En medio de la controversia que ha desatado la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar al Poder Judicial, los nombres de Uriel Villegas Ortiz y de Vicente Antonio Bermúdez han vuelto a resonar al consolidarse como un claro ejemplo del riesgo al que están sometidos los impartidores de justicia en México; informó MILENIO.
Los homicidios cimbraron las entrañas de la judicatura federal pues, pese a que ocurrieron con cuatro años de diferencia, sus historias coincidieron en que ambos llevaron casos penales relacionados a la delincuencia organizada y narcotráfico.
Si bien en el caso de Vicente Antonio Bermúdez las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que su asesinato fue planeado por su propia esposa para cobrar su seguro de vida, durante su gestión como Juez de Distrito del Estado de México fue el encargado de llevar el juicio de amparo indirecto que el líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, promovió para solicitar la protección de la justicia federal en contra de la Ley Nacional de Ejecución de Penas en 2016.
Uriel Villegas, por su parte, fue adscrito como juez de distrito de procesos federales en marzo de 2017 en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No.2. Años más tarde, al también llamado penal de Puente Grande en Jalisco fue trasladado el mismo Z-40.
Pese al trágico final que ambos impartidores de justicia tuvieron y que sus carreras coincidieron en diferentes etapas del proceso que enfrenta uno de los líderes criminales más sanguinarios que ha operado en México, a el Z-40 no se le ha relacionado directamente con los crímenes.
No obstante, sus casos sí figuran como el arquetipo de un modus operandi que el otrora jefe de plaza de Los Zetas y sus cabecillas han puesto en marcha no solo para evitar su extradición a Estados Unidos sino también para continuar operando sus negocios criminales desde prisión.
Las amenazas de Los Zetas a impartidores de justicia
El 15 de julio de 2013, tras un intenso operativo desplegado por elementos de la Secretaría Marina (Semar) en el municipio de Anáhuac, Nuevo León fue detenido Miguel Ángel Treviño Morales, uno de los objetivos prioritarios de la entonces llamada Procuraduría General de la Justicia (PGR).
La aprehensión de quien logró consolidarse como el máximo jefe de Los Zetas fue anunciada por las autoridades con bombo y platillo, sin embargo, ese sería solo el inicio de una ardua batalla legal que, entre amenazas y múltiples traslados de penales, han impedido la extradición del Z-40 a Estados Unidos.
En enero de 2024, fuentes de inteligencia revelaron al periodista Gaspar Vela para MILENIO que los fundadores de Los Zetas han logrado evitar comparecer ante la justicia estadounidense mediante una estrategia de amedrentamiento a los jueces que llevan sus casos, además de que siguen operando y manteniendo su poderío dentro y fuera de los penales.
A los cabecillas del que algún día fue el brazo armado y paramilitar del Cártel del Golfo también se les relaciona con el asesinato de al menos 10 custodios de los diferentes centros federales de reinserción social en donde han estado recluidos.
Adicionalmente, destaca que en los diversos penales en los que ha estado preso, Miguel Ángel Treviño Morales ha gozado de beneficios que van desde desayunos con fruta fresca, celdas privilegiadas y hasta visitas conyugales habituales.
Con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, el Z-40 buscó los medios para evitar ser trasladado del penal del Altiplano, donde fue recluido por primera vez luego de su detención.
Al respecto, la defensa del líder de Los Zetas promovió un juicio de amparo indirecto. El asunto quedó en manos del juez Vicente Bermúdez, a quien Treviño Morales le hizo llegar un recado:
«Sr. Juez de Amparo contrario a lo que manifiesta el representante de la Cámara de Senadores en el presente me afecta la nueva Ley en muchos aspectos […] me afecta porque con esa ley no hay presunción de inocencia y que soy procesado por lo tanto soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario, y esa ley nueva dice que los procesados y sentenciados por delincuencia organizada es lo mismo, el mismo trato […] así que le pido valore bien las cosas«, escribió con su puño y letra el líder de Los Zetas en un comunicado recuperado por ZETA Tijuana.
Una audiencia más tarde, a el Z-40 se le negó la suspensión definitiva de su recurso legal, lo que derivó en su traslado del penal de El Altiplano.
Con dichos precedentes, entre los impartidores de justicia en México se ha sembrado el temor de tener en su manos el destino de cualquier líder criminal que, a través de amedrentamientos, busquen frenar los procesos en su contra, un detalle que fue considerado dentro de la polémica iniciativa de reforma al Poder Judicial realizada por el oficialismo.
Los jueces sin rostro
Información recabada por el periodista Rubén Mosso para MILENIO sostiene que, durante 2023, 54 juzgadores que llevan casos que involucran a integrantes del crimen organizado recibieron protección ante amenazas creíbles en su contra.
La latente amenaza en contra de los impartidores de justicia figuró en la actualidad como un punto a considerar dentro de la polémica reforma al poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras un prolongado debate y a consideración de la protección de los jueces, la tarde del pasado 26 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aceptó la incorporación de la figura de los «jueces sin rostro» en la controversial iniciativa.
“Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”, añadió la legisladora de la bancada guinda Lidia García.
El argumento del grupo parlamentario de Morena apunta a que la protección de identidad de los impartidores de justicia figura como un mecanismo de seguridad, no obstante, se contrapone a la misma intención que tiene la reforma judicial de que los jueces sean electos popularmente.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció señalando que, aunque la figura impide conocer la identidad de las persona que juzga así como valorar su idoneidad y competencia, resulta necesario garantizar la no vulneración del derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial.
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