El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón advirtió que desatar una discusión sobre la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, no pone en riesgo a las autoridades electorales en este momento, pero sí busca alargar la discusión en medio del proceso electoral, distraer y desgastar la confianza ciudadana hacia quienes validarán la elección.
“No es riesgo presentar una iniciativa, pero puede tener consecuencias no deseables porque en este momento debemos concentrarnos en las elecciones. Y sí tenemos una consecuencia respecto de la confianza a las autoridades electorales después de varios años discutiendo un Plan A, un Plan B, un Plan C, y hoy, otra vez iniciativas, porque esta discusión se ha alargado desde el 2021 y sí hay un desgaste de las instituciones electorales al estar constantemente siendo objeto de un cuestionamiento por distintos actores, ya sea a través de iniciativas o de un ejercicio de confrontación con quienes ejercemos la función electoral.
“No quiero decir que estemos libres de rendir cuentas o de la crítica, sino que ya prácticamente tres años de discusión en torno al diseño de las autoridades electorales y al sistema de organizar elecciones, sí se siente en los indicadores de la salud de las autoridades electorales, porque construir confianza institucional cuesta trabajo y es responsabilidad de todos los actores políticos y públicos y de la ciudadanía”.
En entrevista con MILENIO, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacó que otra estrategia que coloca a las instituciones en una cuestión de vulnerabilidad, es la de mantener los plenos incompletos, para “abaratar el costo” de los actores políticos de intentar “convencer” a menos magistraturas, rumbo a la validez de las elecciones y frente a cualquier juicio electoral.
“Este cambio en estas mayorías también genera cierta vulnerabilidad institucional porque digamos, se abarata el costo para los actores externos, de convencer o de generar acercamientos con menos magistraturas, que por un colegiado constitucionalmente contemplado como de siete.
“Sí es un signo de debilitamiento institucional el hecho de que las autoridades electorales no estén debidamente integradas. Esas son fallas del sistema electoral actual, están vacantes sillas en seis Salas Regionales, dos en Sala Superior, 36 magistraturas de 107 en los Tribunales Estatales”.
El magistrado recordó que el mantener a la Sala Superior con cinco de las siete magistraturas implicará que, para la validez de la elección de la Presidencia de la República, que la Constitución exige ser realizada con seis magistraturas, se convocará a la decana de las salas regionales que votará en un proceso que no conoció desde el inicio.
“Esto implicará que si el Senado no nombra para cuando lleguen los juicios de inconformidad, se resuelva y se califique la elección inicial, el pleno tendrá que llamar a la magistratura decana, pero en condiciones muy distintas a nosotros, porque no observó todo el proceso, no participó en juzgar los distintos juicios y controversias relacionados con la elección presidencial”.
Rodríguez Mondragón señaló que la reforma tiene varios puntos que deberán debatirse, como acabar con los plurinominales que busca darle pluralidad al Congreso de la Unión y corregir “las distorsiones” del método de elegir candidaturas por mayoría; o intentar llevar a jueces y magistraturas a las urnas, cuando el Poder Judicial no tiene la función de representar ideologías de votantes.
“Las personas propuestas serán de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, eso tiene ya en sí mismo un ingrediente político, y la votación será sin financiamiento y con distribución de tiempos de radio y televisión del Estado, lo que limita, entonces, lo razonable a esperar es que los partidos políticos sean actores determinantes en esa promoción de la participación ciudadana, eso choca con la concepción de un Poder Judicial que no es representativo.
“La función judicial no es de representar intereses o ideologías de votantes, la función judicial es la de un tercero que ante un conflicto entre dos partes va a aplicar reglas existentes de manera objetiva frente al conflicto, y la única ideología es constitucional y de formación jurídica, no representante la ideología de los votantes, eso tensiona con la propia función de quienes imparten justicia”.
Y recordó que basta observar a Bolivia, el único país que tiene un diseño para elegir jueces y juezas federales a través del voto popular.
“Y ese sistema no tiene buenos resultados o los que se planteaban como con una impartición de justicia de mayor calidad y de mayor atención a las problemáticas sociales”.
Por lo que reiteró que en este momento, las autoridades electorales y los actores políticos deberían estar enfocados en la contienda electoral y no generar distracciones con iniciativas como ésta.
“No es el momento de estar discutiendo reformas electorales, porque nuestro esfuerzo como autoridades electorales están enfocados, en el caso del INE de organizar una elección y en el caso del TEPJF de ejercer un arbitraje y resolución de conflictos ante las demandas que presenta la ciudadanía en ejercicio de sus derechos y los partidos”.
Imagen portada: Cuartoscuro
