Por Efrén Vázquez Esquivel
Teniendo en cuenta que ningún derecho humano se puede garantizar por el Estado si su ejercicio está sujeto a las leyes del mercado, sugerí ayer como solución a la crisis del transporte urbano la estatización de este servicio.
El transporte urbano es uno de los elementos esenciales del derecho humano a la movilidad. ¿Y cómo garantizar este derecho sin un servicio cien por ciento eficiente y con tarifas accesibles para todos, si el costo de ese servicio depende de las leyes del mercado? ¡Imposible!
La gente entiende claramente que la lógica del mercado prioriza la ganancia por encima de cualquier otra consideración, y cuanto mayor sea esa ganancia, mejor. Por lo tanto, bajo esta perspectiva orientada al lucro, el mejor empresario no es aquel que brinda un servicio eficiente, sino aquel que demuestra una mayor eficiencia económica, es decir, el que genera más riqueza.
Por el contrario, las empresas públicas, CFE, Pemex, por ejemplo, por ser del Estado, no tienen como objetivo prioritario generar ganancias, sino proporcionar a todos bienes y servicios esenciales a precios accesibles.
Una empresa pública bien gestionada también puede generar buenos beneficios para reinvertir en la mejora de bienes y servicios. Sin embargo, enfrenta la ideología del emprendimiento, que, basada en el supuesto de que “lo que es de todos no es de nadie”, sostiene que el desarrollo social y el crecimiento económico dependen de la acción individual y no de la acción colectiva, que erróneamente se asocia con posturas comunistas.
También enfrenta la mala fama de ser ineficiente, debido a la burocracia dorada, la corrupción y la impunidad. Por desgracia, mucho de lo que se dice es cierto. Estos fueron los argumentos de Salinas de Gortari para privatizar las empresas públicas, malbaratándolas a sus amigos.
Conclusión: coincido con el senador Waldo Fernández en revertir el tarifazo, pero es esencial garantizar un transporte urbano de calidad y accesible. La estatización del transporte es la única solución viable. Hay medios para mejorar la eficiencia de las empresas públicas y castigar a los corruptos, si se desea.