Por Efrén Vázquez Esquivel
No es cierto que con la reforma al Poder Judicial (PJ), en vigor desde el pasado 16 de septiembre, se destruyó el PJ. No se puede destruir lo que desde hace buen tiempo está destruido por los mismos jueces.
¿Acaso alguien no está enterado de que “la impunidad es la característica actual de la administración de la justicia en México”? Esto no lo digo yo. Lo dice nada menos que el ex ministro de la SCJN, Genaro David Góngora Pimentel, en su libro Memorias: los supremos de la Corte (pág. 131).
En efecto, como la impunidad es la madre de la corrupción, para que ésta no se acabe y siga creciendo, en el PJ se permite que la corrupción, como un fantasma, entre y salga de todas partes sin que nadie la vea. En todo hay honrosas excepciones.
Es obvio que para que la impunidad y la corrupción entren y salgan de todas partes sin ser vistas se requiere un perfil de juez sombra, prevaricador y traficante de influencias; algunos de éstos se forman desde que, siendo estudiantes de los primeros años de la licenciatura en derecho, ingresan de manera informal al PJ como meritorios, que es a lo que pomposamente le llaman carrera judicial, siendo que en realidad es un sistema escalafonario.
¿Se acabará el fenómeno de la corrupción y la impunidad en el PJ con la reforma? No creo. Si no se piensa en programas de formación de jueces virtuosos; y si, por otro lado, el Tribunal de Disciplina Judicial no logra ser verdaderamente autónomo y no se integra con los mejores perfiles para un desempeño idóneo de su función, pronto, como antes, se tejerán compromisos entre algunos jueces y algunos abogados.
No hay que olvidar el aforisma de Nietzsche que advierte sobre la necesidad del temor al castigo: “La virtud, por sí misma, no se sostiene si no hay el temor al castigo”.
Insisto, los causantes de la destrucción del PJ no somos sus críticos, entre quienes también hay algunos que esperan resoluciones de juicios de amparo desde hace cuatro y hasta cinco años, sino los mismos jueces que mostraron con su huelga ilegal a los justiciables que sus intereses políticos priman sobre la impartición de justicia pronta y expedita.
