Un bosque en la región de la Mixteca, en Oaxaca, es la manzana de la discordia entre dos pueblos y grupos criminales. Todos quieren la madera que se obtiene de sus árboles.
Una ráfaga de plomo cortó el sueño de Ramona y Odilón a las 5 de la mañana del 5 de mayo de 2023. La pareja adivinó enseguida que no era sólo un sustito a la comunidad de Lázaro Cárdenas, en San Miguel el Grande. Era un ataque para matarlos; publicó MILENIO.
Cuando los balazos irrumpieron en la casa, la pareja y sus tres hijos jóvenes huyeron. Afuera, el resto de los pobladores corría, buscaban protegerse de la muerte: niños, jóvenes, hombres y mujeres y, varios de ellos, abuelos. En ese lado de Oaxaca, en la región de la Mixteca, un grupo de casi 300 matones, armados con calibre grueso, provenientes de Llano de Guadalupe, la localidad vecina, incendiaron las casas de madera y disparaban a exterminar. San Miguel el Grande estaba en llamas.
En el escape la familia se separó. Odilón apuró a Ramona y a su hija Mariana, de 13 años, a resguardarse en el edificio de la agencia municipal. Odilón y sus hijos Jesús Alberto y Luis David, de 21 y 18, tomaron otro camino. Al interior de la agencia, al menos 30 personas, entre mujeres, hombres y menores de edad, creyeron que esa noche se vivía una masacre. Los balazos estallaron por horas. Ramona cubrió a Mariana con su cuerpo y se quedaron así hasta después del mediodía.
Ocho horas después del ataque, Ramona supo que varias personas resultaron heridas de bala, entre ellas, uno de sus hijos, a quien le dispararon en la pierna. Los pobladores padecían traumatismo emocional. En el recuento de los daños, la gente enumeraba: trece casas, la escuela bilingüe y la agencia quedaron destrozadas.
Ramona se enteraría, además, de la muerte de tres hombres. El primero, Juan Mendoza, agente municipal de Guadalupe Victoria, intentó frenar los disparos, pero lo acallaron con un tiro en el cuello. El segundo, Andón Cruz, un poblador atrapado por los tiros. El tercero, Odilón Cruz, su esposo, campesino y albañil ocasional, hubiera cumplido 57 años en abril pasado. Lo mató una bala que entró por la espalda y salió por el pecho.
–Siempre nos venían a intimidar la gente de Llano de Guadalupe. Escuchábamos tiroteos. Pero ese día no fue una amenaza. Balacearon todo. Quemaron casas: la mía también. Mataron a Odilón y ni siquiera me pude despedir de él –clama Ramona, de 46.
Odilón fue asesinado por una disputa – vieja pero vigente– por los límites territoriales de todo un municipio, San Miguel el Grande, y una pequeña comunidad, Llano de Guadalupe, que pertenece a Tlaxiaco. Un conflicto que no se ha resuelto ni en los tribunales agrarios: va de por medio riqueza abundante y recursos.
En tragedia terminaron las intenciones de las autoridades estatales de querer poner fin a un pleito que lleva más de medio siglo. Pero esto iba más allá. Decenas de agresores de aquel 5 de mayo portaban armas exclusivas del Ejército, tal como los sanmiguelinos presenciaron y denunciaron. Esto los agarró por sorpresa. Ya no eran agredidos por simples pobladores vecinos: eran criminales pesados.
El bosque de la discordia en San Miguel el Grande
Un bosque exuberante en árboles frondosos de ocote, que dan una madera preciosa y fina, que sirve para construir casas, muebles, tablas, vigas, polines –una madera cara–, es el origen de este conflicto. Los dos territorios confrontados, San Miguel el Grande y Llano de Guadalupe, dicen ser propietarios de este bosque codiciado donde se encuentra el cerro Yucunino y el camino que conecta a las comunidades. Es un cerro que vale millones y los pobladores de Llano de Guadalupe no sólo lo saben: lo exprimen.
Es una madera tan ambicionada que aquella noche se comprobó que el crimen organizado también la quiere. Pues si no, de dónde salieron esos hombres con armas de alto calibre que los atacaron, se cuestionan autoridades y habitantes de San Miguel el Grande. Éstos últimos juran que, si no hay castigo, es porque existen intereses políticos y económicos detrás de la tala desenfrenada y clandestina que tiene décadas.
