Por Ricardo A. Pérez González
El agua es un recurso cada vez más difícil de llevar con suficiencia, tanto a las ciudades como a las actividades productivas que la requieren, entre estas está la agricultura, que es la que más la consume. Si a esto le sumamos una política hídrica que anteriormente favoreció a los grandes consumidores privados de agua, el panorama hacia el futuro luce aún más complicado.
Las políticas neoliberales, bajo la lógica del hiperconsumismo, han favorecido a estas empresas mediante facilidades como la especulación de precios de productos básicos para adquirirlos a un menor costo; el outsourcing, que afecta directa e indirectamente a los jornaleros; y la privatización de servicios esenciales como el agua, convirtiéndolos en mercancías.
Ante estas circunstancias, es necesario que el Estado ejerza las acciones necesarias para evitar que los derechos básicos se transformen en mercancías inaccesibles para muchos. Bajo este esquema, se presentaron las bases del Plan Nacional Hídrico en la Mañanera del Pueblo.
Este Plan estará liderado por la Semarnat y se enfocará en la gestión sustentable del agua, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Conagua. Su principal objetivo es respetar el ciclo natural del agua para enfrentar las sequías con responsabilidad social.
Así, se fortalecerá la tecnificación del riego, lo que permitirá que los productores agrícolas controlen la cantidad de agua destinada a sus cultivos. Se estima que esta medida incrementará la productividad agrícola en un 51%.
También, entre sus acciones, estará el saneamiento de tres ríos clave: Lerma-Santiago, Atoyac y Tula.
Durante su intervención, el titular de la Conagua, Efraín Morales, destacó que las acciones del “primero piso” de la Cuarta Transformación, iniciadas bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tendrán continuidad.
Sin embargo, en semanas pasadas, agricultores de la región de la Laguna impidieron la continuación del Programa Agua Saludable para La Laguna, señalando que no cumplía los objetivos propuestos y que muchas de sus demandas habían sido ignoradas por la Conagua.
Esta situación recuerda a los inicios de la corrupción de Segalmex, cuando se establecieron diversas tiendas y lecherías que terminaron siendo interrumpidas por el incumplimiento de sus objetivos.
Por ello, será necesario que este Plan Nacional Hídrico cuente con supervisión de primer nivel para su ejecución, además de los recursos suficientes y vaya de la mano con la actualización de la Ley de Aguas Nacionales, que quedó estancada en la Legislatura pasada.
Es positivo que se discutan los efectos sociales del cambio climático, como el hecho de que personas en situación de pobreza no pueden acceder a servicios básicos por falta de recursos. No obstante, preocupa que la estructura encargada de resolver estos problemas sea heredera de un viejo régimen que domina las estrategias de corrupción.
