Especialistas en temas de seguridad coincidieron que las reformas anunciadas por Omar García Harfuch, para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) colabore en labores de inteligencia y ejecución de órdenes de aprehensión ayudará a fortalecer el combate al delito y la procuración de justicia; informa MILENIO.
Juan Ibarrola, especialista en temas de seguridad pública, explicó en entrevista para MILENIO que los delincuentes son conscientes de que solo un pequeño sector de los casos que llegan a un juez, tienen un castigo y que con esta iniciativa se espera que se fortalezcan las indagatorias y, por ende, baje la incidencia delictiva.
«Yo creo que es necesario en vista de lo que se llegue a concretar, entender que en este país, independientemente del crimen y de la violencia que vivimos, adolecemos de procuración de justicia y persecución del delito y eso es lo que provoca la gran impunidad en la que vivimos en este país y en la que viven los delincuentes.
“Los delincuentes saben en el 100 por ciento de los delitos que llegan a un juez solamente el 2 por ciento se solucionan, o sea que tenemos una tasa de un 98 por ciento de casos que no se resuelven y esto, muchos grupos criminales en el país lo sabe, esto es donde le daba en la torre a a lo que un Ministerio Público puede hacer o a lo que las policías al integrar una carpeta de investigación, que de alguna manera no es correcta, bajo esta nueva figura va a tener mucha mayor fortaleza para poder lograr que se bajen estos índices”, señaló.
Ibarrola Orueta indicó que uno de los retos de la propuesta será la disposición por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la coordinación que pueda tener con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
“Suena muy bien y por supuesto que se necesita y muchos aplaudimos, el tema también está en qué tanto vaya a querer hacer el fiscal Gertz, porque esta coordinación sí se de, existen muchos planes, muchos convenios, hay muchos acuerdos cooperativos de coordinación y casi precisamente no se llevan a cabo, esto elevado a un rango constitucional, le va a dar una mayor certeza a la gente».
“Va a generar ciertos roces entre el fiscal general y el secretario de seguridad pública porque pues esos los han tenido siempre”, anticipó.
Refirió que en este contexto, hay que tomar en cuenta que la SSPC se está “reconvirtiendo y se tiene que reconfigurar”, sobre todo en el área de inteligencia y cibernética.
El especialista detalló que García Harfuch contará con los efectivos de las fuerzas centrales de apoyo que cumplen otra función, una cuestión más de protección que de seguridad y apoyo a la sociedad, para estas labores, por lo que señaló, se deben fortalecer sus capacidades de inteligencia.
Javier Oliva, experto en seguridad, catedrático e investigador de la UNAM, afirmó que ya se esperaba una propuesta de este tipo, ante la reforma al Poder Judicial y de cara al combate a la impunidad en los delitos.
“Es un planteamiento que ya se esperaba sobre todo en el contexto de la profunda reforma que está observando el Poder Judicial y desde luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a mí me parece que uno de los principales aditivos que favorecen o por lo menos toleran los niveles de violencia que vivimos en el país es la es la impunidad, es decir, la comisión de delitos sin castigo”, subrayó.
Oliva Posada indicó que se necesitará una articulación entre las fuerzas federales y las estatales, considerando que hay 32 fiscalías y 32 secretarías de seguridad, para reducir la violencia.
“Este que es el planteamiento de la colaboración es algo impostergable, absolutamente necesario y que por el otro lado también, la importancia que tiene el caso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que la Guardia Nacional tiene estas facultades de investigación” aseveró.
Resaltó que el equipo de seguridad que encabeza la presidenta, Claudia Sheinbaum, “tiene experiencia materia de seguridad pública, es decir, no son funcionarias o funcionarios improvisados” y que eso ayudará a la implementación de la colaboración entre la FGR y la SSPC.
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