El desacuerdo territorial entre ambos pueblos viene de mediados del siglo XX. Se extiende un mapa. San Miguel el Grande tiene un plano de terrenos comunales que data de 1942, en el que el territorio en disputa aparece como parte de San Miguel el Grande, según un documento compartido por la síndica municipal, Silvia Tomasita Miguel Ramírez. Es un plano que, para el otro poblado, no significa nada.
Lo cierto es que ambos territorios talan los árboles. La diferencia, explica Silvia Tomasita, es que en su pueblo la actividad se realiza de manera controlada. Existe un comisario de bienes comunales. Se tala con permiso, aunque después de la agresión de mayo de 2023 nadie se atreve a ir al bosque por miedo a enfrentar una nueva agresión o quedar atrapado en una emboscada.
–Los que hacen tala clandestina son pobladores de Llano de Guadalupe –afirma la síndica. Sus vecinos, sostiene, irrumpieron desde hace años sin respeto a los límites del territorio.
Las agresiones por parte de Llano de Guadalupe iniciaron en enero de 2023, con la quema de algunas casas, tiroteos, destrucción de equipo de radiocomunicación, cárcamos y paneles solares, sobre todo en la comunidad de Lázaro Cárdenas. El 9 de marzo, los delincuentes bloquearon el camino a Tlaxiaco. Por iniciativa del gobierno estatal, se establecieron mesas de diálogo en marzo en busca de un acuerdo de paz que resolviera el conflicto de tierras.
El 13 de abril de 2023 se firmó una minuta en Oaxaca capital, pero Llano de Guadalupe rompió lo poco que se había ganado. La violencia extrema arrancó el 5 de mayo, cuando sicarios –como llaman los sanmiguelinos a sus agresores–, provenientes de Llano de Guadalupe, con armas exclusivas del Ejército, atacó a las familias de Lázaro Cárdenas. Bloquearon el camino. A la Guardia Nacional no le permitieron la entrada; logró ingresar siete horas después del ataque, cuando los agresores ya habían escapado por el bosque.
El ataque destrozó emocionalmente a las comunidades de San Miguel el Grande. Y aún no habían visto todo.
Nueve pueblos indígenas que hablan mixteco
Aquí ocurre esta historia. Tlaxiaco es uno de los 30 distritos que conforman al estado de Oaxaca, al oeste de la capital, y que se divide a su vez en 35 municipios. Entre ellos, San Miguel el Grande y Heroica Ciudad de Tlaxiaco. Sus territorios colindan.
San Miguel el Grande se divide en nueve agencias municipales cuyos habitantes son pueblos indígenas que hablan mixteco y se dedican a la siembra de maíz, sobre todo, a la tala de madera legal: Guadalupe Victoria, Hidalgo, Iturbide, Zaragoza, Guerrero, Juárez, Madero, Morelos y Lázaro Cárdenas.
Lázaro Cárdenas es el paso de todos para llegar a la cabecera de Tlaxiaco, la ciudad más importante del distrito. Y es, también, la comunidad más agredida por compartir límite territorial con Llano de Guadalupe: el pueblo agresor, una comunidad del municipio vecino de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, cuyos habitantes son mestizos que, en algunos casos, se dedican también a cultivar maíz y, en otros, a la tala de madera.
Los agresores son gente entrenada
La cineasta y actriz Ángeles Cruz habló con su hermano Román, por última vez, el 20 de noviembre de 2023, cuando ella regresaba de Huelva, España, adonde había ido a presentar su película Valentina o la serenidad. Al otro día, Ángeles, que es originaria de Guadalupe Victoria, se fue a cuidar de su mamá a la casa familiar en la ciudad de Oaxaca. Pero el día 22 recibió una llamada del pueblo.
Agresores habían emboscado a pobladores cuando se trasladaban en tres vehículos y los atacaron a tiros en un paraje cerca de la reserva natural del Santuario de las Aves, en las faldas del Yacunino, y a unos 300 metros de la vigilancia de la Guardia Nacional, que ya tenían presencia en la zona el 5 de mayo. Uno de los emboscados era Román, su hermano, quien participaba de manera activa en todas las acciones para solucionar el conflicto y que, por conocer bien el bosque, había sido gerente de locaciones en Valentina o la serenidad, filmada en Guadalupe Victoria.
