El derecho a decidir de las mujeres estadunidenses es tema de confrontación entre Harris y Trump. Activistas las traen a hospitales mexicanos.
Rachel es una quinceañera que no tenía novio ni recuerdos de un acto sexual. Pero, de pronto, se vio en la necesidad de viajar hasta Chihuahua para interrumpir un embarazo de muchas semanas porque en Texas le negaron el servicio en medio de un debate nacional que repercutirá en las urnas estadunidenses el 5 de noviembre; publica MILENIO.
Según la organización KF, especializada en analisis de salud estadunidense, tres de cada cuatro mujeres votantes dicen que la elección de 2024 tendrá un impacto en el acceso o prohibición del aborto.
No solo en los estados donde habrá consulta sobre este polémico asunto como Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva York y Dakota del Sur, sino también en el resto del país, dado que la demócrata Kamala Harris ya se manifestó abiertamente a favor del derecho a la mujer a decidir, mientras el republicano Donald Trump empujó en sentido contrario.
Durante su administración, Trump nombró a tres jueces conservadores para la Corte Suprema, quienes hicieron una supermayoría en 2022 para tumbar el precedente del fallo Roe contra Wade de 1973, y eliminar así el derecho constitucional al aborto.
Después de ello, las mujeres de Estados Unidos quedaron en manos de leyes locales que van de las más liberales a medianamente proaborto en una mitad de los estados, hasta otras radicalmente prohibitivas.
Existe, por ejemplo, una ley federal “antiobscenidad” que se arrastra desde 1873 –conocida como Ley Comstock– que prohíbe el envío de medicamento para el aborto.
En México aumentaron las “acompañantes”
Nuestro país, en cambio, ha caminado hacia la apertura. El el 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de aborto en todo el territorio mexicano y a partir de entonces, las mujeres que ayudaban a otras para la práctica cuando nadie más quería ayudarles salieron a dar la cara.
Conocidas como “acompañantes”, se movían sigilosas y así adquirieron experiencia, explica Verónica Cruz, fundadora de la organización civil ‘Las Libres’, con sede en Guanajuato, pionera en el tema.
“En México y, particularmente en el estado, había tantas restricciones que desde hace 24 años tuvimos que crear un modelo de acompañamiento para el aborto seguro en casa, con medicamentos sin supervisión médica bajo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud que es cien por ciento seguro”.
De su guía para la interrupción del embarazo se sabía aquí, en Latinoamérica, pero también en Alemania, Dinamarca –desde donde han llegado a requerirlas– y desde luego en Estados Unidos.
No fue extraño que cuando en este último país se eliminó la garantía constitucional, las mujeres de allá miraran a México, donde las clínicas no exigen prueba de residencia o ciudadanía y donde ya existía esa red consolidada de acompañantes que actualmente está conformada por más de 200 organizaciones, diez por ciento de ellas a lo largo de la frontera norte.
Unos estados permiten y otros prohíben
En Estados Unidos existen varios niveles de permisividad al aborto: estados más liberales donde lo cubre el gobierno a través de seguros como el Medicaid –en California, Nuevo México, Minnesota, Nueva York, New Jersey, Maryland– y seguros privados, pero sólo hasta los seis meses, y otros que no ponen límites en la gestación, pero la intervención no la paga el Estado.
Hay estados cuyas leyes determinan que la intervención sólo la pueden hacer médicos profesionales; los que prohíben cualquier aseguranza; los que impiden el envío de píldoras o medicamentos por correo o la telemedicina, y los que no lo permiten después del mes y medio o desde el momento mismo de la concepción.
Estos son:
- Florida
- Texas
- Idaho
- Dakota del Norte
- Dakota del Sur
- Oklahoma
- Missouri
- Arkansas
- Louisiana
- Indiana
- Kentucky
- West Virginia
- Tennessee
- Carolina del Sur
- Mississippi
- Alabama
Y justo de los estados más restrictivos es desde donde llaman a las organizaciones de acompañantes mexicanas para pedir ayuda telefónica o redes sociales.
