Durante décadas pelearon por ser parte de las decisiones más importantes en México. Y lo hicieron desde lejos, como migrantes. No fue sino hasta la LXV legislatura, que acaba de concluir, que se les dio paso en bloque. Hay lecciones positivas y negativas, claroscuros y deudas; informó MILENIO.
Los 10 diputados que lograron hacerse de una curul en 2021 como representantes de la diáspora mexicana lo hicieron por la vía de representación proporcional, y si bien presentaron en total 74 iniciativas enfocadas en el tema migratorio, al final únicamente lograron consolidar seis de ellas.
A saber:
- Que baste presentar el acta de nacimiento del extranjero para que se le dé la nacionalidad a los hijos de mexicanos;
- Que este mismo documento sea suficiente para demostrar la nacionalidad de cualquier paisano;
- Que sea obligación al Estado mexicano de apoyar proyectos de federaciones y clubes de migrantes mexicanos;
- Que a quienes están en el éxodo en tránsito por el país sólo se les pida documentos en los puntos de revisión migratoria;
- Que bajen los costos de trámites migratorios en el país y el decreto estrella:
- La eliminación de la apostilla, un trámite burocrático que se había convertido en el dolor de cabeza de los más de 300 mil repatriados y sus hijos que cada año buscan reintegrarse a México.
¿Fue mucho o poco? Según el cristal con que se mire. A algunos de esta camada los sorprendió la inexperiencia o el desconocimiento técnico; a otros, las mañas de los partidos para meter a su gente como “falsos migrantes”; se estrellaron con la estructura de trabajo para lograr la aprobación de leyes que requieren consensos, toma y daca político y hasta con las reformas que fueron prioridad de la llamada Cuarta Transformación.
“De cualquier forma, lo más importante es que pusimos el foco en donde antes no se ponía, hicimos ruido”, dijo a MILENIO el diputado por Morena Mario Torres, oriundo de Veracruz con residencia en Los Ángeles. “Visibilizamos los problemas aunque no pudiéramos concretarlos en leyes”.
Diputado migrante, una figura mejorable
Daniel Tacher, experto en los derechos políticos de los mexicanos que trabaja en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, coincidió en que la figura de la diputación migrante pasó por muchas pruebas y en adelante deberá perfeccionarse.
Queda en manos de los partidos garantizar que, en primer lugar, quienes llegan a esos escaños, sí sean migrantes, y esto se logra con requisitos más estrictos, dejando a un lado sus propios intereses. Hoy por ejemplo se les pide que comprueben nada más seis meses de residencia en el exterior, y no se les exige registro legal a las organizaciones de oriundos a las que supuestamente pertenecen.
Fortalecer y capacitar a los liderazgos es otra lección: “El Legislativo requiere mucho conocimiento técnico. Olga Leticia Chávez (de Morena), por ejemplo, no tuvo un equipo de asesores propio porque desconocía que tenía esos derechos, y ahora que se reeligió esperamos que su aprendizaje anterior le haya dejado buenas bases”, comenta Tacher Contreras.
Desde su perspectiva, los diputados deben saber cosas básicas como dónde están los espacios reales de poder. Si bien hay 500 diputados, “los que cuentan son los coordinadores de los grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones y los de la junta directiva para lograr colocar una iniciativa, o sea, en total deben saber convencer sólo a unos 50”.
Como colega del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Raúl Torres, del PAN, observó que hace falta que los legisladores migrantes del Congreso de la Unión federal sean incluidos en la Constitución –como ocurre en la carta magna de la capital– y no solo como una acción afirmativa que se puede echar para abajo en cualquier momento.
Otra deficiencia, añade el panista, es la falta de exigencia de resultados: “Firmamos ante notario que a la mitad de la legislatura, si no hemos sacado iniciativas que se voten, renunciemos, yo sería el primero en firmarla”.
Pero, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados que determinó el bajo rendimiento en la labor legislativa?
