Por José Jaime Ruiz
El Plan C inició esta semana con la democracia deliberativa en el Congreso federal. Ante la democracia participativa del 2 de junio que dio una nueva representación popular, no hay vuelta de hoja: democratizar al Poder Judicial, acabar con los privilegios de la casta divina, del Cártel de la Toga encabezado por Norma Piña; un poder sometido a la soberanía del pueblo y a sus intereses, no a los intereses de la oligarquía, de la delincuencia de cuello blanco ni a la delincuencia organizada.
Ayer los ministros de la Suprema Corte enseñaron el cobre del «gradualismo» pero, se sabe en política, el gatopardismo es vertical, no horizontal, no democrático: «Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie». No fue ese el mandato de las urnas, no se trata de conceder, se trata de ceder, fueron derrotados y el Plan C va. El cambio de régimen implica como condición del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, dar el salto cualitativo de la democracia representativa a la democracia participativa, la autogestión y la revocación de mandato para funcionarios de todos los poderes.
La corrupción no es parte del Poder Judicial, es el Poder Judicial mismo. Corrupción que provoca impunidad y Cártel de la Toga al servicio de la oligarquía, esos pocos privilegiados, delincuentes de cuello blanco y delincuencia organizada. La arenga de Norma Piña a su tropa judicial cayó en el vacío. Derrotada por las urnas y derrotado el Cártel de la Toga, en su desesperación, acuden a los trabajadores del Poder Judicial para que los amparen, para que los arropen. La arenga de “unidad” de Norma Piña descorre el clasismo de un poder dividido entre la casta divina y los trabajadores judiciales. Para que el Plan C se cumpla, también hay que aprovechar las fallas estructurales y horadarlas, confrontar a los trabajadores con la casta divina: apoyar a los trabajadores judiciales para dinamitar el Cártel de la Toga.
La arenga de Norma Piña es un grito desesperado. Más que arenga, lamento. Representante deslustrada del antiguo régimen, Norma Piña quiso incidir en la 4T. Basta recordar su soborno a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en un desayuno, cuando se discutía la necesidad de pasar la Guardia Nacional a la Sedena: “Tú tienes que estar contenta porque a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional porque tú eres la secretaria de Seguridad”. Norma Piña no pudo transar con la 4T y regresó a lo suyo, es decir, cenar tórridamente con Alejandro Alito Moreno y algunos miembros del Tribunal Electoral para organizar el lawfare, el golpe de Estado blando.
En su puesta en escena en redes sociales, la oratoria deliberativa de Norma Piña implica un discurso exhortativo que raya en la sedición, pero ¿cómo convencer a la tropa judicial que ha sido históricamente despreciada por la élite? Hay que educar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia en la retórica de la arenga (desde Esquilo, Heródoto y Tucídides). Arengar a la tropa judicial sin argumentos sólidos solo exhibe la distancia abisal entre actuarios, secretarios y oficiales judiciales, por ejemplo, y la casta divina que goza de prerrogativas insultantes, apoyos, fideicomisos y salarios altísimos e inconstitucionales.
La arenga al vacío de Norma Piña: “Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales”. Al contrario, vivimos tiempos de certidumbre, el voto masivo a favor de Claudia Sheinbaum, el Plan C y el Segundo Piso de la Cuarta Transformación avalan nuestra certeza social, política y económica. La tropa judicial, por otro lado, tiene asegurados sus derechos laborales, lo que está en el banquillo de los acusados son los privilegios de la élite judicial, la casta divina, el Cártel de la Toga… también la tropa judicial se cansa de tanta pinche transa.
