Una investigación publicada este lunes por El Universal reveló que en los últimos tres años, jueces han otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en el país. Estas decisiones incluyen sentencias absolutorias, libertades provisionales, anticipadas y cambios de medidas cautelares para personas procesadas por delitos graves como narcotráfico, tortura, secuestro y delitos contra la salud; informa SPR.
Muchos de estos delitos están sujetos a prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución, lo que hace que estas liberaciones sean aún más cuestionables. Entre los casos más destacados se encuentran:
– Inés Coronel Barrera, líder del Cártel de Sinaloa y suegro de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien obtuvo su libertad anticipada el 5 de abril de 2022 por orden del juez Fredy L. Portillo González.
– José Antonio Yepes, alias «El Marro», fundador del Cártel Santa Rosa de Lima, quien no fue vinculado a proceso tras su detención en 2020 por decisión de un juez penal en Guanajuato.
– Ángel Victoria Esquivel, presunto operador financiero de Guerreros Unidos, involucrado en el caso Ayotzinapa.
Además, un reportaje de Milenio reveló que el gobierno mexicano tiene en la mira a 16 jueces de distrito, acusados de retrasar el proceso de traslado a los Estados Unidos de Miguel Ángel Treviño Morales, alias «El Z40», y Omar Treviño Morales, alias «El Z42», fundadores del grupo delictivo Los Zetas. Estos líderes criminales fueron finalmente entregados a las autoridades estadounidenses el pasado 27 de febrero, tras un operativo de seguridad nacional.
Según documentos consultados por Milenio, desde agosto de 2023, las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina presentaron una queja administrativa contra los 16 jueces por no concluir la etapa de instrucción del procedimiento de traslado a los Estados Unidos en más de ocho años, cuando este proceso debería durar solo unos meses. Para el 15 de enero de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó la presunta responsabilidad administrativa de los jueces, y el caso se encuentra ahora en manos del pleno del CJF.
Imagen portada: SPR
