Luego de que la plataforma MILENIO–Multimedios exhibió a dos ex alcaldes de Zuazua con una operación de compra-venta de un terreno municipal a ocho pesos, Fomerrey anunció que cancelará la escritura pública y presentará en conjunto con el Gobierno municipal una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por el presunto delito de abuso de autoridad; reportó MILENIO.
Eugenio Montiel Amoroso, titular de Fomerrey y del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, informó que emprenderá una estrategia legal de la mano de la administración que encabeza la alcaldesa Nancy Gutiérrez Arrambide.
“Estamos platicando con el municipio en ayudar para que ellos presenten la denuncia en conjunto con Fomerrey, pero que la presentación legal le corresponde al municipio; estamos contribuyendo con las autoridades municipales para que hagan lo conducente.
“Lo que buscamos es presentar tres denuncias: denunciar la cancelación de la escritura pública, denunciar la cláusula del patrimonio familiar que se hizo en 2019 y presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia por lo que se considere algo irregular”, dijo.
La plataforma MILENIO–Multimedios reveló el lunes pasado que el ex munícipe panista, Hernán Francisco Chapa Gutiérrez, vendió, cedió y traspasó un terreno municipal por ocho pesos a su sucesor, el morenista Pedro Ángel Martínez Martínez, que ya había sido denunciado penalmente por 25 predios más donados y comprados por su madre.
La investigación periodística arrojó que ambos ex alcaldes presuntamente hicieron negocio redondo para que se estableciera una tienda de conveniencia y cobrarle una renta mensual.
El predio en cuestión tiene una superficie de 367.30 metros cuadrados, identificado con el lote 0008 y de la manzana 0004, entre las calles Mezquital y Eucalipto, de la colonia Carrizalejo, en Zuazua.
La escritura pública fue expedida en forma correcta por Adalberto Núñez Ramos, titular de Fomerrey, sin embargo, lo que se evidencia es el dolo por parte de dos ex funcionarios de Zuazua que podrían haber cometido un presunto delito.
“Está bien expedida la escritura, aquí no hay dolo, porque se cumplieron los requisitos legales, lo que se está evidenciado es un presunto abuso de autoridad por beneficiarse de un programa de tipo social con personas que no tienen vulnerabilidad económica”, expresó.
Imagen portada: Leonel Rocha | MILENIO
