Por Emerson Segura Valencia
El 22 agosto de 2013 senadores eran citados en el Auditorio Nacional para ser trasladados en autobuses al Centro Banamex rodeados por cientos de policías y granaderos del entonces Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera. El Centro Banamex, sería utilizado como sede alterna en el marco del periodo extraordinario de sesiones. Esa decisión se tomó ante el bloqueo y las manifestaciones que mantuvieron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Paseo de la Reforma 135 y el Palacio de San Lázaro, en rechazo a la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Una reforma punitiva y que obedecía más un orden laboral y sindical que a la mejora educativa en el país. En fast track y con una mayoría artificial se aprobó la reforma educativa, misma suerte que tuvo la reforma energética aprobada en diciembre del mismo año. En la discusión de esta última, Andrés Manuel López Obrador realizó un plantón a las afueras de la Cámara Alta pero el 3 de diciembre fue ingresado al hospital por un infarto agudo al miocardio. Horas antes de su hospitalización había dicho que, de aprobarse la reforma energética, promoverían un juicio en tribunales internacionales contra el presidente Enrique Peña Nieto. La reforma fue finalmente aprobada el 12 de diciembre por PRI-PAN-PVEM-Panal.
El peñismo pasó a la historia no por haber aprobado 11 reformas estructurales, sino por ser un gobierno que, a punta de “moches” bajo el sello del Pacto por México, privatizó y hundió al país en un profunda crisis política y social.
Hoy, 11 años después la realidad es distinta. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, alcanzó 36 millones de votos y en el Congreso, la voluntad popular ha otorgado al gobierno una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, está a solo un voto de obtenerla.
Este martes inició la discusión de la reforma al poder judicial en medio de manifestaciones y protestas de trabajadores del poder judicial que tomaron los accesos de la Cámara de Diputados. Ante esto, los legisladores sesionaron en una sede alterna, la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. ¿El motivo? Su rechazo a la reforma judicial impulsada por el actual gobierno, una reforma que plantea una elección extraordinaria en la que mediante el voto popular se renovarán en 2025 los cargos de mando del Poder Judicial (9 ministros de la SCJN; 2 magistraturas vacantes de la Sala Superior del TEPJF; 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; La totalidad de las 15 magistraturas de las cinco salas regionales del TEPJF; la mitad de los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito de todo el Poder Judicial de la Federación). La reforma además propone la figura de los jueces sin rostro en casos de delincuencia organizada; la prohibición para la creación de fideicomisos y; plazos para los asuntos tributarios.
La diputada del PAN, María Josefina Gamboa, acusaba en la sesión en el Deportivo Magdalena Mixhuca que “un gimnasio” no era lugar apropiado para sesionar, “no está hecho para eso… ¡esta no es la sede, no es constitucional” señalaba la diputada entre gritos. Sin embargo el artículo 292 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala “que en caso de que exista algún impedimento para que las diputadas y los diputados se reúnan o sesionen en el recinto legislativo los órganos de gobierno habilitarán sedes alternas para desahogar el trabajo legislativo de manera semipresencial con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las y los trabajadores empleados y funcionarios públicos de la cámara…”.
Por su parte, Rubén Moreira, viejo lobo conocido en el Congreso, aseguraba que “se deben respetar las dos suspensiones de los jueces”, haciendo referencia a las emitida por la jueza quinta de distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, y del juez tercero de distrito de amparo y juicios federales en Chiapas, Felipe V. Consuelo Soto. Extraño posicionamiento para un legislador experimentado que prefiere que el congreso se vea acotado en sus funciones y atribuciones.
A lo largo del sexenio, la oposición fue incapaz de esbozar una causa o una idea y hoy, se atrinchera en la supuesta defensa del poder judicial.
El cambio de régimen político que vivimos también toca las dinámicas y procesos legislativos. A pocas horas de iniciada la sexagésima sexta legislatura vemos cuál será el tono de una intensa confrontación y deliberación pública, donde los “moches” y la simulación han quedado atrás.
