Un mes después de que MILENIO dio a conocer que seis víctimas de los ataques con granadas ocurridos en los festejos patrios de 2008, en Michoacán, no habían recibido la indemnización que la ley contempla, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) finalmente les entregó dichos recursos.
Con ello se cierra un largo proceso de más de seis años que los afectados emprendieron para recibir la asistencia subsidiaria que la Ley General de Atención a Víctimas contempla; señala MILENIO.
Lo que no termina es su espera de que los responsables de estos hechos sean detenidos y sancionados, y de que el daño sea reparado.
“Que haya justicia”, como dice su representante legal, Reyna Velasco.
La abogada confirmó que el 2 de septiembre se hizo la transferencia de los pagos pendientes por poco más de ocho millones de pesos a este grupo de personas afectadas, lo que les permitirá reponer en alguna medida las afectaciones que acarrean no solo por el hecho criminal, sino por el largo proceso legal que ha venido después, incluido el tener que litigar contra las autoridades.
Velasco lamentó que se tenga que recurrir no solo a instancias judiciales sino incluso a la denuncia en medios para que las autoridades, en este caso la CEAV y la Secretaría de Hacienda, hicieran efectivos los apoyos tras no haber respetado los plazos establecidos para ello.
“No debería ocurrir que las víctimas tengan que recurrir no sólo al poder judicial federal para que cumplan con las obligaciones de las autoridades, en este caso la CEAV, sino también tengan que recurrir a este tipo de situaciones mediáticas para que de alguna forma la autoridad se sienta presionada y cumpla con una obligación que no tendría por qué estar negando ni estar retrasando”, señaló la litigante en entrevista.
Como se dio a conocer, la indemnización en favor de este grupo de víctimas – denominada en la ley como compensación subsidiaria – había sido aprobada desde el 20 de octubre de 2023 tras un largo proceso de trámites y juicios de amparos en contra de la burocracia con la que la CEAV llevó a cabo cada paso del procedimiento.
Sin embargo, los meses pasaron sin que la transferencia se realizara. En febrero de este año, los afectados a través de Velasco tuvieron que tramitar otro juicio de amparo más en contra de la nula transferencia de los recursos. En el desarrollo del procedimiento judicial la CEAV negó que hubiera negligencia de su parte y mostró que había hecho gestiones para los recursos.
El problema, según los oficios revelados en el procedimiento y de los que este medio tiene copia, es que la Secretaría de Hacienda no había transferido los recursos solicitados por lo que, literalmente, dijo el organismo que no tenía dinero para pagarles. Así ocurrió cada mes siguiente hasta que al arranque de septiembre llegaron los recursos esperados.
Justicia, una cuenta pendiente
La compensación subsidiaria que las víctimas recibieron es un mecanismo que contempla la Ley General de Víctimas de un delito cuando, por razones diversas, no es posible que los responsables reparen el daño directamente. No se trata, como aclara la abogada, de una reparación del daño.
Lo anterior es así porque la reparación del daño contempla mucho más que un pago de parte de los responsables. Se trata de que los implicados respondan ante la ley, sean debidamente procesados y sancionados, que se conozca la verdad de los hechos, y que se tomen medidas adecuadas para que esto no ocurra. Es el concepto completo de “justicia”.
“Hay una deuda mucho mayor que es la deuda de justicia. Una justicia que sigue pendiente a 16 años de los hechos porque no hay personas sentenciadas por lo ocurrido. Hay dos órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar que llevan años sin que sean ejecutadas. La averiguación previa de todo este caso está abierta, pero lleva años sin avance alguno”, explicó Velasco.
La noche del 15 de septiembre de 2008 varias personas no identificadas detonaron dos granadas de fragmentación en dos puntos del zócalo de Morelia, cuando miles de personas se encontraban en esa zona para asistir al tradicional grito de independencia a cargo del entonces gobernador de la entidad, Leonel Godoy Rangel.
El ataque dejó un saldo de ocho personas muertas y más de 130 lesionados, entre ellos varias personas de gravedad que perdieron alguna extremidad o que por las esquirlas de los explosivos han lidiado con lesiones permanentes desde que ocurrieron los hechos.
Diez días después de los ataques la entonces secretaria de Seguridad Pública federal anunció la detención de cuatro presuntos integrantes del grupo criminal de Los Zetas quienes, en una declaración, “confesaron” haber sido los responsables del ataque del 15 de septiembre.
Sin embargo, a la postre estos denunciaron que habían sido torturados para auto incriminarse de hechos que no cometieron. Los peritajes especializados para verificar este tipo de situaciones enmarcados en el denominado Protocolo de Estambúl confirmaron los malos tratos. En mayo de 2015 un juez federal ordenó la liberación de estas personas.
En respuesta a ello la PGR apeló la determinación, pero en 2019 un Tribunal Colegiado determinó en definitiva la absolución de estas personas.
De acuerdo con la abogada Velasco, la exigencia de las víctimas de estos hechos ha sido siempre la detención y castigos a los verdaderos responsables y no la creación de “chivos expiatorios”. Y aunque consideró que se trata de un caso ya muy complicado de resolver por el tiempo que ha transcurrido, la exigencia de justicia se mantiene como desde el primer día.
Imagen portada: Cuartoscuro
