Un juez federal de Colima otorgó la cuarta suspensión provisional que ordena detener el proceso legislativo de la iniciativa de reforma al Poder Judicial que se discutirá en el Senado; informa MILENIO.
Francisco Javier García Contreras, juez Segundo de Distrito en la mencionada entidad, concedió la medida cautelar a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
La fundación impugnó la iniciativa que propone reformar adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución; la omisión de emitir el dictamen respectivo dentro del plazo previsto para ello, así como la omisión de declarar la caducidad del proceso legislativo de reformas a la Carta Magna, entre otras.
La suspensión otorgada ordena que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución, en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como en todas las legislaturas del país.
Sin embargo, como ya se realizó la discusión, análisis y votación del dictamen correspondiente, en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado con 22 votos a favor y 17 en contra y cero abstenciones, se ordena frenar la discusión en el Senado , así como en las legislaturas estatales correspondientes.
“Respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, es necesario tener presente que la suspensión es una institución de orden público que tiene como propósito fundamental preservar el estado de derecho, pero sobre todo, paralizar los actos de cualquier autoridad que se aparten de la ley y de la Constitución, por tanto, este juzgador federal considera que resulta procedente conceder la medida cautelar”, detalla el acuerdo.
El juzgador fijó para el 12 de septiembre la audiencia donde definirá si concede la suspensión definitiva.
Esta suspensión se suma a una otorgada por un juez de Chiapas y a dos más que concedió Martha Magaña López, jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos.
Ayer, en uno de los dos procesos que lleva la jueza Magaña, otorgó una suspensión definitiva que ordena frenar por tiempo indefinido la reforma judicial, y advirtió que de lo contrario se incurrirá en desacato y se daría vista al Ministerio Público Federal por el delito de abuso de autoridad.
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