Las fiscalías estatales enfrentan una crisis de eficacia no solo por la alta carga de trabajo, sino por prácticas como desechar de oficio una investigación, archivarlas temporalmente o incluso abstenerse de indagar
En el contexto del mayor cambio en la estructura judicial en la historia de México, las fiscalías estatales enfrentan una crisis de eficacia sin precedentes; señala MILENIO.
Solo tres de cada 100 carpetas de investigación iniciadas por los ministerios públicos del país culminan en un juicio penal, mientras que el resto queda en un limbo jurídico que agrava la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
El mal funcionamiento comienza en la misma indagación de los delitos. En 2023 fueron abiertas 2 millones 225 mil carpetas, pero nada más en 188 mil casos se ejerció acción penal, y de estos apenas en 56 mil se logró iniciar un juicio en forma, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El mayor problema que enfrentaron los 71 mil policías ministeriales, investigadores o judiciales que operan en las 32 fiscalías estatales fue la elevada carga de trabajo que no pudieron desahogar, pues cada uno de ellos debió resolver 30 expedientes en promedio durante el año pasado, sin contar los casos que siguen pendientes de periodos anteriores.
El bajo porcentaje de carpetas de investigación que derivan en juicio no es un problema exclusivo de México, pues en naciones como Estados Unidos y Argentina también se registra una media de solo 3 por ciento de los casos denunciados; sin embargo, en países como Brasil, Canadá y Colombia la media de casos en los que se enjuicia a una persona se ubica entre 8 y 14 por ciento.
Con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las fiscalías estatales y de la misma Fiscalía General de la República, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara la redacción de una reforma constitucional que permita mejorar los procesos de investigación a fin de tener casos más sólidos al momento de iniciar un juicio.
El titular de la Coordinación de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, señaló el 17 de septiembre pasado anunció “la propuesta de una reforma integral de la justicia y se está trabajando en eso. Vamos a hacer una reforma a las fiscalías, a las defensorías públicas”.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó cuatro días después que mejorar el desempeño de esas instituciones “es una de las preocupaciones y ocupaciones” que tiene la jefa del Ejecutivo y que “ya se está trabajando” sobre
la iniciativa.
Viacrucis
Cada denuncia recibida por los ministerios públicos inicia un viacrucis con escasas posibilidades de recibir justicia. El primer obstáculo es que 22.1 por ciento de las carpetas de investigación son desechadas de oficio por los investigadores y el siguiente escollo consiste en sortear el 37.4 por ciento de probabilidades de ser catalogada como “archivada temporalmente”.
Una vez que las fiscalías inician la investigación, los propios ministerios públicos determinan que 19.6 por ciento de las denuncias no llegarán a juicio por diversas razones, como el hecho de no encontrar delito alguno, el uso de la legítima defensa, recuperar el daño causado a la víctima o porque el acusado falleció durante el proceso de integración.
Además, en otro 12.1 por ciento de las indagatorias iniciales los ministerios públicos resuelven internamente los casos tras aplicar la facultad de abstenerse de investigar o se utilizan los criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios en delitos patrimoniales u otras formas de acuerdo.
El restante 8.8 por ciento de las carpetas de investigación, equivalente a 188 mil expedientes, entra a un grupo reducido de casos en los que las autoridades deciden aplicar el ejercicio de la acción penal, es decir, levantar cargos contra aquellas personas acusadas de algún delito, sin que esto sea garantía de que se pueda llegar a un juicio.
Ese selecto grupo de carpetas llega a la instancia de investigación complementaria donde los ministerios públicos pierden la mayoría de los casos tras declarar el desistimiento de la acción penal, señalar incompetencias o porque ya no existen condiciones legales necesarias para continuar con la persecución judicial (sobreseimiento).
Después de pasar un largo proceso de investigación y papeleo judicial, únicamente 56 mil 553 carpetas de investigación llegan a la instancia de formulación de la acusación, la cual inicia el proceso de un juicio en forma el imputado y su defensa tienen acceso a todas las pruebas para preparar sus estrategias a fin de enfrentar el juicio oral.
El Inegi contabilizó que en 35 mil 919 casos (1.6 por ciento) se aplicaron los procedimientos abreviados concluidos con sentencia en el que el acusado aceptó su responsabilidad en los hechos que se le imputaron a cambio de una reducción de la pena y evitar un juicio.
Imagen portada: Araceli López / MILENIO