Ángeles llamó de urgencia a las autoridades para que enviaran una ambulancia. A las 16:30 horas arrancó su carro rumbo a la zona del ataque en San Miguel el Grande. A medio camino le confirmaron que su hermano había sido asesinado. La actriz reconoció el cuerpo. Tenía puesto el cinturón de seguridad y un tiro en la cabeza. Los sicarios mataron también a Gabriel Cruz Ortiz, agente municipal de Lázaro Cárdenas, y a José Pérez Mendoza, agente municipal de Guadalupe Victoria.
Asesinaron además a dos agentes estatales de investigación de la fiscalía de Oaxaca, que los acompañaban para darles seguridad: Luis Daniel Calvo y Omar Minyak Moreno. Otros dos agentes fueron heridos de gravedad, pero sobrevivieron. A la zona roja arribó la ambulancia de la comunidad, no la del gobierno, y se llevó a los dos agentes heridos. Pasaron horas para que los cuerpos fueran trasladados para practicarles la autopsia de ley.
Los tres pobladores asesinados de San Miguel el Grande tenían en común haber denunciado la tala ilegal de árboles en la zona y aparecer como testigos en la carpeta de investigación que se abrió por la agresión del 5 de mayo. Tenían en común, además, que cada uno recibió un balazo en la cabeza.
–Es gente entrenada –enfatiza Ángeles Cruz, quien ha denunciado en redes sociales las agresiones contra su pueblo y logró que hubiera presencia de la Guardia Nacional.
Detenidos dos funcionarios de Llano de Guadalupe
Tras el ataque de mayo de 2023, las autoridades de San Miguel el Grande solicitaron una audiencia con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, que se concretó hasta finales de agosto. En la reunión recalcaron que estaban en peligro, que cualquiera de ellos podía ser asesinado. El gobernador respondió que el asunto sería tratado.
El 4 de septiembre siguiente, un grupo paramilitar con armas de alto calibre, según una relatoría de hechos, secuestró un taxi con cuatro personas a bordo, entre ellas, dos estudiantes, uno menor de edad, que iba de Tlaxiaco a San Miguel el Grande. Las negociaciones para su liberación las hizo el gobierno estatal.
Después de la emboscada y masacre del 22 de noviembre, el gobernador Jara Cruz recibió a las autoridades de la comunidad de San Miguel el Grande en abril de 2024, cinco meses después. Ángeles Cruz estuvo presente y no se calló: al menos cuatro personas que participaron en las mesas de paz habían sido asesinadas. Señaló que en esas reuniones pobladores de Llano de Guadalupe identificaban a las autoridades de San Miguel el Grande para después asesinarlas. Que no era posible tener paz si las personas que cometieron esos asesinatos estaban libres.
A pesar de que la Guardia Nacional resguarda la zona desde entonces, el 17 de julio de 2024 “un grupo de sicarios y paramilitares”, señalaron autoridades en un comunicado, incendiaron la reserva del Santuario de las Aves, que anida a decenas de especies de aves, flora y fauna de la Mixteca, creado en 2014 con recursos de la comunidad. El grupo agresor, afirman entrevistados, acabó con árboles y fauna silvestre. Y otra vez quemaron casas en Lázaro Cárdenas.
“Las acciones de violencia por intereses personales y ambición de poder [fueron] respaldados por políticos, porque ninguna otra explicación puede justificar su constante agresión hacia nuestra comunidad de Lázaro Cárdenas y al pueblo de San Miguel el Grande, [que] siguen presentándose nuevamente”, señalaron las autoridades.
Por todos estos hechos hay dos detenidos. Ninguno enjuiciado. Por la agresión del 5 de mayo fue arrestado Miguel Ángel Mendoza Cruz, entonces secretario de la agencia municipal de Llano de Guadalupe. Por la emboscada del 22 de noviembre, está en prisión Jesús Hernández Cariño, representante de bienes comunales de Tlaxiaco. Las autoridades de San Miguel el Grande lo señalan como el autor intelectual del ataque.
Por lo menos seis órdenes de aprehensión no se han ejecutado hasta octubre de 2024. Las autoridades de San Miguel responsabilizan de todas las agresiones a la agencia de Llano de Guadalupe. Exigen que se finquen responsabilidades legales y penales.
