Como parte de los cambios naturales en el Partido Político Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, la dirigencia estatal habría se de renovarse en el mes de marzo próximo, por lo que se estima un «cónclave» para determinar los cambios.
Lo anterior lo dio a conocer el aun dirigente y diputado federal de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez Rivera, quien dijo que el cambio de coordinación se da cada tres años y este 2025 toca modificación en la marca política.
Dicho ello dijo estar listo para la renovación de su dirigencia, donde igual podría buscar la reelección, pero no se cierran a que haya mucho más participaciones para este cargo.
«Será en el mes de marzo cuando Movimiento Ciudadano elija a su nuevo coordinador… en el cargo estoy desde hace casi 3 tres años, y se realizará una convención nacional de Movimiento Ciudadano«.
«Esto sería por ahí del día 7 de febrero cuando salga la convocatoria en donde se darán a conocer las bases sobre quiénes se podrán inscribir».
Dicho lo anterior Sánchez Rivera agregó que hay muchos aspirantes de hombres y mujeres quienes pueden participar.
«El Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano en el cual están inscritos cerca de 100 personas son las que avalarán al nuevo coordinador».
Miguel Ángel Sánchez Rivera comentó que el trabajo al interior del partido sigue, pus tras las elecciones se concretaron muchas labores que buscan una fuerza integral al interior de MC.
En otro temas y ante fallos de la autoridad electoral local contra el Gobernador Samuel García Sepúlveda, a quien desea sancionarlo por cuestiones políticas, Miguel Ángel Sánchez Rivera lamentó que el Tribunal Estatal Electoral dictaminó estas sanciones.
Dijo que el gobernador Samuel García Sepúlveda no vulneró la equidad y la neutralidad de la contienda realizada hace ocho meses, sino que expresó su libe expresión.
Esto lo lo dijo luego de que el pasado jueves el Tribunal Estatal Electoral dictaminó sancionar al gobernador Samuel García Sepúlveda y este viernes fue notificado el Congreso del Estado en donde se le pide al Poder Legislativo que analice la amonestación al Ejecutivo Estatal.
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