Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral revocó los plazos y requisitos para que Guadalupe Taddei concrete nombramientos en el INE, y por el contrario, le autorizó designar la encargaduría de la Secretaría Ejecutiva sin el aval del Consejo General e incluso, a una persona que no tenga una titularidad firme o que ya haya sido rechazada para otra dirección; informa MILENIO.
El nuevo bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó tres votos a favor y dos en contra, darle la razón a Morena, PRI y PT a favor de Guadalupe Taddei y tumbar el acuerdo que le imponía fechas límites y requisitos para nombrar más de una decena de vacantes de direcciones, unidades técnicas y la Secretaría Ejecutiva del INE.
Pero no sólo eso, el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto fue más allá y le autorizó mantener a las actuales encargadurías o nombrar nuevas si así lo prefería, incluía la de la Secretaría Ejecutiva pero esta vez, sin consenso, sin consultar al Consejo General, e incluso, con la posibilidad de elegir entre las personas que también ocupan encargadurías en otras direcciones, aunque hayan sido rechazadas para esos puestos.
Lo que para algunas consejerías del INE y magistraturas va en contra del Reglamento Interno del INE y concentra el poder unipersonal de Taddei por encima de sus pares y el órgano colegiado, lo que Mónica Soto rechazó después de casi tres horas de debate.
«Éste es un proyecto de legalidad que no está fortaleciendo ninguna facultad personal, difiero de algunas de las acusaciones que hizo el magistrado Reyes al proyecto y no coincido con hacerle deferencia al INE, yo presento un proyecto que propone respetar la ley.
«Niego señalamientos de que este proyecto fortalece atribuciones unipersonales, este proyecto fortalece el apego a la ley y tampoco podemos decir que ahora carece de autonomía el INE por resolver conforme a nuestras competencias».
En su presentación del proyecto, Soto expuso que imponer un plazo de 30 días para que Taddei presentara propuestas para más de una decena de nombramientos vacantes no está previsto en la ley, como tampoco tienen base legal los requisitos que solicitan para designar encargadurías de despacho y concluyó que el acuerdo aprobado por una mayoría violenta la subordinación jerárquica en el Consejo General.
«Estos requisitos y este acuerdo acota injustificadamente las facultades de la presidencia, va más allá de las previsiones legales y obstaculizan derechos con restricciones no establecidas en la ley».
Soto destacó que debe prevalecer la facultad discrecional otorgada a la presidencia «para que proponga a la persona que estime idónea, garantizando que cualquiera que cumpla con los requisitos vigentes pueda serlo».
Y que si la propuesta de la presidencia electoral no logra los ocho votos, «cuenta con la atribución de designar a una encargaduría de despacho y puede hacerlo de entre las directoras y directores actuales», por lo que consideró que, si en estos momentos las direcciones tienen encargadurías, también puede considerar a las y los encargados de despacho.
Esto, a pesar de que una de las quejas del Consejo General fue que Taddei nombró en las encargadurías a las personas que rechazaron por falta de idoneidad lo que implicaba una imposición que rechazaba los consensos.
El proyecto concluye que estas personas designadas por la consejera presidenta, pueden permanecer en estos puestos como encargadas de despacho hasta que concluya el proceso electoral, al menos de que en este lapso, lleguen a un acuerdo que permita hacer nombramientos definitivos con los ocho votos necesarios para ello.
El magistrado Felipe Fuentes fue el primero en respaldar el proyecto al considerar que la única facultad que tiene el Consejo General es aprobar o rechazar la propuesta de la consejera presidenta, más no imponer requisitos o plazos que carecen de base legal.
A lo que se sumó el magistrado Felipe De la Mata quien inició sosteniendo que «la verdad es que la ley sí es la ley y hay que cumplirla, y la ley se encuentra por encima de los reglamentos, y abajo de los reglamentos pueden estar los acuerdos que deben estar sujetos a los reglamentos y a la ley».
Destacó sus las facultades de la consejera presidenta sí están en la ley y no pueden acotarse por una mayoría de consejeros a los que quizá no les guste la ley pero que tienen que cumplirla.
«El plazo de 30 días no está en ninguna ley, puede ser por una buena razón pero el plazo no está en la ley; prohibir nombrar a personas rechazadas por el Consejo General tampoco está en la ley y restringe a otras personas que quieran participar; que deben pertenecer al área es otra restricción que tampoco está en la ley. Pueden ser buenas ideas pero deben estar respaldadas con la ley».
Por lo que con estos tres votos, lograron mayoría para darle la razón a las quejas de Morena, el PRI y el Partido del Trabajo en favor de Guadalupe Taddei.
