Por José Jaime Ruiz
Ni siquiera con el Cártel Inmobiliario hay piso parejo, la cancha está dispareja: a Santiago Taboada, sus cómplices y la oposición, les permiten mentir, a los candidatos y personajes de la 4T no les permiten decir la verdad: Taboada es el líder del Cártel Inmobiliario. Y ni siquiera hay que escribir de inequidad porque para la oposición no hay medidas cautelares para sus mentiras y sí medidas cautelares para las verdades de la 4T, burlas veras de las autoridades electorales de la Ciudad de México. El IECM convertido en cómplice de Santiago Tajada y censor de la 4T y su libertad de expresión.
El miedo no anda en burro, pero sí en elevador de edificios inmobiliarios; al elevar, al escalar el apoyo y protección del Instituto Electoral a la candidatura de Taboada, la mezcla se echó a perder y lo que se concretó fue el crecimiento del rechazo ciudadano a la corrupción inmobiliaria, las tajadas. Taboada ganó en la complicidad del Instituto Electoral para acallar el tema, pero perdió ante el voto ciudadano: la candidatura de Santiago Tajada está cerrada por derribo. Hay tiros que no aquilatan, “aculatan”. La censura catapulta la tendencia al alza de Clara Brugada y sella la derrota de Santiago.
Para el Instituto Electoral, o Inquisición Electoral, existen “excesos” al derecho de la libertad de expresión, pero, que se sepa, esos excesos no están tipificados en alguna ley. Lo que ha sido un exceso, por ejemplo, es la campaña de “narcopresidente” pagada en redes sociales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la de “narcocandidata” en contra de Claudia Sheinbaum y ninguna autoridad electoral las ha condenado o, al menos, impuesto medidas cautelares. Las calumnias contra la 4T no son condenadas; las verdades contra el PRIAN sí lo son e, inclusive, las autoridades blindan, protegen, solapan a los candidatos de oposición.
La corrupción inmobiliaria ya se encuentra en el catálogo de delitos de la ciudad, pero las autoridades electorales no coadyuvan a la legalidad, cómplices del Cártel Inmobiliario solapan con sus medidas esa corrupción. Dictatoriales, inquisidores, censores de la libertad de expresión, amenazan a los ciudadanos –con su medida cautelar de mordaza–, con sanciones individuales: amonestación, multas de medio millón de pesos y el uso de la fuerza pública. El Instituto Electoral al servicio de PAN y de Santiago Tajada a quien el futuro ya no le depara un lujoso departamento del cártel sino, es muy probable, una crujía.
