Por Javier Portugal
En la conferencia de prensa matutina del pasado 30 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, lo que representa, entre otras cosas, que el Estado recupere la soberanía energética y que tanto PEMEX como la CFE vuelvan a ser empresas públicas del Estado. Este viraje en la política energética se puede interpretar en clave simbólica por la nítida referencia al legado cardenista de la Expropiación Petrolera de 1938 y a la nacionalización de la industria eléctrica de 1960 en los tiempos del ogro filantrópico. También se interpreta como el rechazo a las medidas adoptadas por los gobiernos neoliberales que, desde 1982, han intentado entregar el patrimonio nacional al capital privado.
La narrativa neoliberal impuso el dogma del crecimiento económico y la productividad por la vía -ineluctable- de la supremacía del mercado y del control corporativo del sector privado que influyeron de forma directa en los sectores estratégicos de la economía del Estado mexicano. Durante décadas, las empresas privadas extranjeras aprovecharon la liberalización que otorgaron los partidos políticos impulsores del modelo neoliberal al reformar el marco constitucional en materia energética. Para el mercado global, la industria eléctrica y el petróleo mexicano son productos muy atractivos y lucrativos para las empresas del ramo; estos activos fueron gestionados y muchas veces promovidos como unidades de negocio por parte de la tecnocracia neoliberal que acaparó los altos mandos de las áreas del gobierno involucradas.
En las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se impulsaron iniciativas de reforma para abrir el sector a las empresas privadas. La mayoría de empresas extranjeras que lograron contratos fueron de origen español como Iberdrola y Repsol. Al amparo del poder público y con funcionarios públicos que utilizaron la puerta giratoria como mecanismo para formar parte de los consejos de administración de las empresas beneficiadas, se crearon dispositivos y dinámicas jurídico-institucionales para oficializar la corrupción y el desmantelamiento de las empresas estatales.
Los escándalos de corrupción y la distorsión institucional que caracterizaron a la última gran ola de reformas neoliberales en el sector energético (2008-2016), adquirieron un nivel nunca antes visto, ocasionando que funcionarios de primer nivel fueran sancionados y encarcelados por cometer una serie de actos ilícitos contra el Estado. Este panorama dio pie a que miles de personas se articularan para rechazar las secuelas del “Pacto por México” y para defender el patrimonio nacional y la economía popular.
Una de las causas que históricamente ha enarbolado el movimiento de transformación es, justamente la defensa de la soberanía energética y el desarrollo de la industria nacional. A partir del 2006 se activaron sendas movilizaciones en defensa del petróleo y la soberanía nacional; que tuvieron como objetivo demostrar la resistencia popular a las reformas neoliberales que entregaron gran parte de la operación de PEMEX y de la CFE a empresas privadas. En esta etapa, el protagonismo de “las adelitas” fue fundamental para la promoción de las brigadas en territorio. Todo este trabajo organizativo rindió frutos con el contundente triunfo electoral del movimiento en 2018 y la posibilidad de revertir el deterioro del sector energético nacional.
Con la reforma recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación, se avanza decisivamente en la recuperación de este sector estratégico para el desarrollo nacional. Al ser la 12ª mejor economía del mundo, México tiene la obligación de consolidarse como una potencia en el sector energético a escala global que garantice la energía asequible, confiable, suficiente y limpia para todos los hogares y asegurar el abasto a los sectores productivos.
Esta reforma de gran calado impactará positivamente en varios aspectos, ya que: 1) establece el concepto de empresa pública del Estado; 2) define la rectoría del Estado en las actividades de la industria eléctrica; 3) declara el litio, el sistema de internet estatal y el sistema eléctrico nacional como funciones estratégicas del Estado mexicano; 4) se deroga la reforma energética impuesta por el Pacto Por México (2013).
Con estas modificaciones, se revierten los efectos perniciosos del modelo entreguista y privatizador que ha imperado en el sector energético nacional durante los últimos gobiernos neoliberales. En este segundo piso de la Cuarta Transformación, se rescatan las empresas públicas del Estado y con ello, la soberanía energética y la soberanía nacional. La patria no se vende.