SE concentrará poder unipersonal y discrecional en Taddei: Otálora
La primera en manifestarse en contra del proyecto de Mónica Soto fue la magistrada Janine Otálora, quien sostuvo que esta sentencia concentraría el poder unipersonal en Guadalupe Taddei, que está por encima del Reglamento Interno del INE, que las decisiones son colegiadas y que la consejera presidenta abandonó sus facultades de hacer propuestas al extender excesivamente las encargadurías que sólo deben ser provisionales, a lo que se sumó Reyes Rodríguez Mondragón.
«¿Por qué el legislador reservó la facultad de designación al Consejo y no a una facultad unipersonal a la presidencia? Porque ello garantiza que las personas que se nombren respondan al colegiado y no a una sola consejería, para que no sean consideradas como cuotas a una sola o a un solo de sus integrantes.
«No es cierto que se trate de una decisión impuesta por seis consejerías para acotar las facultades de la presidencia. Entender de modo diverso la facultad discrecional de la presidencia implicaría entender que se le concede una cierta atribución para obstaculizar los trabajos de sus propios pares o el derecho a no nombrar vacantes por parte de la presidencia».
Y recalcó que si hay una exigencia de las y los consejeros es porque Taddei ha incumplido con su responsabilidad de hacer nombramientos en tiempo y forma.
«Basta que exista una vacancia para exigir el deber de nombrar y que la presidencia cuente con tiempo prudente.
«Y las vacancias no pueden extenderse más allá de un tiempo razonable para analizar una propuesta, y es evidente que esa atribución se ha dejado de ejercer por voluntad propia desde hace más de 10 meses y ha convertido estos cargos en un tipo de excepcionalidad permanente».
Otálora inició señalando que lo único que compartía, era la propuesta de rechazar la queja de Morena y PRI por presunta violencia política en razón de género por parte de las y los seis consejeros que aprobaron el acuerdo en contra de Guadalupe Taddei.
Pero se separó del resto del proyecto pues recordó que en el Instituto Nacional Electoral las decisiones recaen en un colegiado y no en una presidencia de figura unipersonal, por lo que en todas las decisiones el Consejo General tiene por igual obligaciones y responsabilidades.
«No es posible deducir que entre la presidencia y demás consejeras exista supra subordinación o cadena de mando como sugieren los partidos, sino que todas son parte de una autoridad colegiada incluso cuando a la presidencia se le confieren algunas atribuciones colegiadas.
«Ahora se le faculta para algunas decisiones unilaterales cuando resulta obvio que si la presidencia no ejerce su atribución de presentar propuestas, el Consejo General no puede ejercer sus atribuciones legales».
La magistrada también advirtió que habilitar nuevas facultades para que Taddei pueda nombrar a otras personas encargadas de despacho, contraviene el reglamento que establece que solo se puede elegir encargaduría de la Secretaría Ejecutiva a una persona con nombramiento de dirección ejecutiva.
Y concluyó su posicionamiento destacando que «la democracia exige de demócratas y esto no sólo es partidos, también para integramos órganos colegiados, respetando decisiones de las mayorías».
A lo que el magistrado Fuentes replicó que «si bien para la democracia se requieren demócratas, también implica el respeto a la ley y a la subordinación jerárquica que están claras en la ley, por más facultades que pueda tener el Consejo General».
En su primera sesión sin ser magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que el proyecto «se basa en concentrar las facultades en la presidencia, cuando solo puede proponer perfiles, pero es el Consejo General el que tiene la facultad legal y constitucional de nombrar, valorar y designar».
Y criticó que el proyecto abra la puerta a que la consejera presidente nombre incluso a personas ya rechazadas.
«¿Cómo puede ser que se permita que la presidenta pueda de manera unilateral nombrar a quienes no fueron aprobados por el consejo para el cargo?, ¿cómo es posible que se justifique que una persona que el colegiado rechazó ahora sea nombrada de manera unilateral? El proyecto permite que la consejera presidenta designe entre quienes ya fungen como encargadurías de despacho que eso sí va en contra del reglamento interno del INE
«Las titularidades no puede ejercerlas alguien que no sea directivo. Es básico en la jerarquía. Yo me pregunto si estos nuevos parámetros no violan el deber jerárquico a la ley, hay que tener deferencia al Consejo General, este proyecto nombra otras normas que no van de acuerdo con la autonomía del INE. Parece que privilegia el derecho de una alta funcionaria pública por encima de los derechos».
Sin embargo finalmente el proyecto se aprobó con una mayoría de tres y el plazo que vencía el próximo 16 de enero para que Taddei hiciera nombramientos, queda sin efectos.
Imagen portada: Jorge Carballo | MILENIO
