Por Obed Campos
Diego Sinhue Rodríguez, el joven gobernador de Guanajuato, debe de estar que ya no quiere queso, sino salir de la ratonera.
Y es que la entidad que le tocó gobernar es región de la más alta violencia de que se tenga historia en México.
Es profundamente desgarrador enfrentarse a noticias como la reciente masacre ocurrida en la Ex Hacienda San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato. La celebración, que debería haber sido un momento de alegría y encuentro, se convirtió en un escenario de horror cuando un grupo de hombres armados irrumpió accionando armas de fuego, sembrando el caos y la tragedia.
La pérdida de vidas humanas es siempre devastadora, y en este caso, la magnitud del sufrimiento es inconmensurable.
Entre las víctimas, se encuentra Thalía Cornejo, una joven que fue reina de la Feria de la Candelaria Salvatierra 2017, así como un miembro del staff del grupo musical Dinastía Cornejo que amenizaba la reunión. La brutalidad de este ataque dejará cicatrices imborrables en las familias afectadas y en la comunidad en general.
Ante tal acto de violencia, al menos por sus redes sociales el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, dijo que ha instruido a los cuerpos de seguridad para que, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, identifiquen y capturen a los responsables.
La solidaridad expresada por el mandatario y su compromiso con las familias afectadas son pasos esenciales hacia la justicia y la contención de la violencia en la región.
Pero una mención en X o Twitter no es solución ni remedio.
Y es que la tragedia no se limita a Salvatierra. El ataque armado en Salamanca, que resultó en la muerte de cuatro hombres y dejó a tres personas gravemente heridas en una barbería, pone de manifiesto la urgencia de abordar de manera integral y efectiva la creciente ola de violencia que afecta a diversas partes de Guanajuato… y del país entero.
Estos eventos son un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de nuestras comunidades y la necesidad de un enfoque coordinado para abordar las raíces de la violencia. La seguridad no puede ser un privilegio, sino un derecho fundamental para todos los ciudadanos. En estos momentos difíciles, es imperativo que las autoridades trabajen incansablemente para restaurar la paz y la confianza en la sociedad.
La violencia no puede convertirse en la norma, y es responsabilidad de todos, desde las autoridades hasta cada miembro de la sociedad, unirse en un esfuerzo conjunto para construir un entorno donde la vida y la seguridad sean prioridades innegociables. La pérdida de vidas inocentes no puede ser en vano; debe ser un llamado urgente a la acción y a la construcción de un futuro más seguro y justo para todos.
Y la pregunta obligada es cuándo se acaban los abrazos y comienza la acción legal.
