La administración del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando una ayuda para México el próximo año por 109.7 millones de dólares –poco más de 2 mil 200 millones de pesos– para apoyar sus acciones de combate al tráfico de fentanilo. Otros objetivos serían fortalecer el Estado de derecho, atender la crisis migratoria e impulsar políticas ambientales; informa MILENIO.
Los recursos se canalizarán al país vía el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La mayoría de los fondos se desembolsará a través de dos canales: 54 millones de dólares mediante el Fondo de Apoyo Económico (ESF, por sus siglas en inglés) y 53 millones vía programas de la Oficina de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE).
Además, la administración Biden plantea dar a México 1.7 millones para educación y capacitación militar internacional (IMET), más otro millón a programas de no proliferación, antiterrorismo, antiminas y relacionados (NADR).
“En comparación con la asignación estimada para el año fiscal 2023, la ayuda a México aumentaría en 5.1 millones (4.9 por ciento) para el año fiscal 2025, en gran medida debido a un aumento propuesto en la ayuda INCLE”, es decir el programa de control de narcóticos, se lee en un documento publicado por el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, al que MILENIO tuvo acceso.
Informa, además, que al 14 de noviembre de 2024 el Congreso estadunidense aún no aprobaba el plan de ayuda financiera para México, pero en caso de hacerlo, se priorizarían algunas acciones como destinar una parte importante de los fondos del INCLE a programas para contrarrestar el tráfico de fentanilo, sus precursores y otras drogas sintéticas hacia el país del norte.
Mientras que los fondos del ESF se tendrían que destinar a fortalecer la capacidad de las autoridades mexicanas para investigar violaciones graves de derechos humanos, incluidas las desapariciones.
Los republicanos pondrán condiciones
También prevé que el Congreso, que tendrá mayoría republicana, imponga restricciones o algunas condiciones a nuestro país para que pueda recibir la ayuda.
Parte de éstas, que el gobierno mexicano haya tomado medidas en los 12 meses previos «para reducir la cantidad de fentanilo que llega a la frontera entre Estados Unidos y México, desmantelar las organizaciones criminales transnacionales (…).
«…Apoyar las operaciones antinarcóticos conjuntas y el intercambio de inteligencia con los Estados Unidos, y respetar las solicitudes de extradición de los Estados Unidos», medidas que deberán ser constatadas por el Departamento de Estado.
En este marco, y ante el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha amenazado a México con aranceles elevados si persiste el tráfico de fentanilo y el tránsito de migrantes, es que el gobierno de Claudia Sheinbaum presumió recientemente el decomiso de más de una tonelada del opioide sintético, equivalente a 20 millones de dosis, lo que lo convierte en el más grande de la historia.
El golpe de las fuerzas de seguridad se dio nada menos que en Sinaloa, un estado rehén de una guerra fratricida entre las dos facciones más poderosas del cártel del mismo nombre, Los Chapitos y La Mayiza, que inició a finales de julio, luego de que Estados Unidos detuviera a su fundador, Ismael El Mayo Zambada.
Esta organización criminal es una de las mayores exportadoras de fentanilo a Estados Unidos, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Otro golpe reciente fue la Operación Enjambre, un dispositivo realizado en noviembre en 12 municipios del Estado de México que terminó en la detención de varios funcionarios municipales (incluida una alcaldesa y mandos policiales), acusados de colaborar con el crimen organizado y de estar involucrados en asesinatos, secuestros y extorsiones.
EU ayuda según sus intereses
Estados Unidos ha sido durante muchos años un importante donante de asistencia exterior para los países de América Latina y el Caribe. Entre 1946 y 2022 proporcionó algo más de 228 mil millones de dólares de ayuda para la región.
El documento del Congreso estadunidense resalta que el financiamiento ha cambiado en estos 76 años según los intereses de esa nación: desde la lucha contra la influencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría hasta la guerra contra las drogas, pasando por la promoción de la democracia y los mercados abiertos.
El financiamiento a Latinoamérica comenzó a crecer desde la década de 1960 con el programa de ayuda económica y social denominado Alianza para el Progreso, impulsado por el presidente John F. Kennedy para contrarrestar la influencia soviética y cubana en la región, luego del triunfo de Fidel Castro en la isla caribeña.
Los flujos de dinero volvieron a crecer tras la toma del poder en Nicaragua por los sandinistas, en 1979.
“A lo largo de la década de 1980, Estados Unidos brindó un apoyo considerable a los gobiernos centroamericanos que luchaban contra las insurgencias de izquierda para evitar que potenciales aliados soviéticos establecieran puntos de apoyo políticos o militares en la región”, se lee en el documento elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense.
Tras la disolución de la Unión Soviética, y la culminación de los conflictos civiles centroamericanos, los flujos de ayuda disminuyeron.
A finales de los años noventa volvieron a repuntar para apoyar las labores de asistencia humanitaria y reconstrucción de Centroamérica tras el impacto del Huracán Mitch en 1998, considerado como el segundo más mortífero registrado en el Atlántico.
También se financiaron los esfuerzos de combate contra el sida y la asistencia a Haití luego del terremoto de 2010.
Con un ojo en México
El financiamiento contra el narcotráfico también creció en ese tiempo, primero hacia Colombia y sus vecinos andinos, y después a México, con la llamada Iniciativa Mérida, un programa de cooperación de seguridad establecido entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado en el contexto de la “guerra contra el narco” que lanzó Felipe Calderón y que siguió con Enrique Peña Nieto.
A la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la estrategia gubernamental cambió y también la colaboración con el país vecino, guiados ahora por el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos.
Dicho plan fue lanzado en octubre de 2021 y más enfocado en atender las causas sociales de la violencia y abordar el problema desde un enfoque de salud pública y desarrollo.
La pandemia de covid-19 vino a dar un revés al desarrollo de la región, al tiempo que las condiciones políticas de algunos países se fueron deteriorando, indica el informe. Pone de ejemplo los gobiernos autoritarios que se han afianzado en Venezuela y Nicaragua y la crisis de ingobernabilidad y violencia que vive Haití.
“Estos desafíos han contribuido a los flujos migratorios a gran escala en toda América Latina y el Caribe” que terminan en la frontera entre México y Estados Unidos.
En este contexto, el informe agrega que para 2025 las prioridades del gobierno estadunidense serán abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica, apoyar los esfuerzos antinarcóticos y los acuerdos de paz en Colombia.
Además, implica restablecer las instituciones democráticas y atender la crisis humanitaria de Haití, apoyar a los actores democráticos y las organizaciones civiles de Venezuela; fortalecer la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y, por supuesto, “combatir las drogas ilícitas y fortalecer el Estado de derecho” en México.
Estas prioridades representan casi el 75 por ciento de los 2 mil 200 millones de dólares en asistencia exterior para América Latina y el Caribe solicitada por la administración Biden para 2025, año en que ya estará en funciones Donald Trump.
La mayoría del financiamiento a la región (68.2 por ciento) se canalizará a través de programas de asistencia económica y para el desarrollo, en tanto que el resto (31.8 por ciento) se otorgará mediante programas de asistencia de seguridad militar y civil.
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