No empujaron la agenda migrante
Jorge Insunza Armas, Eliseo Campeán y Ana Valenzuela Sánchez, tienen en común mucho más que su afiliación política al PAN: llegaron a sus escaños entre impugnaciones y acusaciones de ser “migrantes fake”, falsos.
También los tres se dedicaron a avalar con su firma –es decir, fueron adherentes– miles de iniciativas ajenas mientras que no propusieron ni una decena de proyectos propios para beneficio de los migrantes, la encomienda por la cual llegaron al Legislativo.
Lejos de la frontera norte, Jorge Insunza, líder panista en el Estado de México, apoyó más de 2 mil iniciativas pero solo fue autor de siete, y de estas sólo una tuvo relación con la diáspora mexicana. Su interés estaba en otro lado: en los seguros de vida, los títulos de crédito, la exportación de totoabas…
Eliseo Compeán, de Delicias, Chihuahua, fue aún menos cuidadoso con las formas: exhibió 2 mil 16 proyectos de decretos en su página oficial, aunque nada más cinco fueron de él y, de ellos, ¡ninguno tiene relación con la migración!
De hecho, en su biografía no destaca ninguna trayectoria migratoria salvo un documento de renta que presentó para acreditarse como residente en California que tenía fecha justo cuando él fue presidente municipal.
Se interesó, en efecto, en los derechos sociales en el sector rural, al agua, la atención a personas con discapacidad y de los pueblos originarios; el impacto climático y el abandono de niños y ancianos. Para esos asuntos empujó leyes.
El caso de Ana Valenzuela, de 32 años y oriunda de la Ciudad de México, se justifica mejor. Al menos presentó 11 iniciativas centradas en la comunidad en el exterior, casi la mitad de sus 23 proyectos de decretos que no obstante resultaron mínimos frente a los mil 443 que apoyó como adherente de otros diputados o como parte de su grupo parlamentario.
Valenzuela sí logró que se aprobara su iniciativa para disminuir los costos de la documentación migratoria pero dejó en el tintero la creación de la Unidad Especializada para la Protección y Seguridad de las Mujeres en la Frontera Norte, además de no conseguir lograr que se transparenten los procesos de deportación de indocumentados desde México.
Ser aplicaron, pero hallaron resistencias
Del otro lado de la moneda se ubican los legisladores que sí se centraron en la causa y firmaron muchos menos proyectos ajenos que sus correligionarios.
Elvia Martínez, jalisciense de origen y empresaria en Chicago, avaló un total de 237 iniciativas; de las cuales, 215 fueron ajenas y 22 suyas; de éstas últimas, 18 fueron con intención de mejorar a la comunidad radicada en Estados Unidos, donde ella tiene su residencia permanente.
Ella fue la autora de las leyes que eliminaron la apostilla, que declararon inconstitucional la revisión de migrantes fuera de los puntos de tránsito internacional y aquella que permite a los extranjeros nacionalizados participar en la función pública.
En entrevista con MILENIO, afirmó que hubiera sido más fructífera si en el Congreso hubiera más empatía. A un paso de dejar su oficina, detalla que “lo más complicado fue luchar contra la insensibilidad de algunos legisladores que estaban más atentos a los lineamientos de su partido. Yo presentaba las propuestas y votaban en contra, era increíble, como cuando quería exigir más garantías a los trabajadores migrantes temporales”.
Otro de los diputados más fecundos en las propuestas a favor de las comunidades binacionales fue Alejandro Robles, de Morena, a pesar de que su arribo al Congreso como titular generó muchas críticas porque su experiencia de residencia en el exterior se resumía a un par de años en Canadá –como prófugo de la justicia–.
De las 118 iniciativas que destaca en el sitio web oficial se sabe que firmó únicamente 17 para otros y fue el autor de 101, de las que 18 estuvieron enfocadas en el éxodo y las otras, en medio ambiente, además de ir en contra de la pedofilia o la destrucción de bienes públicos.
