Por Francisco Tijerina Elguezabal
Los derechos individuales no están sujetos al voto público; una mayoría no tiene derecho a votar la derogación de los derechos de una minoría. // Ayn Rand
Los funcionarios públicos y los políticos deberían de tantearle el agua a los camotes cuando se enredan en los temas de lo “políticamente correcto” y en especial cuando pretenden prohibir una fiesta como la tauromaquia.
Y es que basta con una simple comprobación para darse cuenta de que el discurso de lo que en la obviedad de nuestras modas pareciera realidad, resulta que no es tal, porque no es verdad que los “antitaurinos” sean en México una mayoría, como tampoco lo somos los amantes de la Fiesta Brava; en términos absolutos quienes conforman el núcleo mayor son aquellos a los que el asunto les vale un cacahuate, pero que de cuando en vez se aparecen en una plaza de toros.
El domingo, luego de un año y ocho meses de estar cerrada por un amparo, hubo una corrida en la Plaza México y antes de iniciar un grupúsculo de no más de 40 personas insultó y agredió física y verbalmente a los aficionados que iban llegando al coso, así como a vendedores de comidas y souvenirs que estaban en los alrededores. Repito, no eran más de 40, sin embargo dentro de la plaza se congregaron casi 40 mil personas.
Ayer una juez dio entrada a un nuevo amparo para prohibir la celebración de festejos taurinos en la Plaza México y con ello la posibilidad de que continúe la temporada que tiene programados dos festejos los días 4 y 5 de febrero.
Joaquín López-Dóriga entrevistó al gerente del coso de Insurgentes, Mario Zulaica y le preguntó si era posible que el nuevo amparo hubiese sido concedido por una juez “antitaurina” y su pregunta me hizo reflexionar.
La Fiesta Brava es una actividad lícita en México que paga impuestos, genera empleos y una importante derrama económica. Puedo comprender los ánimos de quienes pretenden defender a los animales, pero creo que su lucha es más mediática que real, dado que no actúan igual ante la muerte de miles de animales de todas las especies producto de fenómenos naturales como la sequía o inundaciones.
¿Una juez antitaurina? Me parece que el juez no puede, ni debe, actuar en función de sus gustos, aficiones, filias o fobias y debe cuidar en todo momento el derecho de todas las personas, no sólo los del grupo con el cual se identifica.
Pero más allá de eso, vistos los simples números, ¿por qué no entenderán nuestros políticos la verdad innegable del número de personas que entran a una plaza y los que protestan afuera?
Habrá que recordarles que los 40 mil que están disfrutando de la corrida son casi todos mayores de edad y votan, de manera que si les prohíben algo seguramente lo recordarán al momento de ejercer su sufragio.
Saquen cuentas nada más.
