Los poderes judiciales de las entidades federativas, donde se procesan los delitos que más impactan a las personas, como robos, extorsiones y homicidios, están rebasados de trabajo; comunicó MILENIO.
Las causas penales iniciadas duplican a las que se cierran; como resultado, la acumulación crece y en algunos estados hay jueces que lidian con promedios de 200 hasta 800 casos simultáneos.
De los casos que se desahogan, solo uno de cada 10 llega termina con una sentencia; el resto de los procesos se cierran por soluciones alternas, por cancelaciones del proceso, o por acuerdos en donde el propio procesado acepta declararse culpable. Eso sí: 90 por ciento de sentencias del fuero común que se imponen son condenatorias.
Jueces locales, siempre saturados
La iniciativa de reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, y que ahora se discute en diversos foros, no solo plantea la elección de jueces federales por voto directo, sino que la misma fórmula se aplique en todos los poderes judiciales de los estados.
Para conocer las cargas de trabajo con la que lidian estos jueces locales en materia penal, y que heredarían quienes los sustituyan, MILENIO revisó los datos oficiales más recientes de recursos humanos y procesos penales reportados en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La estadística muestra que en el año revisado (2022) los poderes judiciales estatales iniciaron 237 mil 752 nuevos procesos bajo el sistema penal acusatorio. En ese mismo periodo desahogaron, al menos en primera instancia, 111 mil 620 procesos.
Los casos terminados equivalen a sólo el 47 por ciento de los que se iniciaron. Es decir: los nuevos procesos penales superan en más del doble a los que se pudieron cerrar con algún tipo de resolución. Por cada caso que se cierra hay dos nuevos que se inician.
Al cierre de 2022 los procesos penales que quedaban pendiente de resolución en todos los juzgados locales del país, tomando en cuenta los que ya se venían arrastrando de años previos y los nuevos iniciados, ascendían a 387 mil 945 de acuerdo con el referido censo del Inegi.
Cientos de casos por cada juez a cargo
De acuerdo con el censo de Inegi, en el país hay mil 785 jueces locales que se desempeñan en el sistema penal acusatorio. Son ellos los que tienen a cargo la resolución en primera instancia de los procesos penales. Sobre sus manos está, por ejemplo, la resolución de los 387 mil 945 procesos penales que quedaban abiertos al cierre de 2022.
Si todos esos procesos penales se distribuyeran de forma pareja entre los jueces penales del sistema penal acusatorio en los estados, a cada uno de ellos les tocaría resolver 217 casos en promedio. Se trata de la media nacional.
Pero en realidad cada estado debe hacerse cargo de sus casos con sus propios jueces. En ese contexto, MILENIO identificó que hay 16 estados en los cuales la cifra de procesos penales en curso por cada juez va de los 200 hasta los 800 casos.
El foco rojo es Puebla, donde de acuerdo con el registro oficial hay 27 jueces penales para 22 mil 177 procesos penales que estaban pendientes de concluir al cierre del año, lo que repartidos significa un promedio de 821 casos por cada jueza o juez disponible.
Una situación similar es la de Tabasco, cuyo Poder Judicial reportó 35 mil 567 procesos penales en curso frente a 48 juzgadores con las que se cuenta, arrojando un promedio de 741 casos para cada uno. Después de ello están Baja California, Coahuila y Veracruz, cuyo promedio se ubica entre los 440 y 480 causas penales por cada juzgador.
En los poderes judiciales de Hidalgo, Quintana Roo, Durango, Sinaloa, Guerrero, Estado de México y Tamaulipas, las causas penales pendientes superan las 300 por cada juez disponible. Mientras que en Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, la proporción es superior a los 200 casos por juez.
Entran más de los que salen
En 31 de las 32 entidades federativas los poderes judiciales abrieron más causas penales de las que resolvieron. Ello incide en la acumulación de cargas de trabajo para los jueces.
Un caso claro es Baja California, cuyo Poder Judicial reportó solo 848 causas penales terminadas en 2022, 3.6 por ciento respecto a las 23 mil 875 causas iniciadas ese mismo año; esta es una de las entidades donde los jueces enfrentan mayores cargas de trabajo con más de 400 procesos por cada uno.
Otro ejemplo es Veracruz, que en 2022 reportó 686 causas penales terminadas frente a las 9 mil 661 iniciadas. Por ello, en dicha entidad el promedio de procesos en curso supera los 400 por juez.
Tabasco, otra de las entidades con jueces saturados, reportó mil 307 causas penales terminadas en 2022, que no es ni la quinta parte de las que se abrieron ese mismo año: 7 mil 366.
La excepción es Ciudad de México, única entidad del país que en 2022 reportó un balance superior de casos terminados, 25 mil 958, respecto a los iniciados, 21 mil 274. Sus 152 personas juzgadoras estaban a cargo, al cierre de ese año, de 93 casos pendientes, menos de la mitad del promedio nacional.
Imagen portada: Andrés Lobato | MILENIO
