El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto que dispuso la intervención de los medios públicos, por un año, el pasado 2 de febrero. Esta decisión molestó a los bloques en la Cámara de Diputados, previo a la votación de la “Ley Ómnibus”, lo que implicó que ésta no pasara.
El decreto 117/24 dispone la “intervención de EDUC. AR SOCIEDAD DEL ESTADO, de TÉLAM SOCIEDAD DE ESTADO, de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO, y de CONTENIDOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO” por el plazo de un año y podrá ser prorrogado por la jefatura de gabinete de ministros por una única vez.
Las medidas consisten en designar interventores que tendrán la tarea de elaborar un plan de reformulación en los medios mencionados, modificar los estatutos del personal, evaluar el régimen de recaudación de fondos, modificar reglamentos y estructuras, operar y mantener las sociedades, realizar una auditoría integral, entre otras actividades.
Para poder aplicar el “decretazo”, el presidente argentino se amparó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, un recurso que le otorga facultades extraordinarias, y por encima de la Constitución, al mandatario argentino. Asimismo, nada aprobado por el DNU 70/2023 puede ser subsanado por el Congreso.
El anuncio de este decreto se dio momentos previos a la aprobación, en lo particular, del proyecto hasta el momento más ambicioso de Javier Milei: la “Ley de Bases y Condiciones para la Libertad de los Argentinos”, también conocida como “Ley Ómnibus”, que busca desregular la economía y restarle poder al Estado.
Tras la decisión, algunos bloques de la Cámara de Diputados dieron un paso atrás a la aprobación de la “Ley Ómnibus”, como fue el caso de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Incluso, el presidente de los diputados de La Libertad Avanza (el partido de Javier Milei), Oscar Zago, reprochó: “teníamos acordado otra cosa”.
Cabe señalar que el mandatario argentino designó como interventor de los medios públicos a Diego Martín Chaher, y como interventor adjunto a Diego Sebastián Marías. Ambos estarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que encabeza Nicolás Posse. Tanto Chaher como Marías son abogados. El primero fue gerente por casi dos décadas de la empresa de multimedios argentina Grupo América; mientras que Marías tiene una amplia carrera en el sector público.
Por otro lado, la intervención a los medios públicos causó indignación entre algunos sectores de la sociedad, como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), ya que, entre otras cosas, el decreto 117/24 atenta contra la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, publicada en el 2009, que declara la actividad de los servicios de comunicación como de “interés público”.
Después de que el oficialismo no consiguiera los votos necesarios para pasarla, la “Ley Ómnibus” volverá a comisión, lo que significa que iniciará el proceso de aprobación desde cero.
Imagen portada: SPR Informa