Apoyo a más de 32 mil mujeres
Desde el 2022, la clínica de abortos Tijuana Profem reconoció ante la organización no gubernamental de información pública NPR, que el porcentaje de pacientes que viajaban desde diversas ciudades de Estados Unidos aumentó del 25 al 50 por ciento.
De ese tiempo a la fecha, ‘Las Libres’ ha apoyado a 20 mil mujeres estadunidenses, calculó para MlLENIO Verónica Cruz. En Monterrey, la ONG Necesito Abortar México tiene en su registro 12 mil acompañamientos desde su fundación en 2016.
“Actualmente ayudamos en por lo menos un aborto al día en nuestra casa, que convertimos en clínica. Esto es, como mínimo, 30 al mes, de los cuales un 40 por ciento vienen de Texas y el resto de aquí”, dijo a MILENIO Vanessa Jiménez, una de las fundadoras de la organización.
Marcela Castro, integrante de ‘Libres y Autónomas’ Chihuahua, quien acompañó el caso de la adolescente texana Rachel en febrero pasado, contabiliza durante 2024, la fecha en que empezó a acompañar a estadunidenses, alrededor de 20 procedimientos por semana.
El caso de Rachel y de muchas más
El día en que se graduó de la secundaria, Rachel no pretendía ir a la fiesta. Ensimismada, hubiera preferido quedarse en casa, de no ser porque sus padres insistieron: “Anda, es un día importante, sólo se vive una vez”. A regañadientes aceptó pero, apenas hora y media después, llamó a su padre para que la fuera a recoger.
“Ya no quiero estar aquí”, saldó la muchacha.
Las semanas pasaron y la niña parecía cada vez más decaída, enferma. Primero bajó de peso y la llevaron a clínicas del seguro de cobertura médica, donde le recetaron medicamento contra la infección del hígado. Como no mejoró, la enviaron al nefrólogo y otros especialistas.
Ni ella ni la familia se enteró del embarazo hasta que tenía más de seis meses y ya nadie quiso atenderla en Texas.
En ese estado, como en Luisiana, Kentucky, Ohio, Mississippi, Florida y Georgia existe una ley conocida como “ley del primer latido” que prohíbe la interrupción del embarazo tras la sexta semana, es decir un mes y medio, cuando generalmente se detecta el primer latido en el corazón del feto, pero la mayoría de las mujeres no se entera en ese tiempo porque lo considera un retraso menstrual.
“Lo que creen los familiares de esta chica -Rachel- es que le pusieron algo a la bebida porque ella no recuerda nada de haber tenido relaciones sexuales”, cuenta la acompañante Marcela Castro a este diario.
“Ella era muy flaquita y bajó más de peso, fue al gimnasio y al empezar a aumentar lo atribuyeron a las proteínas y el ejercicio”.
La madre llamó a ‘Libres y Autónomas’ y la llevaron a Chihuahua. Ahí Rachel pudo interrumpir la gestación en la Casa Refugio de la organización, donde atienden a mujeres locales, migrantes, latinas, gringas y novias de mexicanos.
Las acompañantes mexicanas dicen que las estadunidenses piden su apoyo del lado sur del Río Bravo por miedo a ser demandadas legalmente en su país.
“Allá te puede demandar tu propia pareja, vecina o amiga, cualquiera por miles de dólares, y lo han convertido en un pleito entre civiles”, resaltó Vanessa Jimenez, de Necesito Abortar.
“Lo que hicieron en Estados Unidos es volver a la sociedad que está en contra como policías del aborto, por eso también muchas organizaciones que eran acompañantes en Estados Unidos se echaron para atrás: tienen que pagar multas de más o menos 10 mil dólares”.
En México no hay esa posibilidad. El límite de tiempo para la interrupción del embarazo es de 12 semanas, pero la garantía constitucional frena cualquier demanda porque los jueces no pueden criminalizar la práctica. Así se resolvió ante la falta de legislación.
