Por Efrén Vázquez Esquivel
Por motivos económicos y políticos, el mundo globalizado de hoy busca que los altos tribunales que protegen los derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sean los únicos que mediante la interpretación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos definan en casos concretos, con carácter de definitividad, qué es y qué no es un derecho humano.
Por sí mismo no sería nada malo que hubiera un centro universal dador de sentido que cumpliera la función jurisdiccional (de iurisdictio, que significa decir el derecho o interpretar el derecho) en materia de derechos humanos.
El problema es que, históricamente, los intérpretes de la ley autorizados: los maestros de la ley o escribas en la tradición judía, sumos pontífices, jueces, teólogos, etcétera, siempre han estado muy cercanos a los enclaves del poder económico y político, y muy alejados de quienes necesitan la justicia.
Por eso para bloquear el abuso político de los organismos internacionales protectores de derechos humanos, de manera particular la CIDH, sumamente criticada por considerársele defensora de los intereses de los Estados Unidos, la idea que defiendo es que el alto tribunal de un país miembro de la OEA, considerando su situación concreta, soberanamente decida si acepta o no un determinado criterio de un alto tribunal supranacional tenido como violatorio de derechos humanos.
En el caso de México, ¿cómo enfrentar severamente desde el Poder Judicial el fenómeno de la delincuencia organizada si hay una fuerte oposición a ciertas medidas cautelares, la prisión preventiva oficiosa y los jueces sin rostro, necesarias para reducir el índice de los delitos de alto impacto?
Además de intereses económicos y políticos que de manera directa o indirecta influyen en la crisis de los derechos humanos, es que los juristas prácticos que asesoran a los gobiernos solo recurren a los códigos, donde no están todos los que son, ni son todos los que están como derechos humanos reconocidos por los estados. No recurren a la doctrina de los derechos humanos, olvidan que ésta es también una de las fuentes del derecho.
