Por Efrén Vázquez Esquivel
¿De qué sirve que en la Constitución se reconozca el derecho a la movilidad como un derecho humano, si el Estado no garantiza, en lo más mínimo, la infraestructura necesaria para posibilitar a los gobernados el ejercicio de ese derecho? Los derechos humanos de papel no sirven, son repudiados.
Para garantizar el derecho humano a la movilidad urbana es fundamental contar con suficientes autobuses de modelo reciente y climatizados, y asegurar a los usuarios la puntualidad y frecuencia del servicio.
Además, es esencial asegurar la accesibilidad para personas con discapacidades, una eficiente interconexión del transporte, comodidad, buen servicio al cliente y tarifas accesibles.
No tenemos nada de eso. Lo que sí tenemos, y en abundancia, es demagogia, corrupción, voracidad y complicidades que en el pasado reciente hubo entre altos funcionarios públicos y líderes sindicales convertidos en empresarios del transporte público.
Después apareció un consorcio formado por 26 empresas de transporte público que, con la promesa de mejorar el transporte, se deslindaron de sus progenitores sindicalistas, sin que hasta la fecha hayan podido mejorar el servicio.
Al contrario, el nuevo sistema de pago por kilómetro recorrido ha originado que los operadores del transporte dejen a los usuarios con la mano tendida, en espera del siguiente autobús para ver si se detiene.
Sin embargo, la responsabilidad de cumplir con la promesa de hacer de la movilidad urbana un auténtico derecho humano no es de los empresarios del transporte, sino del Estado.
¿Qué hacer, entonces, para garantizar el derecho humano a la movilidad? Parece que la única opción es estatizar el servicio de transporte urbano. El único riesgo sería la corrupción; pero contra eso hay remedio, queriendo.