Por eso Castro, de ‘Libres Autónomas de Chihuahua’, considera que las redes de acompañantes mexicanas al dar el apoyo están, de alguna manera, plantando la cara y “desmontando al imperio”, deconstruyendo su sistema social, jurídico y hasta su negocio.
Resume: “Aquí les ofrecemos ayuda gratuita, presencial, por teléfono, por las redes, les enviamos el medicamento y no les cobramos nada”.
Políticas y sistemas despiadados
Mucha agua ha corrido por el río desde que Vanessa Jiménez se involucró en el tema de la interrupción del embarazo; cuando ella y su pareja fundaron la ONG Necesito Abortar México y las mujeres norteñas empezaron a llamar.
Al principio, no quería ser la malvada de la historia, a decir de las creencias religiosas. Sólo daba información o enviaba a las mujeres para atenderse con otras organizaciones, hasta que se dio cuenta de que muchas ni siquiera habían decidido tener sexo, sino que fueron obligadas, que no les sirvió el método anticonceptivo o que su vida corría peligro.
El caso de una muchacha que había planeado su embarazo con toda la ilusión y en la semana 19 de la gestación se enteró de que su hijo no tenía cráneo, la dejó estupefacta.
La madre llegó inconsolable a ‘Necesito abortar’ después de que el hospital materno infantil de Monterrey la rechazó porque tenía más de los tres meses. Corría 2016.
“A las acompañantes nos da lo mismo que tenga 12, 20 o 40 semanas, primero está la mujer, salvarla de algo que no quiere o le puede causar la muerte”, dice categórica Vanessa.
Las políticas antiabortistas y sus límites suelen ser “despiadadas” en contra de las libertades, de las más pobres y vulnerables, coinciden organizaciones civiles.
Casos de aborto en el mundo
El Instituto Guttmacher, que tiene el recuento de abortos más detallado de todo el mundo, documentó que en Estados Unidos el costo promedio que pagaron de su bolsillo las personas que lo practicaron fue de 568 dólares con medicamento, y de 625 con intervención médica, una situación que generó problemas económicos a muchas de ellas.
La Reserva Federal estima que, a nivel nacional, más de un tercio de las personas no tienen ni 400 dólares para gastos inesperados.
En 2023 el 72 por ciento de quienes abortaron tienen bajos ingresos, el 61 por ciento tienen entre 20 y 30 años, el 59 por ciento son negras o latinas y el 86 por ciento son solteras.
En este último grupo se encontró Karina, una nicaragüense que residía en Florida. Durante meses de indecisión, por fin llamó a Libres y Autónomas Chihuahua para pedir información y, cuando por fin viajó a México y vio el medicamento, se echó para atrás.
Marcela Castro, su acompañante, le pidió sinceridad. La muchacha le confesó que era trabajadora sexual y el aborto la dejaría fuera de trabajo por varios días. “No podía darse ese lujo” y por eso lo retrasó hasta que no pudo más en el tercer trimestre. “Necesitaba darle de comer a otros hijos y no sabía qué hacer”.
Ni siquiera podía hacer una aborto por telemedicina, porque en Florida están prohibidos por esa vía y aun si no lo estuvieran tendría un costo.
Para los estados que lo permiten hay una red de apoyo conocida como Plan C, cuyos costos pueden ser de 28 dólares o más por píldoras abortivas, enviadas por correo y sin consulta médica, hasta más de 150 dólares por aborto cuando la información se da por correo más laconsulta médica.
La asignación de fondos para el aborto es uno de los asuntos más polémicos. En tiempos de Trump se prohibió la canalización de dinero a organizaciones no gubernamentales que lo usaran para este fin, incluso en México, pero estas han sobrevivido por otras vías.
“Nos aportan 10 dólares desde allá y así salimos adelante”, resalta Verónica Cruz al enfatizar que, en equipo, todo se puede.
Imagen portada: Especial / MILENIO