Fracaso en todas: 97 quedaron como “pendientes”, cuatro fueron “desechadas” en comisiones y tuvo que retirar una de ellas a pesar de las buenas intenciones. Entre ellas estuvo una para obligar al Estado a proteger a los trabajadores internacionales en América del Norte, independientemente de su condición migratoria, crear un seguro para los mexicanos en el exterior, e inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda Migrantes Mexicanos, Héroes de la Patria.
“Una iniciativa necesita tener una solidez jurídica clara y el 99 por ciento de las que se presentan en México (y en el mundo) no la tienen, porque la finalidad es otra, como quedar bien con el electorado, el partido, el momento político”, explica el analista político y legislativo Fernando Dworak. “Entonces, no llegan al pleno”.
Y cuando llegan a aprobarse, pasan a otro desafío: que el Estado consolide en reglamentos lo aprobado en el Legislativo.
Eso lo sabe bien María Elena Serrano, priista cuya familia emigró a Estados Unidos en 1964. Ella logró que se aprobara su iniciativa para dar certeza jurídica a los migrantes de que serán apoyados por los tres niveles de gobierno cuando utilicen remesas colectivas en México a favor de sus comunidades, pero hasta la fecha no se ha anunciado un programa similar al extinto 3×1 que quitó de un plumazo la Secretaría de Hacienda en este sexenio.
Se llamaba 3×1 debido a que por cada peso que aportaba una organización o grupo de migrantes, los gobiernos federal, estatal y municipal daban otros tres a través de la extinta Secretaría de Desarrollo Social.
Serrano es la tercera legisladora con más foco en la agenda migrante. Tiene nueve iniciativas como autora del total de las 42 que avaló, esto es, el 19 por ciento. Dejó en la congeladora la propuesta de hacer obligatorias las candidaturas migrantes porque eso se logró después de que organizaciones demandaron a los partidos ante el Tribunal Electoral.
“No quiten el dedo del renglón”
Los claroscuros de la primera generación de congresistas migrantes pasan por iniciativas osadas, otras reiterativas y algunos clichés. Como muestra de intrepidez, Alejandro Robles –el que estuvo en una situación comprometedora en Canadá– pretendió con un proyecto de decreto que los cónsules fueran electos por los mexicanos de cada ciudad en el extranjero donde serán representados.
Olga Leticia Chávez, promotora del voto demócrata en Estados Unidos y militante de Morena, quien hizo 46 propuestas avaladas –12 como iniciante, seis sobre migración, una aprobada–, dejó pendiente el decreto que impide salir al extranjero a los padres deudores de pensión alimenticia.
El veracruzano de nacimiento y hoy angelino Mario Torres insistió en ampliar el permiso de temporalidad de importación de vehículos de 12 a 36 meses, y de seis a 24 meses de estancia efectiva, pero se topó con una aduana reacia que le espetó la realidad: “No conviene a la economía del país”.
Se atoró también en el proceso legislativo para una Ley de Retorno que se busca desde hace décadas, igual que tropezó la reelecta Chávez en su intención de otorgar un asesor jurídico gratuito para los inmigrantes detenidos en México o, como capoteó Alma Valencia, de Morena, temas tan clichés como mejorar el asilo político.
Para Elvia Torres, una de las legisladoras más productivas con 18 iniciativas a favor de la diáspora –y cuatro aprobadas–, lo importante de esta camada de diputadas y diputados es que si bien dejó en la congeladora una concentración de trabajo que se ha discutido durante décadas, se puede sacar de ahí y estará lista para cocinarse.
“Yo le recomendaría a la segunda generación de diputados migrantes que no trate de descubrir el hilo negro con más propuestas: que saquen las que se quedaron atoradas, que no quiten el dedo del renglón”, resume Torres.
Imagen portada: Mauricio Ledesma / MILENIO
