Las llamadas de emergencia por abuso sexual se duplicaron en los últimos siete años, un fenómeno social que se explicaría en dos dimensiones, una buena y una mala; publica MILENIO.
Mientras que la lucha del movimiento feminista logra motivar a mayor cantidad de mujeres a denunciar y buscar auxilio, por otro lado, un buen número de víctimas no tienen los medios a su alcance para denunciar o comprobar que la capacidad de reacción de las autoridades puede ser muy lenta.
Una investigación de MILENIO, anclada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revela que las llamadas al 911 para pedir auxilio por agresiones relacionadas con el abuso sexual crecieron 104 por ciento, las emergencias pasaron de 3 mil 925 en 2016 a 8 mil 001 en 2023.
El porcentaje de aumento coincide con la tendencia en la cantidad de denuncias ante un Ministerio Público, las cuales escalaron un 90 por ciento en el último lustro.
Las especialistas consultadas coinciden en que la visibilización de un problema ancestral que sólo se denunciaba a susurros y entre cuatro paredes, está adquiriendo tonos de gritos de auxilio.
“El movimiento feminista ha evidenciado la violencia de género en nuestros hogares o en diferentes círculos donde las mujeres nos desarrollamos.
“Se ha enfatizado hasta el cansancio que este tipo de violencia existe”, asegura Elsa Arista, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza.
Considera que la marcha del 8 de marzo de 2020, cuando empezó la pandemia por covid-19, manifestó la violencia de género en el país y obligó a las instituciones a tomar medidas para atenderla.
Una de esas consecuencias fue instaurar líneas telefónicas para atender la violencia en casa.
“No quiere decir que, porque yo llame, en este caso por violencia sexual, me vayan a atender rápidamente, pero existe la opción de llamar”, dice Arista, quien es abogada que acompaña a víctimas de violencia de género.
Fue en el transcurso de la pandemia –declarada en México desde marzo de 2020– cuando se visibilizó lo que estaba pasando en los hogares.
“Se exigió atención porque los ministerios públicos no atendían. Las instituciones estaban cerradas y las denuncias eran por internet. Se hizo más constante esa violencia porque antes no convivíamos tanto con quienes nos agredían”, recuerda.
Considera que, por esa razón, de 2020 a 2023 se desató una ola de llamadas. “También tiene que ver con que hay una conciencia, no generalizada, de que lo que está pasando no está bien. Que las agresiones sexuales, ya sean de tu pareja o familiares, se tienen que denunciar”.
Apenas hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que entre 2021 y 2022 casi un millón de mujeres pidieron ayuda jurídica o psicológica a causa de violencia sexual. La mayoría de los agresores eran sus compañeros sentimentales o ex parejas.
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y emocional de las víctimas, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) tramitaron 232 mil órdenes de protección en ese periodo.
No todas saben o pueden denunciar
Pese a que la brecha digital e informativa es muy grande, más gente llama para reportar la violencia sexual. La violencia de género, en general, está más visualizada por las redes sociales en lugares donde no existe esa brecha y donde, al contrario, hay una infraestructura amplia de información, analiza Miriam Pascual, quien acompaña a mujeres víctimas de violencia a través de Yuremi AC, que pertenece a la red del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Según los datos oficiales, los estados con más casos de llamadas de emergencia, por cada 100 mil habitantes de enero a diciembre de 2023, son:
Baja California
Sonora
Quintana Roo
Chihuahua
Ciudad de México
Colima
Coahuila
Baja California Sur
Nuevo León
Yucatán
Estas 10 entidades sobrepasan la incidencia de la media nacional, que es de 6.1. De ellas hay seis entidades del norte del país, dos en la península yucateca, una en el centro y otra en el occidente. Pero que entidades del sur como, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas y Guerrero no aparezcan en los primeros lugares con más llamadas, obedece a diversos factores.
Denunciar o no vía telefónica o de manera presencial obedece a condiciones económicas, de educación, de acceso a la cultura y de acceso a una vida digna, señala la abogada Elsa Arista.
En decenas y decenas de comunidades no hay la posibilidad de marcar al 911, por ejemplo. “Son muchos factores determinantes para que las mujeres ocupen los medios disponibles. En otros estados, o no se conoce la línea o no está sirviendo”.
