Luego que la bancada del PAN en el Congreso Local solicitó un juicio político contra Juan Ignacio Barragán, titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; el Gobierno del Estado aseveró ayer que no existe sustento legal para ello.
A través de un comunicado de prensa, la Administración del Gobernador Samuel García Sepúlveda acusó a los diputados de generar un distractor para no autorizar el financiamiento que pide el organismo desde hace tres años, encaminado a atender el colapso del drenaje en diferentes puntos de la ciudad y construir más obras hidráulicas.
«Las acusaciones de diputados locales del Partido Acción Nacional al Director General de la paraestatal, no tienen sustento y solo muestran el desconocimiento de un tema tan complejo como lo es el agua», cita el escrito.
«Además, buscan manipular la opinión pública y desviar la atención, para no aprobar un financiamiento que lleva tres años detenido, y que beneficiaría con más obras hídricas a millones de neoleoneses».
En el documento refiere que durante el actual gobierno, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey construyó ya grandes obras que por más de 30 años no se realizaron.
Tal es el caso del Acueducto Cuchillo II, la Presa Libertad, y la Modulación de Presiones, entre otras acciones que hicieron frente a las problemáticas heredadas que desencadenaron la peor crisis hídrica en Nuevo León.
«Agua y Drenaje es una institución responsable que lleva a cabo un Plan Maestro del Agua, presentado por el Gobernador del Estado en mayo de 2022 para garantizar el recurso hasta el año 2050», expone.
«En dicho plan se establece el camino para lograr la seguridad hídrica del Estado, la eficiencia en la distribución del agua, promoviendo una cultura del agua en los ciudadanos, mejorando la infraestructura y trabajando en proyectos innovadores como el reúso del agua y la economía circular».
Por otro lado, respecto al concepto de «Cobro Expediente», incluido en algunos recibos y que ha generado cobros excesivos, asegura que es un cargo que se realiza desde el 2001.
Además de revisar cada uno de los casos para cancelar los no conducentes y otorgar facilidades de pago al resto.
«El Cobro Expediente corresponde a órdenes de servicio solicitadas por los usuarios cuando tienen una problemática en la infraestructura que da servicio a su propiedad», señalaron.
«En mesas de atención que estableció AyD, se han revisado puntualmente los casos de los usuarios, y en donde ha habido un expediente incompleto se han cancelado», agregaron.
Finalmente refrenda el compromiso de la paraestatal de trabajar de manera incansable para garantizar que cada peso invertido en infraestructura y proyectos hidráulicos se traduzca en beneficios reales y tangibles.