Del dicho al hecho hay un abismo
La imagen se hizo viral. La actriz Ángeles Cruz alzó el puño y mostró una manta que informaba que estaban quemando las casas de Lázaro Cárdenas. Usaba, además, una playera blanca con un letrero que informaba su nombre, ocupación –directora de cine–, origen –“Soy de San Miguel el Grande”– y cinco letras en mayúscula entre signos de exclamación: “¡AYUDA!”. Con sus gafas de armazón grueso, el cabello suelto, las manos apuntando al cielo y la mirada furiosa, Ángeles clamó auxilio.
El 22 de julio de 2024, para llamar la atención del gobernador, se presentó en la inauguración de las fiestas de la Guelaguetza, el evento mediático-cultural más importante de Oaxaca. En medio de cientos de asistentes, Ángeles alzó la manta, pero le fue arrebatada por una persona de seguridad del evento. Corrió a recuperarla, policías le bloquearon el paso, la aventaron. Cuando volvió a su lugar, personal del gobierno estatal la tapaba con sombreros. Pasada la adrenalina, se descubrió con rasguños en los brazos.
–No querían que los presentes se percataran de mi protesta. Así fue todo el tiempo que estuve ahí –dice la actriz.
Un funcionario se le acercó y le exclamó:
–¡Ya bájale, ya lograste que el gobernador te vea!
Para la directora de cine, la estrategia del gobierno ha sido decir que están construyendo la paz sin dar pasos firmes en la justicia.
–Los agresores siguen paseándose. Saben quiénes somos, pero nosotros no sabemos quiénes son ellos.
Luego de su encuentro con Ángeles el 24 de julio de este año, el gobernador Jara Cruz se presentó por primera vez en la comunidad de Lázaro Cárdenas después del primer ataque del 5 de mayo de 2023: más de 13 meses después. Esto sucedió el 2 de agosto. Acompañado por algunas autoridades de su gobierno y de la fiscalía estatal, llamó a buscar un acuerdo de paz entre los dos pueblos.
Los pobladores inquirieron: qué iban a hacer para aplicar justicia y avanzar en las investigaciones –a su parecer, lentas– por los crímenes que han dejado ocho muertos. Jara Cruz afirmó que se trabajaría para satisfacer las demandas. El 27 del mismo mes, autoridades de ambos pueblos firmaron un acuerdo de no agresión y respeto mutuo. “Sin embargo, no se ha aplicado la justicia ni se ha resuelto el conflicto por la tierra”, advierte la síndica Miguel Ramírez. En todas las reuniones de los sanmiguelinos con el gobernador, Jara afirmó que no habría impunidad y prometió justicia para los asesinados.
–Del dicho al hecho hay un abismo. No se ha logrado más que un acuerdo de no agresión. Los temas de fondo, como las consecuencias a las acciones criminales y la justicia para nuestros muertos, no se han resuelto. Nos sentimos absolutamente vulnerables y en la indefensión. No se ha detenido a los asesinos –advierte Ángeles Cruz.
Dice que hay tráfico de armas en Llano de Guadalupe y la fiscalía está enterada. De eso y de que decenas de presuntos sicarios han cometido estos abusos. Sin embargo, solo hay dos detenidos al día de hoy.
Ángeles recuerda que el 5 de mayo de 2023, ella realizó un levantamiento de imagen tras la agresión a Lázaro Cárdenas. Alrededor de unos árboles había cartuchos percutidos. La cineasta recuerda que era una cantidad impresionante y se percató de que los cartuchos tenían las iniciales del Ejército y hasta la Guardia Nacional. Ángeles lo comentó a un agente de la guardia, quien le respondió que eran clones. Pero ella se cuestionó quién se tomaría el trabajo de grabar unas balas. Esa información la compartió con la fiscalía, a la que pidió que se investigara la ruta de las armas y los cartuchos.
–Les molesta que les digamos que no están haciendo su trabajo. Dicen que tienen dos detenidos. Sí, dos detenidos de ocho asesinatos. De incursiones con más de 300 personas armadas, de emboscadas con carros rafagueados –resume Cruz.
Todos en la comunidad se preguntan quiénes protegen a los agresores. Si hay poderes políticos y económicos, y a qué se debe la inacción del gobierno. Su única certeza es que, si los asesinos siguen libres, todos los habitantes de las comunidades de San Miguel el Grande siguen en riesgo de muerte.
Imagen portada: MILENIO.
