panista aseguró que legisladores han recibido mensajes intimidatorios y amenazas de parte de Miguel Flores, quien fue jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, hecho que fue avalado por Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso Local.
