Por Félix Cortés Camarillo
Apenas conocemos, y en segmentos inciertos, el proemio del tremendo drama (sic: del que se debe temer) que se esconde tras la maniobra para sacar de México y entregar a la justicia de los Estados Unidos a dos importantes personajes del narcotráfico internacional, uno más que el otro, sin duda. Quedan muchas dudas sobre los detalles de lo poco que sabemos y demasiadas especulaciones sobre lo que se adivina que nos harán saber.
En esa andanada informativa que se desatará más tarde que temprano, el enigma básico es qué tanto de ello conoce y conocía el presidente López, y hasta qué grado está personalmente involucrado.
Probablemente a ello se debe que Lopitos haya desatendido su proyecto principal de consolidación de su poder permanente, una vez que el chanchullo de la sobrerrepresentación en el Congreso le ha dejado garantizada la Constitución que se le dé la gana diseñar: la toma del poder judicial a todos los niveles. Pero hoy, al presidente López le preocupa ahora más lo que sin duda sabe y dirá -si es que no lo hizo ya- el Mayo Zambada, aunque para ello tiene preparado el recurso de sus otros datos, que son -por el momento- inobjetables.
Eso no le quita importancia histórica a la transformación de la estructura jurídica de México que está gestada, redactada y ordenada desde el poder imperial y que de hecho está ya aprobada por mayoría absoluta. Pese al sainete, para no apartarnos de la terminología teatral, que el cuatrote ha organizado en cuatro puntos de la geografía para unos supuestos foros disfrazados de discusión de una orden indiscutible.
Lo cual no significa que la procuración, administración e impartición de la justicia en México no requiera una reforma radical. Serían suficientes dos ejemplos recientes para documentar esa necesidad: la excarcelación del gober precioso de Puebla o la incineración a toda prisa del cadáver del ex rector Héctor Cuén asesinado en Culiacán. Ambos casos no solamente fortalecen la convicción de la corrupción en el aparato judicial, desde los agentes del ministerio público hasta las ministras de la Suprema Corte que falsificaron su tésis de abogacía, sino la impreparación de sus intsrumentadores, incapaces de hacer bien siquiera una maldad. Pero el asunto reside en que la intención no es mejorar el sistema hudicia, sino destruírlo para poner en su sitio a uno más dócil, maleable e igual de corrupto aunque peor de torpe.
Antes del asunto Zambada, Lopitos hizo exégesis de sus dos principales objetivos: la elección por voto directo del pueblo bueno, de todo tipo de jueces o instrumento de justicia y su peregrina idea de que siempre será mejor un juez jóven recién salido de la carrera de leyes que
un experimentado legista. El equivalente a que en el caso de una cardiopatía seria, yo prefiriése exponer mi pecho abierto al bisturí de un jóven recién graduado de la facultad de medicina, que a la mejor eminencia del Instituto de Cardiología. Hay que ver.
Uno de los defectos más graves y de reciente aparición en el sistema judicial de nuestro país es imitación de un patrón gringo: el testigo protegido. Como bien se sabe, consiste en una negociación entre la justicia y el criminal, para reducirle a éste la penalidad en proporción a las delaciones que pueda hacer sobre las culpas de sus cómplices o jefes.
A todas luces es evidente la ausencia de ética en una conducta que da crédito a un infractor de leyes en supuesto afán de aplicarlas; pero así es. Aqui y allá. Ahora, lo que el Mayo Zambada sabe y puede decir -verdadero o fabricado- tiene atemorizado a más de un prominente
político mexicano.Se les volteó el chirrión por el palito diría mi abuela.
PARA LA MAÑANERA, (porque no me dejan entrar sin tapabocas): el golpe de Estado al Congreso mexicano es un hecho. Las minorías de oposición han de ser por un tiempo un ornato inútil y meraamente mediático a la voluntad del señor.
