Las demandas que interpuso el Gobierno de México en contra fabricantes y tiendas de armas en Estados Unidos avanzan, así lo dio a conocer el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha; informa Once Noticias.
“El Gobierno de México cuenta con los escenarios para cualquier tipo de resultado, ya sea en la Corte Suprema de Estados Unidos o ante la corte de Tucson, Arizona”, aseguró Arrocha en el Foro Internacional sobre Tráfico y Desvío de Armas en Latinoamérica organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Además, destacó que el equipo jurídico que representa a México está listo para participar en la audiencia que se realizará en la Corte Suprema de Estados Unidos, el 4 de marzo.
Litígios estratégicos
Asimismo, dijo que ambas demandas se tratan de litigios estratégicos, y que son punta de lanza de un proceso que puede permitir estrategias legales mucho más amplias a futuro.
Sobre el litigio que se sigue en la corte de Tucson, Arizona, en contra de cinco tiendas de armas, señaló que avanza favorablemente para México, con una nueva etapa para recabar evidencia.
“La jueza de distrito que conoce de este caso ya dio pie a una nueva etapa que, en Estados Unidos, se conoce como discovery que, básicamente, es la recolección de evidencia para ir al fondo del caso, y estamos ya en esta etapa de recolección”, comentó.
También explicó que, en el caso de la audiencia que se celebrará en la Corte, se han presentado nueve escritos de “amigos de la Corte”, que representan una diversidad de voces de la sociedad civil en México y Estados Unidos, estados y autoridades estadounidenses, que se suman a la posición y a los argumentos presentados por México, los cuales tendrán un impacto positivo en este esfuerzo.
El consultor jurídico detalló que, con las demandas presentadas por el Gobierno de México, se busca obtener mayores controles en la venta de armas en Estados Unidos que reduzcan o impidan el flujo de armas ilícitas a nuestro país, así como contribuir a un cambio de narrativa entre la población estadounidense.
Las dos demandas de México
Hay que recordar que el Gobierno mexicano presentó en agosto de 2021, una primera demanda ante una Corte Federal de Boston, Massachusetts. En ella, se acusa a fabricantes de armas como Century Arms, Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Ruger y Barrett por prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilícito de armas hacia México.
Esta demanda reclama 10 mil millones de dólares en daños, y fue inicialmente desestimada por un juez federal en 2022, pero un tribunal de apelación revocó el fallo en enero de 2024, lo que permitió su avance.
La segunda demanda fue presentada en Arizona en contra de las empresas armamentistas SnG Tactical, Ammo AZ, Diamondback Shooting Sports, Sprague’s Sports y The Hub. En esta demanda, las empresas habían solicitado la suspensión del litigio.
Su argumento fue que la primera demanda se encontraba en proceso de análisis por la Corte Suprema estadounidense, y que la decisión podría influir en su caso. Sin embargo, la jueza Rosemary Márquez rechazo dicha solicitud.
Estas demandas apuntan a la responsabilidad que tiene Estados Unidos en daños que ha causado en el territorio mexicano, dado que las empresas facilitan la compra de armamento al crimen organizado, lo que contribuye a la violencia e inseguridad.
El tránsito de armas fue reconocido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien confirmó que 74% de las armas que utilizan los cárteles mexicanos proviene ilegalmente de estados como Arizona, California, Nuevo México y Texas.
Este flujo de armamento ha fortalecido a los grupos criminales en México, mismos que fueron calificados como “terroristas” por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar del amparo de las armas estadounidenses.
EUA debe asumir su responsabilidad
Es así que México busca establecer un precedente legal que obligue a la industria armamentista estadounidense a asumir su responsabilidad por el tráfico ilícito de armas y sus consecuencias.
En ese contexto, el consultor jurídico de la SRE, Pablo Arrocha, dijo que hay una constante comunicación con el presidente de Global Action Against Gun Violence, Jonathan Lowy, y el abogado Steve Shadowen, representantes legales de México en estas dos demandas.
“Estos son los dos primeros casos ante fabricantes, distribuidores y puntos de venta, y permitirá abrir esa brecha para continuar, después, con una expansión hacia otros puntos de venta”, indicó.
El consultor jurídico dijo que, en tanto, el Gobierno de México continuará con su estrategia integral en el combate al tráfico ilícito de armas, explorando todas las vías legales a su alcance en los planos nacional, regional y global, para reducir el flujo armamentístico.
Imagen portada: Secretaría de Relaciones Exteriores / Once Noticias