Miriam Pascual comparte que algunos informes, previos a la pandemia, detallaban que cuatro de 10 personas víctimas de abuso sexual denunciaban en un Ministerio Público. De las denunciantes, cinco de cada 10 eran menores de 15 años, y el 90 por ciento era mujer.
“Son niñas que lograron llegar al Ministerio Público a denunciar a sus agresores, la mayoría familiares. Más de la mitad de los delitos denunciados se cometían en el entorno familiar.
«Con esto podemos entender más el contexto sociológico del fenómeno”, advierte la abogada especialista en litigio con enfoque de derechos humanos.
Durante la pandemia, refiere, niñas grabaron a sus abuelos o tíos y usaron las redes sociales para denunciarlos. “Subían los videos a Facebook porque no tenían una red de apoyo que les creyera”, dice Miriam Pascual, y por ello muchas víctimas no figuran en los datos oficiales. Muchas veces por esa falta de red de apoyo las mujeres no se atreven a formalizar una denuncia “y hay una cifra negra muy alta”.
Es fundamental, agrega, que se hable de sexualidad con las personas menores de edad. “Se considera que hablar con menores de este tema es enseñarles a tener relaciones sexuales. Y no, es mencionar la prevención, y eso es importante porque no tienen la edad mental para entender qué sucede y eso los coloca en mayor situación de vulnerabilidad”.
Ausencia de acciones preventivas
El aumento de las llamadas de emergencia por abuso sexual coincide con el aumento de las denuncias por el mismo delito en todo el país: hay un notable incremento de 90 por ciento en los últimos cinco años. Si en 2018 se presentaron 18 mil 875 querellas ante el Ministerio Público, para 2023 ascendieron a 35 mil 928.
Se registran estos ascensos porque no existe un análisis de contexto por parte de la política pública mexicana, dice Miriam Pascual.
“El Estado mexicano no ha podido proteger a las víctimas. No realiza cuestiones preventivas.
Un Estado que respeta los derechos humanos se va a los orígenes de factores y contrarresta, pero no existe eso. Es muy importante el tema de la prevención y el acceso a la justicia más allá de una carpeta de investigación”, comenta.
Insiste en que “durante este sexenio no se hizo énfasis en una transversalización de la perspectiva de género en todas las entidades públicas. Al contrario, siento que fue algo de lo que se omitió hablar, algo que se le preguntó al presidente en las mañaneras y siempre le dio vueltas”.
La abogada Elsa Arista indica que en Nos Queremos Vivas Neza resultó toda una sorpresa que en 2023 se conocieran el número de casos de niñas agredidas sexualmente por sus familiares, tíos y padres.
“No es que antes no sucediera, sino que ahora ya se denuncia. Ya se toma el teléfono, ya es opción, aunque después venga el proceso jurídico. Lo importante es si las instituciones van a solucionar el conflicto. Uno, que se le crea a la niña. Dos, que las sentencias contra quienes generan estas acciones de violencia sexual sean adecuadas”, señala.
“Está normalizada la violencia sexual porque para la cultura misógina nuestros cuerpos pueden ser tomados. Son objetos de consumo para esta visión machista y es por eso que sucede en nuestro propios hogares”, contextualiza.
Ante este tipo de delito que se ha cometido de manera constante desde hace años, quienes cambian la visión y pensamiento son las mujeres. “Ya denunciamos, ya no es motivo de vergüenza, ya no es nuestra culpa. Antes nos hacían sentir culpables de las agresiones. Y aún los violentadores siguen con el discurso: ‘es que ella quería’”.
Hay mujeres que ya no regresan al Ministerio Público porque se sienten revictimizadas. Al no darse el trato adecuado a una víctima de violencia sexual, lo que provoca es que esta ya no regresa ni continúa el proceso. “Aunque son delitos graves que se persiguen de oficio”, enfatiza Arista.
“Las niñas se enfrentan a la propia familia, que siempre en estos casos se divide y una parte está a favor de quien ejerció el delito, [por ello] es muy importante que ahora se esté hablando. Son pasos para cambiar la situación y deseamos que las instituciones acompañen a las mujeres en estos procesos de cambio”, resume Elsa Arista.
Imagen portada: MILENIO | Diseño: Óscar Ávila
