El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cesó de su puesto a Salomé Pradas Ten, Consellera de Justicia e Interior de Valencia, por su responsabilidad en la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que se surtió en Valencia y que causó la muerte de 220 personas.
22 días después de que la DANA tocara tierra en las costas de España y causara desastres, principalmente en Valencia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, destituyó a Salomé Pradas, por la falta de respuesta.
A través de un comunicado, el President de la Generalitat, Carlos Mazón agradeció “la generosidad política y la altura de miras de Salomé Pradas, reconociendo su gran labor tanto en sus actuales funciones como en las que desarrolló en calidad de consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio».
Carlos Mazón dividió en dos la cartera de la dirigente castellonense y creó una nueva Consejería Específica de Emergencias e Interior, la cual será responsable Juan Carlos Valderrama Zurián. Asimismo, la administración valenciana informó que Nuria Martínez Sanchis será la nueva consellera de Justicia.
En su comunicado Mazón destacó de la gestión de Pradas en su primera etapa de esta legislatura, el desbloqueo de las obras de la estación intermodal de Alicante, la revisión de los planes de uso y gestión de los parques naturales, el inicio de la renovación de las concesiones del servicio de transporte público en la Comunitat Valenciana, el impulso a los proyectos de las rondas viarias de Elche y Castellón y el estudio de la expansión de las nuevas líneas de metro en la ciudad de València.
La cuestionada gestión del fenómeno natural habría obligado a Mazón a tomar la decisión de cesar a la consellera, incluidas las múltiples peticiones de que Mazón también renuncie por su responsabilidad en las consecuencias de la DANA.
Incluso, la oposición conformada por el PSPV-PSOE y Compromís han responsabilizado a Mazón, como también lo han hecho miles de ciudadanos que se manifestaron el pasado sábado 9 de noviembre en Valencia para reclamar su dimisión.
También se ha puesto en cuestión el papel del Gobierno central por no haber tomado el mando de la emergencia a través del mecanismo de Estado de Alerta desde el primer momento, así como la no ejecución de obras pendientes en La Rambla del Poyo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las cuales se arrastran desde hace más de dos décadas y podrían haber mitigado el impacto de la riada.
